Choque de legitimidad: los sindicatos reclaman respeto a sus acuerdos y parte del legislativo se revuelve
El rechazo de los nacionalistas de izquierdas y el PP a la reforma de pensiones, pactada por Gobierno, sindicatos y patronales, trasluce un debate de fondo, de soberan¨ªa en pol¨ªticas laborales y de estrategia pol¨ªtica y sindical
El equilibrio de mayor¨ªas en el Congreso hace sufrir al Gobierno en muchas votaciones parlamentarias, y a encajar m¨¢s de una derrota. Ese es el destino que ahora se cierne sobre la ¨²ltima parte de la reforma de pensiones s...
El equilibrio de mayor¨ªas en el Congreso hace sufrir al Gobierno en muchas votaciones parlamentarias, y a encajar m¨¢s de una derrota. Ese es el destino que ahora se cierne sobre la ¨²ltima parte de la reforma de pensiones si no cambian las posiciones anunciadas por los socios nacionalistas de izquierdas y tambi¨¦n por el PP. Los primeros han protagonizado esta semana un choque con los sindicatos que refrendan el acuerdo. Lo dej¨® patente ya el lunes el diputado de ERC Jordi Salvador: ¡°Vemos la intenci¨®n de hurtar al legislativo el derecho de discutir. ?No podemos opinar del modelo laboral y de pensiones?¡±, asegur¨®. Y en t¨¦rminos parecidos se expresaron representantes de Bildu o del BNG, cuyo diputado N¨¦stor Rego critic¨® que ¡°se sacralice lo que se acuerde en el di¨¢logo social¡±. El debate que plantean va m¨¢s all¨¢ de las pensiones. Es m¨¢s profundo: ?deben los grupos pol¨ªticos aceptar sin m¨¢s los acuerdos que alcanzan sindicatos y patronales? ?cu¨¢nto margen hay para modificar esos acuerdos en el debate legislativo?
Los argumentos de la izquierda nacionalista encontraron respuesta en los jefes sindicales esta semana. ¡°Cuidado con descartar la importancia de lo que hemos presentado hoy¡±, dijo Unai Sordo, el secretario general de CC OO, tras escenificar el acuerdo de prensiones con el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez. Pepe ?lvarez, su hom¨®logo en UGT, entr¨® al fondo del asunto: ¡°Espa?a no puede ser reh¨¦n de las diferencias pol¨ªticas que hay en nuestro pa¨ªs. El Parlamento no puede secuestrar derechos de los trabajadores, que normas que han sido pactadas por los agentes sociales no vean la luz¡±.
Toni Ferrer ha estado en las dos orillas de este debate. Fue secretario de acci¨®n sindical de UGT de 1995 a 2016 y senador por el PSOE de 2019 a 2023. ¡°Este es un problema antiguo, que ha sucedido m¨¢s veces¡±, recuerda, antes de se?alar que ¡°aqu¨ª aparecen dos poderes, que precisamente van seguidos en la Constituci¨®n¡±. Se refiere al art¨ªculo 6 (¡±los partidos pol¨ªticos expresan el pluralismo pol¨ªtico, concurren a la formaci¨®n y manifestaci¨®n de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participaci¨®n pol¨ªtica¡±) y al art¨ªculo 7 (¡±los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoci¨®n de los intereses econ¨®micos y sociales que les son propios¡±). Cree que son ¡°dos legitimidades distintas, que no contrapuestas¡±.
Es una opini¨®n similar a la de Joan Coscubiela, abogado y profesor del Derecho del Trabajo, secretario general de CC OO en Catalu?a de 1995 a 2008 y diputado de Iniciativa per Catalunya en el Congreso y el Parlament de 2011 a 2017. Considera que ¡°desde una perspectiva estrictamente jur¨ªdica no hay duda de que la ¨²ltima palabra la tienen las Cortes¡±. Pero, a la vez, matiza: ¡°Hay que tener en cuenta cu¨¢ndo algo llega al Parlamento como fruto de la concertaci¨®n social, en base a la legitimidad del art¨ªculo 7. No es razonable que, en una ¨¦poca en que cuesta tanto llegar a acuerdos, se rechacen de forma global. Se debe poner en valor el pacto de quienes mejor conocen el sistema y que son los financiadores principales (trabajadores y empresarios, que abonan las cuotas a la Seguridad Social). ?Significa esto que no se pueda tocar nada? Eso ser¨ªa negar el papel del Congreso y el Senado, un error. Para eso est¨¢n las enmiendas¡±.
¡°Existe un concepto de la pol¨ªtica muy limitado a lo parlamentario, muy aristocr¨¢tico. La concertaci¨®n social es un expresi¨®n del Estado social y de derecho, profundiza en la calidad democr¨¢tica del pa¨ªs¡±, agrega Coscubiela. A la vez, cree que la pol¨ªtica ¡°debe hacer el esfuerzo de hacer compatibles las dos legitimidades, la del di¨¢logo social y la legislativa¡±. En ese rol, por su experiencia en m¨²ltiples negociaciones, Ferrer subraya el papel del Ejecutivo: ¡°El Gobierno tiene que hacer un trabajo de comunicaci¨®n con lo grupos, decirles de qu¨¦ se est¨¢ hablando y por d¨®nde ir¨¢ el acuerdo, para no pactar algo que luego no vaya a salir¡±. Justo de esto se quejan habitualmente los partidos nacionalistas, que dicen enterarse de las novedades por la prensa.
Fuentes de CC OO insisten en la l¨ªnea que plantea Ferrer: ¡°Tenemos mucha experiencia en negociar y sabemos que se debe avanzar en dos carriles, que se hable con nosotros y las patronales y esto se acompa?e de un espacio de contraste permanente con los grupos pol¨ªticos. El Gobierno debe manejar esas claves. Nosotros podemos tratar de convencer a los grupos y acompa?ar, pero no podemos hacerle el trabajo [al Gobierno]. No queremos que nos usen como un ariete contra nadie¡±. A la vez, expresan su ¡°preocupaci¨®n¡± por ¡°un proceso de tacticismo permanente, que se usen votaciones de calado para cuestiones ajenas, como lo que ha hecho Junts con los alquileres¡±. Es decir, ¡°es normal que jueguen su papel como expresi¨®n de la ciudadan¨ªa, pero que sean rigurosos al tumbar acuerdos muy trabajados, con muchos equilibrios¡±.
Fernando Luj¨¢n, ahora en el rol que Ferrer ocup¨® durante a?os en UGT y principal negociador del sindicato, cree que Espa?a ¡°deber¨ªa avanzar hacia una ley de negociaci¨®n colectiva que proteja el resultado del di¨¢logo social, que ser¨ªa los m¨¢s consecuente y coherente con la posici¨®n que la Constituci¨®n reconoce a los interlocutores sociales¡±. A?ade que ese paso acompasar¨ªa la normativa espa?ola con la europea, ¡°en la cual es m¨¢s sencillo que los pactos de organizaciones sindicales y patronales pasen directamente a directivas¡±.
Los jefes sindicales tambi¨¦n reclaman a los grupos pol¨ªticos que se posicionen respecto a la reducci¨®n de jornada, para saber si la medida podr¨¢ prosperar en el Congreso. La clave est¨¢ en Junts, que no desvela su posici¨®n y que, seg¨²n adelant¨® El Mundo, se reuni¨® con CEOE esta semana. La patronal pidi¨® al grupo catal¨¢n que rechace la medida.
Enmienda al di¨¢logo social
Ferrer cree que, m¨¢s all¨¢ del contenido, el rechazo de BNG y Bildu a la reforma de pensiones tiene ¡°razones obvias¡±. ¡°No est¨¢n a favor porque su espacio de intervenci¨®n sindical no coincide con el de los firmantes del acuerdo; esto no aplica a ERC (Salvador fue secretario general de UGT en Tarragona), pero para BNG y Bildu es clar¨ªsimo¡±, desarrolla en alusi¨®n a la afinidad de esos partidos con otros sindicatos de corte nacionalista. Tambi¨¦n se?ala al PP: ¡°Cuando han gobernado han ignorado el di¨¢logo social. Y ahora, en la oposici¨®n, ser¨ªa esperable que si CEOE firma un acuerdo lo suscribiesen, pero est¨¢n en el no permanente¡±.
Mon Fern¨¢ndez, diputado del BNG en el Parlamento de Galicia y ex dirigente de la Confederaci¨®n Intersindical Galega (CIG), dice ¡°desconfiar much¨ªsimo de la mesa de di¨¢logo social¡±. Cataloga como ¡°un mantra ideol¨®gico¡± el hecho en s¨ª, ¡°pensando que empresarios y sindicatos sentados en la mesa y cogidos de la mano vamos a llegar a acuerdos porque s¨ª, como si no existiese la conflictividad¡±. Asegura que no acuden a estas mesas porque no se les invita y, a la vez, porque su estrategia es otra, de ¡°mayor confrontaci¨®n¡±. ¡°Somos un hueso m¨¢s duro de roer¡±, destaca. Cree que lo que se debate en esas mesas se deber¨ªa comentar en el Consejo Econ¨®mico y Social, donde s¨ª est¨¢n representados. Con todo, cree que es un organismo consultivo ¡°con la funci¨®n de asesorar¡± y opina que ¡°la soberan¨ªa popular reside en los parlamentos; hay que ser muy exquisitos con esto¡±. El 31% de los delegados sindicales gallegos son de CIG, seguidos del 26% de UGT y el 25% de CC OO.
¡°Es evidente que la apuesta de CC OO y UGT en su sindicalismo, de concertaci¨®n y acuerdo, es diferente a la que representan ELA y LAB en Euskal Herria, que es m¨¢s de confrontaci¨®n¡±, opina Sabino Cuadra, militante de Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB, Comisiones de Obreros Abertzale) y diputado de Amaiur de 2011 a 2015 en el Congreso. ¡°Si el el Gobierno llega a unos acuerdos sabiendo de antemano que chocan con los programas de otros partidos es irresponsable¡±. Los sindicatos nacionalistas suman m¨¢s del 60% de los delegados en Euskadi.
En CC OO discuten estos planteamientos: ¡°Los grupos parlamentarios tienen derecho a jugar su papel. Otra cosa es que acusen al di¨¢logo social de adolecer de representatividad, cuando es la que es. No se excluye a nadie. Los [sindicatos] nacionalistas renuncian al marco del di¨¢logo social, lo demonizan, lo descalifican cada dos por tres¡±. Catalogan estas cr¨ªticas como ¡°una frivolidad¡±.
En conjunto, CC OO y UGT son con much¨ªsima diferencia los sindicatos m¨¢s importantes de Espa?a. Seg¨²n un informe elaborado por la central que dirige Sordo, CC OO cuenta con 104.000 delegados en Espa?a, el 35% del total, seguido muy de cerca por UGT, con el 32% y 95.000. Estos sindicatos, que adem¨¢s suman dos millones de afiliados, concentran el 65% de los delegados sindicales. Despu¨¦s, muy por detr¨¢s, est¨¢n USO (4%), CSIF (3,7%) o ELA (3,1%), entre otros.