Catalu?a, laboratorio de legislaci¨®n en vivienda

Catalu?a ha sido (y sigue siendo, porque es la ¨²nica comunidad que ha aplicado la regulaci¨®n de precios del alquiler) un laboratorio de legislaci¨®n en vivienda. En 2007 el segundo Govern tripartito de izquierdas (PSC, ERC e ICV), con Jos¨¦ Montilla de president, aprob¨® la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que suscit¨® un encendido debate social durante meses y se adelant¨® 16 a?os a la que en 2023 alumbr¨® el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. La ley catalana no se ha desplegado en su totalidad y adem¨¢s fue recortada en parte en 2011 por el Gobierno del president Artur Mas (Converg¨¨ncia i Uni¨®). Pero la norma ha resultado pionera y ha inspirado pol¨ªticas recientes.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, por ejemplo, se vali¨® de la ley de 2007 para multar a bancos que ten¨ªan pisos vac¨ªos, para expropiar su uso en algunos casos o para imponer a los promotores que destinaran un 30% de los inmuebles que construyan a vivienda p¨²blica. Tambi¨¦n bebe de esa norma la f¨®rmula por la que las Administraciones catalanas tienen derecho de compra preferente (tanteo y retracto) de edificios enteros o pisos procedentes de desahucios para convertirlos en alquileres p¨²blicos. Y figuraban en ese texto los registros de solicitantes de vivienda p¨²blica, la profesionalizaci¨®n de los agentes inmobiliarios, las ¨¢reas de conservaci¨®n urbana para rehabilitar o la inspecci¨®n t¨¦cnica de los edificios.

La experiencia de la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 no ha sido el ¨²nico ejemplo de c¨®mo Catalu?a va por delante. En 2015, con el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por entidades vecinales o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Parlament aprob¨®, por unanimidad, la ley 24/2015 ¡°de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ¨¢mbito de la vivienda y la pobreza energ¨¦tica¡±. Una ley conocida como ¡°antidesahucios¡±, bajo el Govern de Mas, que ha sido recurrida sucesivamente ante el Tribunal Constitucional (TC), tumbada en parte y repescada por leyes posteriores del Parlament. En una de las actualizaciones, adem¨¢s, permit¨ªa quedarse en pisos de bancos a familias vulnerables aunque los ocuparan ilegalmente. Justo esta semana ha vuelto a ser tumbada por el TC en su esencia: que en casos de desahucio los bancos y fondos de inversi¨®n est¨¦n obligados a permitir quedarse en las viviendas a las familias vulnerables pagando un alquiler a precio social, o que no se corten los suministros a quienes no los pueden pagar. El grupo promotor de la ILP ha puesto el grito en el cielo ante la derogaci¨®n de una norma que, se?alaron el mi¨¦rcoles, ¡°ha permitido frenar miles de desahucios¡±. Tambi¨¦n en 2015 el Parlament sac¨® adelante la ley del impuesto a los pisos vac¨ªos, que recauda entre 10 y 15 millones de euros al a?o.

M¨¢s recientemente, Catalu?a se adelant¨® de nuevo y en 2020 aprob¨® la ley de medidas urgentes en materia de contenci¨®n de las rentas del alquiler. Imped¨ªa subidas de precio y, en algunos casos, obligaba incluso a bajarlos, pero fue tumbada por el TC en 2022 a ra¨ªz de un recurso del Gobierno. Estuvo vigente 18 meses y su efecto es complejo de medir, porque coincidi¨® con la salida de la pandemia y los vaivenes econ¨®micos del momento.

Y en medio, las entidades y movimientos por el derecho a la vivienda de Catalu?a han presionado para conseguir cambios legislativos. Entre sus ¡°conquistas¡±, recuerda la actual portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carme Arcarazo, figura la petici¨®n en 2019 de alargar la vigencia de los contratos de alquiler de tres a?os, tal y como hab¨ªa rebajado el Gobierno del PP en 2013, a cinco a?os (si el casero es un particular) y siete (si es una empresa). Arcarazo tambi¨¦n hace referencia a la reserva del 30% para vivienda protegida en los nuevos edificios que se hagan en el suelo urbano consolidado de Barcelona, o la influencia de las entidades en los decretos del Gobierno de moratoria y rebaja de los alquileres en pandemia y, despu¨¦s, los que buscaron paliar la inflaci¨®n desbocada. Entre los activistas y el sector inmobiliario se suele bromear con que en muchas mesas de di¨¢logo o negociaci¨®n de normativas en Madrid, la mitad de los asistentes son catalanes, incluidas ministras como recientemente Raquel S¨¢nchez o anteriormente Carme Chac¨®n. Fue con S¨¢nchez cuando se intensific¨® la presi¨®n (a favor y en contra) desde Catalu?a para que la Ley de Vivienda de 2023 incluyera la regulaci¨®n de los alquileres, que los honorarios deben pagarlos los caseros o los alquileres de temporada (que al final se quedaron fuera).

La abogada administrativa Dolors Clavell fue diputada por ICV y relatora de la ley de 2007. ¡°La idea era hacer pol¨ªticas de vivienda del siglo XXI, con una mirada integral, sobre una cuesti¨®n que consider¨¢bamos que la democracia hab¨ªa abandonado, porque el pa¨ªs iba tirando, no hacer pol¨ªticas de vivienda no generaba ning¨²n trauma y no hab¨ªa la presi¨®n inmobiliaria que vino despu¨¦s¡±, recuerda. De ah¨ª el nombre: Ley del Derecho a la Vivienda. Junto a Clavell, el reducido equipo que redact¨® la ley estaba integrado por otros tres expertos: Carme Trilla, Ricard Fern¨¢ndez y Salvador Mil¨¤. ¡°Nos estudiamos toda la regulaci¨®n comparada europea para identificar qu¨¦ hab¨ªa que dejar atr¨¢s, cambiar y hacer¡±, recuerda. Y se?ala que una de las obsesiones del texto era que permitiera crear ¡°un parque de vivienda p¨²blica permanente, estable, para no estar a expensas del mercado¡±, que no se desclasificara. Esa fue una de las cuestiones que tumb¨® el Gobierno de Mas.

Otra cuesti¨®n pionera era el reconocimiento de la ¡°funci¨®n social de la vivienda¡±, sus ¡°usos an¨®malos¡±: infravivienda, sobreocupaci¨®n o pisos vac¨ªos. Sobre estos ¨²ltimos contemplaba multas e incluso la expropiaci¨®n de su uso, lo que levant¨® una enorme polvareda. ¡°Lo primero que hizo Mas fue derogar todas las cuestiones que no gustaban a los promotores¡±, lamenta Clavell. ¡°Quisimos ser valientes y las ideas siguen vigentes, no inventamos nada¡±, reivindica, pero tambi¨¦n hace autocr¨ªtica: ¡°Con la expropiaci¨®n contribuimos a crear una mancha en la ley y que no se hablara de su esp¨ªritu integral y estructural¡±.

La actual consejera de Territorio, Vivienda y Transici¨®n Ecol¨®gica, S¨ªlvia Paneque, pone en valor que ¡°en Catalu?a, en materia de vivienda, se ha trabajado hist¨®ricamente intentando buscar consensos¡±, al tiempo que admite que ¡°ha faltado ampliar el parque de pisos p¨²blicos¡±. La consejera recuerda el plan anunciado esta semana por el Govern de Salvador Illa de invertir 4.400 millones de euros en los pr¨®ximos cuatro a?os para afrontar la emergencia habitacional y crear 50.000 pisos de protecci¨®n oficial hasta 2030, un ritmo in¨¦dito. A m¨¢s corto plazo, el Ejecutivo catal¨¢n conf¨ªa en que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez regule los alquileres de temporada, que en Catalu?a son la f¨®rmula a la que recurren los caseros para esquivar el tope de precios. Paneque explica que mantienen conversaciones con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodr¨ªguez, con el objetivo de que este mercado quede regulado a finales de a?o o comienzos de 2025. ¡°Si se alarga, buscaremos una f¨®rmula jur¨ªdica para hacerlo desde Catalu?a, pero tenemos dudas en cuestiones competenciales, porque supondr¨ªa modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos¡±, expone. Esta raz¨®n fue la que llev¨® al PSC a no votar el decreto del anterior Govern de ERC que buscaba regularlos: fue en v¨ªsperas de las elecciones y consideraron que no estaba bien trabado jur¨ªdicamente.