La ONU reprende a Espa?a por obligar a un ni?o con s¨ªndrome de Down a estudiar en un centro espec¨ªfico de educaci¨®n especial

El Comit¨¦ de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) ha concluido que Espa?a viol¨® los derechos a una educaci¨®n inclusiva y a no ser discriminado de Rub¨¦n Calleja, un joven con s¨ªndrome de Down que cuando ten¨ªa 11 a?os fue obligado, en contra del criterio de su familia, a abandonar la escuela p¨²blica ordinaria de Le¨®n en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de educaci¨®n especial.

El dictamen llega con una reforma educativa en marcha en Espa?a que propone cambios a medio p...

El Comit¨¦ de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) ha concluido que Espa?a viol¨® los derechos a una educaci¨®n inclusiva y a no ser discriminado de Rub¨¦n Calleja, un joven con s¨ªndrome de Down que cuando ten¨ªa 11 a?os fue obligado, en contra del criterio de su familia, a abandonar la escuela p¨²blica ordinaria de Le¨®n en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de educaci¨®n especial.

El dictamen llega con una reforma educativa en marcha en Espa?a que propone cambios a medio plazo en la escolarizaci¨®n de los ni?os con discapacidad. Y que ha sido criticada tanto por el sector de los centros de educaci¨®n especial, que defiende su mantenimiento, como por organizaciones de personas con discapacidad, que reclaman la r¨¢pida desaparici¨®n de este tipo de escuelas, en l¨ªnea con lo que propugna el comit¨¦ de la ONU. Unos 35.000 alumnos, en torno al 17% del total de los estudiantes espa?oles con discapacidad, asisten ahora a centros especiales.

En su resoluci¨®n sobre el caso de Rub¨¦n Calleja, que ahora tiene 21 a?os, el comit¨¦ reprocha a Espa?a que "apenas haya avanzado en cuanto a la educaci¨®n inclusiva¡±, y le insta a ¡°adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro¡±, as¨ª como a eliminar ¡°toda segregaci¨®n educativa de estudiantes con discapacidad¡±, tanto en centros de educaci¨®n especial con en ¡°unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias¡±.

Indemnizaci¨®n

El dictamen, que es de obligado cumplimiento, concluye que Espa?a debe proporcionar ¡°una reparaci¨®n efectiva¡± de los gastos en que incurri¨® la familia intentando que la Administraci¨®n educativa de Castilla y Le¨®n rectificara, y pagarle una indemnizaci¨®n ¨Dque no cuantifica, por lo que probablemente deber¨¢n acabar determin¨¢ndola los tribunales¨D "los da?os emocionales y psicol¨®gicos¡± sufridos por Rub¨¦n y sus padres a lo largo del proceso.

Como ya hizo en 2018, cuando emiti¨® un duro informe sobre el cumplimiento por parte del pa¨ªs de la Convenci¨®n de Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por Espa?a en 2008, el comit¨¦ urge al pa¨ªs a que los centros educativos realicen ¡°los ajustes razonables¡± para que el alumnado con discapacidad pueda completar su formaci¨®n en los colegios e institutos ordinarios sin tener que cambiar de centro.

Siete a?os de lucha

Alejandro Calleja, el padre del joven, celebraba este lunes la decisi¨®n del organismo de Naciones Unidas. ¡°Hemos pasado siete a?os de lucha por los derechos y la dignidad de Rub¨¦n y hasta ahora todas nuestras peticiones ante las instancias judiciales hab¨ªan sido desestimadas. Lo que no puede ser es que despu¨¦s de estar ocho a?os perfectamente escolarizado e integrado en un colegio p¨²blico, el Gonz¨¢lez de Lama de Le¨®n, llegue un profesor y te diga que no quiere a tu hijo en su clase. Y que todo el trabajo que hab¨ªamos adelantado y todo lo que hab¨ªamos hecho el conjunto de la comunidad educativa se viniese abajo", afirma Calleja por tel¨¦fono.

Los padres, acusados

Seg¨²n la reconstrucci¨®n que realiza el comit¨¦ de la ONU de lo sucedido desde el a?o 2009, los problemas de Rub¨¦n y de su familia no se limitaron a su exclusi¨®n de la escuela ordinaria. Los padres denunciaron ante la fiscal¨ªa que su hijo hab¨ªa sufrido, supuestamente, malos tratos en el colegio por parte de dos docentes, pero el asunto fue archivado. Un tiempo despu¨¦s fue la Fiscal¨ªa de Menores de Le¨®n quien denunci¨® a los progenitores por presunto abandono familiar, el delito con el que se persigue el absentismo escolar. El motivo fue que los padres se negaron a llevar a su hijo al centro de educaci¨®n especial que la Junta de Castilla y Le¨®n les hab¨ªa asignado. Esta denuncia acab¨® en nada, despu¨¦s de que un juzgado de Le¨®n no apreciara delito en 2015. Aquel proceso, afirma Calleja, supuso ¡°un coste tremendo, econ¨®mico pero sobre todo emocional¡±.

Despu¨¦s de un periodo de alegaciones en el que han participado, de un lado, la familia, que denunci¨® el caso ante el comit¨¦ en 2017, y del otro, la Abogac¨ªa del Estado, el organismo de Naciones Unidas llega a la conclusi¨®n de que la denuncia de malos tratos contra el ni?o formulada por los padres no fue suficientemente investigada, e insta a Espa?a a hacerlo. Y tambi¨¦n exige al Estado que ¡°vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar por exigir el derecho de sus hijos a una educaci¨®n inclusiva en igualdad de condiciones¡±.

La nueva ley

El proyecto de reforma de la ley educativa, la Lomloe, contempla en su disposici¨®n adicional cuarta que en un plazo de 10 a?os los centros ordinarios deber¨¢n contar ¡°con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad¡±, de acuerdo con lo previsto en la ¡°Convenci¨®n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas¡±. La norma no prev¨¦ la desaparici¨®n de los centros de educaci¨®n especial, pero s¨ª configura un modelo nuevo en el que estos, como ha sucedido en otros pa¨ªses, se limiten a acoger a aquellos ¡°alumnos que requieran una atenci¨®n muy especializada¡± (por ejemplo de car¨¢cter m¨¦dico) y desempe?en a la vez ¡°la funci¨®n de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios¡±.

La previsi¨®n ha generado el rechazo del sector de la educaci¨®n especial, en el que conviven centros p¨²blicos, centros concertados ¨Dpromovidos en buena medida por familiares de personas con discapacidad y entidades sin ¨¢nimo de lucro¨D, y centros privados, que defienden la pervivencia del actual modelo. La norma que se tramita en el Congreso tambi¨¦n ha recibido las cr¨ªticas de entidades de personas con discapacidad, como Solcom, que fue la primera en denunciar a Espa?a ante el Comit¨¦ de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Estas, en el flanco opuesto, lamentan que el proyecto de ley plantee un horizonte de una d¨¦cada y mantenga mientras tanto una doble red que la ONU considera discriminatoria.

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