Nuevos derechos para empleadas de hogar: evaluaci¨®n de riesgos ¡®online¡¯ y reconocimiento m¨¦dico gratuito

Tras reunirse la pasada semana con responsables de colectivos y plataformas de empleadas dom¨¦sticas y del servicio de ayuda a domicilio para mejorar la normativa en materia de prevenci¨®n de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo ha terminado de perfilar el contenido del real decreto que llevar¨¢ al Consejo de Ministros de ma?ana martes para su aprobaci¨®n. El texto final del documento, al que ha tenido acceso EL ...

Tras reunirse la pasada semana con responsables de colectivos y plataformas de empleadas dom¨¦sticas y del servicio de ayuda a domicilio para mejorar la normativa en materia de prevenci¨®n de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo ha terminado de perfilar el contenido del real decreto que llevar¨¢ al Consejo de Ministros de ma?ana martes para su aprobaci¨®n. El texto final del documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, recoge la obligatoriedad para los empleadores de llevar a cabo una evaluaci¨®n de riesgos de los domicilios en los que estas trabajadoras se desempe?en ¡ªcomo adelant¨® este peri¨®dico en marzo¡ª, para lo que utilizar¨¢n una herramienta dise?ada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Adem¨¢s, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecer¨¢ a estas empleadas la posibilidad de realizar reconocimientos m¨¦dicos voluntarios de forma gratuita y deber¨¢ facilitarles material de seguridad cuando sea necesario.

Dotar de seguridad y aumentar los derechos a las empleadas dom¨¦sticas ¡ªse trata de un gremio copado en un 90% por mujeres, la mayor¨ªa de ellas inmigrantes¡ª ha sido uno de los objetivos del departamento que dirige Yolanda D¨ªaz y de SUMAR durante los ¨²ltimos a?os. La adecuaci¨®n de sus condiciones laborales a las que se contemplan en el resto de reg¨ªmenes era el siguiente paso en una equiparaci¨®n que ech¨® a andar hace dos a?os, con el reconocimiento de la legitimidad de estas trabajadoras a cobrar el subsidio por desempleo, una circunstancia que no permit¨ªa hasta ese momento la legislaci¨®n laboral. ¡°Con este real decreto se cierra el c¨ªrculo de agravios y se ofrece a estas mujeres, por fin, un estatus de normalidad que cuenta con el soporte p¨²blico¡±, reconoce una fuente ministerial.

El texto elaborado por Trabajo se fundamenta en siete variaciones principales, que en esencia aumentan las responsabilidades de los empleadores, a quienes conmina a llevar a cabo unas tareas preventivas que permitan a las trabajadoras del hogar realizar su tarea en condiciones seguras. De ah¨ª que la primera obligaci¨®n para ellos sea la de evaluar previamente los riesgos potenciales de los lugares en los que estas mujeres van a desempe?arse. Para lo cual, el INSST ¡ªel ¨®rgano cient¨ªfico-t¨¦cnico especializado en prevenci¨®n de riesgos laborales de la Administraci¨®n General del Estado¡ª deber¨¢ dise?ar un instrumento que permita valorar correctamente los distintos espacios, adem¨¢s de ¡°una gu¨ªa t¨¦cnica para la prevenci¨®n de los riesgos laborales en el trabajo dom¨¦stico¡±, y un protocolo ¡°frente a la violencia y el acoso en el empleo dom¨¦stico¡±.

¡°Esta herramienta no va a suponer ninguna dificultad a las personas que tengan empleados en sus casas, que sabemos que son fundamentalmente particulares¡±, se?ala esta misma fuente. En el texto, sin embargo, no se establecen los plazos para la implementaci¨®n de este programa. Una vez realizada la evaluaci¨®n preventiva, los empleadores entregar¨¢n a sus subordinados ¡°equipos de protecci¨®n individual y equipos de trabajo adecuados¡±, y deber¨¢n paralizar la actividad ¡°en caso de riesgo grave e inminente¡±.

El soporte p¨²blico al que hace referencia Trabajo para con este colectivo de trabajadoras ¡ªque en agosto registr¨® 360.077 afiliadas medias a la Seguridad Social¡ª, se amplifica con el ofrecimiento por parte del SNS de que quien lo desee pueda ser objeto de una revisi¨®n m¨¦dica sin ning¨²n coste, o de recibir una formaci¨®n financiada por el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) y desarrollada por la Fundaci¨®n Estatal para la Formaci¨®n en el Empleo (FSP). De acuerdo con el documento, este sost¨¦n estatal ¡°no supondr¨¢ el incremento del gasto p¨²blico¡± y se har¨¢ ¡°sin aumento de coste de funcionamiento de los respectivos ¨®rganos directivos¡±.

Para fomentar la regularizaci¨®n de un gremio tradicionalmente encajado fuera de la legalidad, Trabajo mantendr¨¢ las ayudas en la contrataci¨®n para los empleadores, que pueden llegar a ser de hasta el 45%. Al mismo tiempo, tambi¨¦n contempla que el recargo de las prestaciones econ¨®micas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional por falta de medidas de prevenci¨®n de riesgos laborales ¡°no ser¨¢ de aplicaci¨®n a las personas empleadas de hogar¡±.

Reticencias sindicales

Cuando a comienzos de a?o Trabajo traslad¨® a los sindicatos los primeros trazos del real decreto, en los que ya contemplaba la obligatoriedad de llevar a cabo una evaluaci¨®n de riesgos en los domicilios, estos mostraron su disconformidad con la idea de que sea un particular quien deba autoevaluar su hogar con una herramienta online y que no se contemple alguna v¨ªa para que Inspecci¨®n acceda a estos espacios privados. A pesar de que el art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n Espa?ola protege la inviolabilidad del domicilio, las centrales reclamaban alguna cortapisa que permitiera a los inspectores vigilar este procedimiento. Sin embargo, en la propuesta de este martes no se recoge esta reclamaci¨®n. Seg¨²n se?alan desde Trabajo, tras las ¨²ltimas comunicaciones, los sindicatos terminaron por apoyar el planteamiento final del Ministerio.

El de las empleadas del hogar resulta un colectivo ampliamente feminizado, y que por esa condici¨®n distintiva de g¨¦nero ven¨ªa denunciando un trato desigual con respecto al del resto de los trabajadores. Una acusaci¨®n que secund¨® el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) en una sentencia de febrero, donde conclu¨ªa que el sistema espa?ol resultaba discriminatorio (y contrario al derecho comunitario) por negar a estas mujeres su derecho a cotizar por la prestaci¨®n de desempleo, y, por tanto, a cobrar el paro una vez concluyera su relaci¨®n laboral.

Este aldabonazo judicial llev¨® al Gobierno, y particularmente a Trabajo, a relanzar un proceso para incorporar este derecho en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que tom¨® cuerpo con la ratificaci¨®n del Ejecutivo en el mes de junio del Convenio 189 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), y que ahora pretender aumentar con el refuerzo de escudo de garant¨ªas en el centro de trabajo.

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