El Constitucional avala con condiciones la ley catalana de vivienda recurrida por Vox

El Constitucional ha dictado una sentencia que avala en su mayor parte la ley catalana de Vivienda, pero con condiciones, mediante la interpretaci¨®n restrictiva de alguno de sus preceptos, para salvar una posible inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la propiedad. El fallo asume parcialmente un recurso de Vox y se mueve en la misma l¨ªnea que otro anterior, dictado el pasado octubre, en relaci¨®n con la impugnaci¨®n que sobre esta normativa present¨® el PP. La resoluci¨®n defiende en este sentido la preeminencia de la legislaci¨®n estatal en determinados supuestos, como los de expropiaci¨®n forzosa.

Vox hab¨ªa impugnado, por ejemplo, el art¨ªculo que preve¨ªa casos de incumplimiento de la obligaci¨®n de destinar una vivienda a la funci¨®n de residencia de personas. La ley establec¨ªa que ello dar¨ªa pie a que se pudiera incoar un procedimiento de expropiaci¨®n forzosa. Y se a?ad¨ªa que en tales casos el valor de la propiedad se reducir¨ªa en un 50%. El tribunal ha entendido que dicha disposici¨®n invade la competencia estatal sobre legislaci¨®n de la expropiaci¨®n forzosa, establecida en el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n, en virtud de la cual es al Estado a quien corresponde establecer los criterios que determinan el justiprecio, ¡°para asegurar que los bienes y derechos expropiados sean evaluados de la misma manera en todo el territorio nacional¡±.

La sentencia, por tanto, declara inconstitucional y nulo el siguiente inciso del art¨ªculo 15.4 de la ley catalana que fijaba que ¡°de conformidad con el art¨ªculo 49.3 del texto refundido de la Ley del Suelo y de rehabilitaci¨®n urbana, el contenido del derecho de propiedad se reduce en un 50% de su valor, cuya diferencia corresponde a la Administraci¨®n expropiante¡±. En cambio, el tribunal salva otro art¨ªculo recurrido por Vox, el 6.2, que sanciona como infracci¨®n grave la conducta consistente en ¡°incumplir, en la formulaci¨®n de la propuesta obligatoria de alquiler social, los requisitos legales vigentes en el momento que corresponda formalizarla¡±.

La importancia de este precepto deriva de que la propia ley establece que es obligatorio formular dicha propuesta de alquiler social antes de interponer una demanda de ejecuci¨®n hipotecaria o de desahucio por impago de la renta si el procedimiento afecta a personas o familias que ¡°no tengan una alternativa propia de vivienda y que est¨¦n dentro de los par¨¢metros de riesgo de exclusi¨®n residencial¡±. El ¨®rgano de garant¨ªas recuerda al respecto que ya en su sentencia anterior, del pasado octubre, subray¨® que ¡°el establecimiento de las condiciones de acceso al proceso judicial corresponde en exclusiva al Estado en virtud de la competencia sobre legislaci¨®n procesal¡±. Por tanto, para evitar una declaraci¨®n de inconstitucionalidad del art¨ªculo analizado, declara que la infracci¨®n tipificada en la ley catalana ¡°no es inconstitucional si se interpreta en el sentido de que solo resulta sancionable dicho incumplimiento en los casos en los que la propuesta obligatoria de alquiler social no constituya una condici¨®n de acceso al proceso judicial¡±.

La ley catalana califica por otra parte como incumplimientos de la funci¨®n social de la propiedad mantener una vivienda o un edificio de viviendas desocupados de forma permanente e injustificada durante m¨¢s de dos a?os; no destinar las viviendas de protecci¨®n oficial a la residencia habitual y permanente de las personas; y la desocupaci¨®n permanente e injustificada de una vivienda o edificio de viviendas, que se califica como ¡°utilizaci¨®n an¨®mala¡±. Ante estos incumplimientos de la mencionada funci¨®n social, dicha la ley dispone unos mecanismos de intervenci¨®n administrativa que comprenden, seg¨²n los casos, desde un mero requerimiento o una declaraci¨®n del incumplimiento de la funci¨®n social de la propiedad, hasta la imposici¨®n de multas coercitivas, sanciones administrativas o, incluso, en algunos supuestos, la expropiaci¨®n de las viviendas o la cesi¨®n temporal de su uso.

Ante ello, la sentencia desestima que los incumplimientos de la funci¨®n social previstos en la ley catalana vulneren el contenido esencial del derecho a la propiedad privada. El tribunal toma en este sentido en consideraci¨®n que se trata de medidas orientadas a combatir el problema social de la exclusi¨®n residencial y a evitar el fen¨®meno de las viviendas desocupadas. El Constitucional concluye, por tanto, que en este cap¨ªtulo los preceptos recurridos persiguen una finalidad constitucionalmente leg¨ªtima, conectada directamente con el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada reconocido en el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n. El tribunal a?ade que estas previsiones ¡°no despojan al propietario de su utilidad individual o econ¨®mica ni hacen irreconocible el derecho de propiedad sobre la vivienda¡±.