Cardenal no ve delito en la decisi¨®n del Parlamento vasco de no disolver el Grupo Batasuna

El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, ha comunicado esta ma?ana hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n que entiende que no hay delito de desobediencia en la negativa de la Mesa del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Vizcaya a aplicar el auto de suspensi¨®n de actividades de Batasuna.

En un informe remitido al magistrado, Cardenal explica que "la suspensi¨®n judicialmente decretada de los partidos pol¨ªticos HB-EH-Batasuna no implica autom¨¢ticamente la de los Grupos Parlamentarios o Junteros relacionados, pues est¨¢ ¨²ltima exige una decisi¨®n propia de cada C¨¢mara, tal y como se reconoce, adem¨¢s, en los autos del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5". Por tanto, reconoce que los grupos y el partido son dos realidades jur¨ªdicas diferentes.

El fiscal se?ala que tanto el Parlamento de Vitoria como las Juntas de Vizcaya no cumplieron el auto de Garz¨®n por "la imposibilidad, a tenor de la respectiva normativa interna que rige su actividad y funcionamiento, de ejecutar la medida de suspensi¨®n de un grupo juntero o de un grupo parlamentario".

A?ade, por ello, que "si los acuerdos de las respectivas instituciones parlamentarias lo que sostienen es la imposibilidad de ejecutar" los autos de suspensi¨®n dictados por Garz¨®n, "dif¨ªcilmente se podr¨¢ imputar a quienes los adoptaron la intenci¨®n o voluntad de no querer cumplirlos" por lo que "no se estima procedente la iniciaci¨®n de acciones penales".

Recuerda tambi¨¦n que la "reciente" Ley de Partidos "al regular, en su art¨ªculo 10, la medida de suspensi¨®n judicial de los partidos pol¨ªticos no la hace extensible a los grupos parlamentarios, sin duda por cuanto el legislador reconoce que estamos en presencia de dos realidades jur¨ªdicas diferentes".

Delito de desobediencia

Cardenal llega a esta conclusi¨®n tras analizar "si los acuerdos" de ambas C¨¢maras "encajan dentro del tipo del art¨ªculo 410 del C¨®digo Penal", que sanciona a "las autoridades o funcionarios p¨²blicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u ¨®rdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ¨¢mbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales". Entiende Cardenal que el delito de desobediencia "est¨¢ integrado por un elemento objetivo cuya descripci¨®n consiste en la negativa por autoridades o funcionarios p¨²blicos 'abiertamente' a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales".

"Teniendo en cuenta la anterior doctrina no resulta sencillo concluir que los acuerdos de las mesas de las Juntas Generales de Vizcaya y del Parlamento Vasco constituyen una negativa abierta al cumplimiento de los autos" de Garz¨®n, asegura Cardenal.

Cardenal, seg¨²n se?ala en su escrito, contesta as¨ª a la pregunta que le dirigi¨® el pasado 13 de noviembre Garz¨®n sobre si se deb¨ªa actuar contra los miembros de la mesa del Parlamento vasco que se negaron a suspender el grupo parlamentario de Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Sozialista Abertzaleak (antigua Batasuna).