Menos bulos, ¡®influencers¡¯: la nueva ley de rectificaci¨®n les pondr¨¢ al mismo nivel que los medios de comunicaci¨®n

Si se echa la mirada cuatro d¨¦cadas atr¨¢s, ?cu¨¢nto han cambiado los medios de comunicaci¨®n? Para muchos, es otro mundo. Estamos en la era de las plataformas digitales, la inmediatez, las redes sociales, la viralidad y la desintermediaci¨®n: cualquier persona, incluidas autoridades o cargos p¨²blicos, puede publicar contenido veraz, pero tambi¨¦n manipulado o directamente enga?oso con una difusi¨®n potencial de alcance inimaginable y con las consecuencias que supone diseminar una mentira. Los medios tradicionales ya no ostentan el monopolio informativo y cada vez m¨¢s personas conocen la actualidad en plataformas online. De ah¨ª la necesidad de actualizar un mecanismo de protecci¨®n fundamental: la rectificaci¨®n.

De acuerdo con la Ley org¨¢nica 2/1984 que la regula, es un derecho que ampara a cualquier persona, que puede solicitar la correcci¨®n de una noticia cuando d¨¦ cuenta de hechos inexactos o falsos que le puedan causar un perjuicio. Eso s¨ª, solo si se han difundido ¡°por cualquier medio de comunicaci¨®n social¡±. Esta redacci¨®n, de hace 40 a?os, hoy se queda corta frente a la posibilidad de difundir informaciones err¨®neas entre miles de millones de usuarios en todo el mundo a trav¨¦s de Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter), TikTok, WhatsApp o Telegram. La ley, se?alan los juristas consultados, se tendr¨ªa que haber actualizado mucho antes para adaptarla al alcance de las comunicaciones digitales y al impacto de los usuarios relevantes e influencers.

Aunque el Gobierno a¨²n no ha dado a conocer el texto del anteproyecto que reforma el derecho de rectificaci¨®n, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, F¨¦lix Bola?os, adelant¨® que pondr¨¢ el foco en estos usuarios de especial trascendencia por el alcance que tienen sus publicaciones. Seg¨²n explic¨®, se definir¨¢n con un criterio cuantitativo: son aquellos que tienen m¨¢s de 100.000 seguidores en una sola red social o m¨¢s de 200.000 en varias de ellas. ¡°Este cambio es novedoso y apunta en una direcci¨®n correcta. Los usuarios relevantes son una especie de competencia del cuarto poder de los medios: ejercen una influencia significativa sobre la opini¨®n p¨²blica, disfrutan de libertad de expresi¨®n y de libertad de empresa y pod¨ªan desarrollar casi la misma actividad, pero sin tener que soportar la regulaci¨®n¡±, reflexiona el abogado Santiago Mediano. El nuevo texto legal los elevar¨¢ a la categor¨ªa de medios y les obligar¨¢ a dar cumplimiento al derecho de rectificaci¨®n. ¡°Si tienes a alguien como Alvise P¨¦rez, con tantos seguidores en Telegram, y difunde informaciones equivocadas, las consecuencias son importantes¡±, aclara el especialista en propiedad intelectual y tecnolog¨ªa.

Con la actual ley en vigor, si alguien considera que una informaci¨®n es inexacta y le perjudica, debe enviar una carta a la direcci¨®n del medio en un plazo de siete d¨ªas solicitando que la rectifique. El director es el responsable de lo que se publica, una jerarqu¨ªa que se ha mantenido en la prensa nativa digital. Si se niega, el afectado puede iniciar una acci¨®n judicial y el juez, tras escuchar a las partes, decidir¨¢. Pero en el ¨¢mbito de las redes no hay un director: son las personas o las empresas quienes pueden publicar contenido falso sin que la red utilizada se considere responsable de estas acciones.

Casos grises

En principio, se potenciar¨¢n los mecanismos prejudiciales y los afectados tendr¨¢n unos d¨ªas m¨¢s para actuar (diez frente a los siete actuales). Sin embargo, puede ser un obst¨¢culo. ¡°A la velocidad que se mueve la informaci¨®n, si la noticia est¨¢ publicada tantos d¨ªas, el impacto negativo est¨¢ hecho¡±, se?ala Joaqu¨ªn Mu?oz, socio de Bird & Bird. El experto advierte de la posibilidad de que se pida rectificar para suprimir informaciones inc¨®modas para las esferas de poder. ¡°Algunos casos son claros, pero habr¨¢ muchos en un ¨¢mbito gris. El reto es que los juzgados tengan recursos para responder eficazmente porque se judicializa la veracidad de la noticia. En aras de la eficiencia, la ley deber¨ªa especificar qui¨¦n debe aportar las pruebas de que el contenido es verdadero o falso¡±, concluye.

Otra duda tiene que ver con c¨®mo se contacta con al usuario relevante para ejercer este derecho. ¡°Parece l¨®gico que se obligue a las plataformas a facilitar un medio para que se canalicen las solicitudes. Si el usuario tiene que implementar un buz¨®n de correo, puede haber saturaciones y peticiones que se pierdan¡±, alerta Juan Carlos Guerrero, abogado de Ecija. ¡°Si la obligaci¨®n es ¨²nicamente del influencer, ¨¦l tendr¨ªa que articular la v¨ªa de contacto, incluyendo esa informaci¨®n en el perfil¡±, opina Joaqu¨ªn Mu?oz. Cuando proceda rectificar, el usuario relevante tendr¨¢ que cumplir con unos requisitos: modificar el contenido, publicar un aviso dando cuenta de la rectificaci¨®n e incluir un enlace al contenido cuestionado.

Tambi¨¦n hay novedades sobre la rectificaci¨®n de informaciones que involucren a personas fallecidas, ya que se modifica qui¨¦n puede solicitarlo. La ley vigente se?ala que ser¨¢n los herederos, pero seg¨²n adelant¨® el ministro, lo podr¨¢n pedir familiares y personas cercanas. ¡°Si fallece alguien con proyecci¨®n p¨²blica y hay una lluvia de noticias que pueden ser err¨®neas, es materialmente imposible que se conozca qui¨¦nes son los herederos en un plazo tan breve¡±, explica Santiago Mediano. Adem¨¢s, puede haber otros focos de conflicto si unos quieren que se corrija lo publicado y otros no, o si hay que publicar una sola rectificaci¨®n cuando varios lo piden por separado.

¡°Por lo que se ha anunciado, la norma parece ser bastante continuista. Habr¨¢ que definir bien los conceptos que se quieren introducir, que est¨¦n bien redactados¡±, puntualiza Juan Carlos Guerrero. Son cuestiones importantes que se tendr¨¢n que aclarar cuando se d¨¦ a conocer el anteproyecto de ley.