Amnist¨ªa exige a Espa?a que reconozca que "hay torturas y maltrato" a los presos
La ONG denuncia la desprotecci¨®n de las v¨ªctimas y "la impunidad" que parece amparar a los funcionarios responsables
Amnist¨ªa Internacional (AI) ha pedido a Espa?a que reconozca que hay torturas y malos tratos policiales a los detenidos en las c¨¢rceles del pa¨ªs como primer paso para resolver este abuso, sobre el que esta organizaci¨®n ha presentado hoy un informe en el que denuncia "la impunidad que parece amparar a los funcionarios responsables". Seg¨²n la ONG, las v¨ªctimas no reciben en la mayor¨ªa de los casos una reparaci¨®n satisfactoria por el da?o sufrido, mientras muchos agentes condenados por estos delitos quedan impunes.
As¨ª lo ha afirmado hoy el director de la secci¨®n espa?ola de AI, Esteban Beltr¨¢n, al presentar a los medios el documento junto al presidente del Comit¨¦ contra la tortura de Naciones Unidas, el espa?ol Fernando Mari?o, y a Guillermo P¨¦rez-Reyes, abogado de una inmigrante agredida sexualmente por un agente. En relaci¨®n a los inmigrantes, Esteban Beltr¨¢n ha recordado que desde 1995 hasta el 2002, AI ha documentado 320 casos de malos tratos y detenciones ilegales a inmigrantes, que incluyen muertes bajo
custodia policial. Sin embargo, ha considerado que esta cifra "es s¨®lo la punta iceberg".
El informe, titulado Espa?a, acabar con la doble injusticia. V¨ªctimas de tortura y malos tratos sin reparaci¨®n, analiza 450 sentencias dictadas entre 1980 y el 2004 por tribunales espa?oles, y de ¨¦stas se han examinado m¨¢s en profundidad 95 sentencias en las que "se ha probado la comisi¨®n de tortura o malos tratos". Seg¨²n AI, son varios los factores que "obstaculizan" la reparaci¨®n a las v¨ªctimas, entre ellas la negaci¨®n de los sucesivos gobiernos de que existen casos de tortura, la duraci¨®n de los procesos (algunos se alargan hasta 10 a?os); los indultos a los torturadores y el mantenimiento del r¨¦gimen de la incomunicaci¨®n.
AI da 23 recomendaciones
A esta lista, AI agrega la falta de criterios para valorar las indemnizaciones por delitos de torturas y malos tratos, la subestimaci¨®n de los da?os ocasionados y la falta absoluta de ayudas gubernamentales. Para erradicar estas pr¨¢cticas en Espa?a, AI considera indispensable que exista voluntad pol¨ªtica para prevenir que se cometa el delito, tambi¨¦n para encausar a los presuntos responsables y para garantizar a las v¨ªctimas la reparaci¨®n m¨¢s completa posible. La organizaci¨®n ha incluido 23 recomendaciones dirigidas al parlamento, Gobierno, autoridades judiciales y Cuerpos y fuerzas del Estado.
Entre las recomendaciones figuran la adopci¨®n de medidas legislativas especificas para garantizar a las v¨ªctimas una reparaci¨®n completa, la revisi¨®n de la concesi¨®n de indultos en relaci¨®n a los condenados por torturas y malos tratos y la ratificaci¨®n a la mayor brevedad posible del Protocolo Adicional de la Convenci¨®n contra la Tortura. La ratificaci¨®n de este protocolo, supondr¨ªa que Espa?a acepte inspecciones en los lugares de detenci¨®n sin previo aviso, ha se?alado por su parte Fernando Mari?o, quien ha admitido que es cierto que Espa?a se mueve en un "dif¨ªcil equilibrio" por el problema del terrorismo, pero que no existe ninguna justificaci¨®n a favor de la tortura.
A su juicio, el Estado espa?ol tiene en su mano reforzar la lucha contra la pr¨¢ctica de la tortura y esta cuesti¨®n deber¨ªa ser de "alto valor pol¨ªtico". Para AI, la definici¨®n que hace de la tortura la legislaci¨®n espa?ola sigue siendo m¨¢s restrictiva que la de la Convenci¨®n contra la Tortura, porque no incluye la discriminaci¨®n como motivo de tortura. Finalmente, la organizaci¨®n reconoce en su informe que muchas veces muchos funcionarios se enfrentan a diario a situaciones peligrosas y en ocasiones demuestran gran valor y generosidad en el desempe?o de sus tareas, y que las autoridades deben apoyarles al tiempo que deben transmitir el mensaje claro de que otros comportamientos no ser¨¢n tolerados.
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