Declaraci¨®n institucional del Gobierno vasco

El Gobierno Vasco, con serenidad pero de manera firme, desea trasladar a la ciudadan¨ªa una honda preocupaci¨®n sobre la evoluci¨®n que est¨¢ experimentando la actuaci¨®n de determinados, subrayo determinados, ¨®rganos de la Administraci¨®n de Justicia, por el impacto que algunas –ya demasiadas- decisiones judiciales tienen en el normal desenvolvimiento de una sociedad verdaderamente democr¨¢tica y libre.

No se trata, desde luego, de una valoraci¨®n de trazo grueso que comprometa al conjunto -ni siquiera a la mayor¨ªa- de los profesionales de que depende todos los d¨ªas el servicio p¨²blico de la Administraci¨®n de Justicia. Vaya para ellos, por delante, nuestro sincero reconocimiento por su an¨®nima pero eficaz labor desde un ejercicio profesional impecable.

Pero, por desgracia, hay una minor¨ªa de asuntos muy significativos que tienen por efecto que la vida pol¨ªtica y social de Euskadi viva una convulsi¨®n permanente y sostenida como consecuencia de determinadas decisiones judiciales, que afectan a pilares b¨¢sicos de la divisi¨®n de poderes o limitan de forma dr¨¢stica espacios leg¨ªtimos de libertad de cualquier sociedad civilizada y democr¨¢tica.

El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio y cobertura incondicional de su contenido. La sana cr¨ªtica en defensa de las libertades de todos los ciudadanos ante decisiones formalmente legales, que son susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales, es una obligaci¨®n de quienes creemos en la construcci¨®n democr¨¢tica desde la responsabilidad y participaci¨®n de todos los ciudadanos, instituciones y poderes p¨²blicos.

Son en este momento cientos los ciudadanos vascos que est¨¢n incursos en procedimientos judiciales que tienen en la Ley de Partidos, y en el diagn¨®stico que a ella subyace, el punto de arranque de una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes.

La Ley de Partidos supuso la consolidaci¨®n oficial de una nueva forma de entender el juego pol¨ªtico, que aparejaba una relectura restrictiva de qui¨¦nes pod¨ªan -y qui¨¦nes no pod¨ªan- hacer uso de los partidos como instrumentos de representaci¨®n. Relectura que implicaba una legislaci¨®n de excepci¨®n que condenaba a una parte muy significativa de la ciudadan¨ªa vasca a la invisibilidad pol¨ªtica.

Debe recordarse que dicha Ley de Partidos no cont¨® con el consenso mayoritario de la sociedad vasca a¨²n siendo esta sociedad vasca la principal destinataria de sus consecuencias restrictivas. Un cambio tan trascendental de las reglas de juego deb¨ªa haber contado con el consenso de las fuerzas mayoritarias en nuestro pa¨ªs. El consenso, sin embargo, no se busc¨® sino todo lo contrario: el dise?o legislativo de excepci¨®n, la extensi¨®n de ilegalidad ad hoc a partidos hasta entonces legales se puso en marcha y se dej¨® en manos de los jueces su aplicaci¨®n, sin prever exactamente las consecuencias.

Y las consecuencias, como en tantas ocasiones, han ido mucho m¨¢s all¨¢ de lo que nadie hubiera imaginado. La mancha de aceite de dicha legislaci¨®n de excepci¨®n est¨¢ ampliando progresivamente su cerco.

Se ilegalizaron partidos y m¨²ltiples organizaciones. Pero de manera paralela se empez¨® a utilizar la legislaci¨®n penal imputando delitos y d¨¢ndolos por probados all¨ª donde antes no hab¨ªa m¨¢s que ejercicio de la actividad pol¨ªtica.

El conjunto de procedimientos que rodean al denominado sumario matriz 18/98 visualizan una forma nueva de entender qu¨¦ es terrorismo. Parece diluirse la necesaria imputaci¨®n individual de responsabilidades en un juicio que prima la supuesta identificaci¨®n con determinados fines e ideolog¨ªas antes que con actos concretos de colaboraci¨®n en hechos de terrorismo. Los macrosumarios recogen as¨ª el dise?o excepcional de la Ley de Partidos y lo aplican sui generis en la esfera penal, con efectos dr¨¢sticos en la ampliaci¨®n de personas imputadas.

Abierta la espita, el desbordamiento de l¨ªmites est¨¢ servido y se precipita en cascada. No s¨®lo se involucr¨® en la mara?a judicial a organizaciones de la denominada izquierda abertzale. El mismo Parlamento Vasco –con su presidente a la cabeza- tuvieron que enfrentarse a la duda de su connivencia con el terrorismo e, incluso, sentarse en el banquillo de los acusados, vi¨¦ndose el normal discurrir institucional parlamentario convulsionado durante un interminable -y a¨²n no concluso- periodo de tiempo por intervenciones judiciales.

El reci¨¦n acu?ado paraguas legal y su interpretaci¨®n judicial repercut¨ªan ya directamente en la divisi¨®n de poderes y pon¨ªan bajo sospecha la representaci¨®n parlamentaria m¨¢xima de nuestra Comunidad. Y ello ante la perplejidad de una ciudadan¨ªa que no era capaz -porque era sencillamente imposible- de distinguir las declaraciones pol¨ªticas y las judiciales.

Paralelamente se amplia -sin conocerse todav¨ªa hasta d¨®nde llegar¨¢- la legislaci¨®n penal antiterrorista ordinaria. Nadie sabe ya hasta donde se extienden las prohibiciones penales: los delitos de amenazas (como muestra el dramatismo del caso De Juana), la apolog¨ªa del terrorismo, los delitos de colaboraci¨®n con banda armada, los delitos incluso de pertenencia a banda armada se van progresivamente haciendo m¨¢s y m¨¢s extensos.

Todo ello, adem¨¢s con una utilizaci¨®n en demasiadas ocasiones de medidas cautelares que acaban por generar el efecto de cosa juzgada antes de haber sentencia. Ejemplo dram¨¢tico y visible es la clausura de medios de comunicaci¨®n. Baste recordar que en esta democracia se ha cerrado un medio de comunicaci¨®n por mandamiento judicial sin que la misma haya recibido el refrendo de la legalidad de tan grave decisi¨®n. O que m¨¢s recientemente se haya actuado de igual forma contra otro medio de comunicaci¨®n, determin¨¢ndose ahora que no hay elementos para formularse una acusaci¨®n. Cabr¨ªa preguntarse d¨®nde est¨¢ la tutela judicial efectiva en tales actuaciones.

Son demasiados los casos para recordarlos todos pero no puede tomarse con normalidad y exigir el silencio y el respeto cuando se procesa incluso al propio Lehendakari por un presunto delito de desobediencia. Ya plane¨® la sombra del encausamiento penal cuando durante el Gobierno del Presidente Aznar se lleg¨® a patrocinar y aprobar una ley ad personam para prohibir la celebraci¨®n de referendums. Dicha ley felizmente se pero ahora se pretende sembrar la sospecha de que el propio Lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalizaci¨®n pol¨ªtica.

La lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisi¨®n judicial, sin derecho a cr¨ªtica.

Un entendimiento de la democracia real, de una democracia calidad, exige que alcemos la voz precisamente para que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los l¨ªmites que justifican su legitimidad y superioridad moral. Y ello antes de que siga creciendo la bola de nieve. Pero tambi¨¦n en defensa de todos nosotros, de nuestros derechos y libertades, de nuestra legitimidad como representantes de nuestro pueblo.

Esta declaraci¨®n es por tanto una defensa leal de la divisi¨®n de poderes, de la taxatividad de los l¨ªmites en la administraci¨®n de justicia, de reivindicaci¨®n de los derechos fundamentales, de reconducci¨®n hacia la normalidad democr¨¢tica Las instituciones vascas -y el Gobierno Vasco tiene la obligaci¨®n aqu¨ª y ahora de subrayarlo con total serenidad- debemos liderar y velar por esa necesaria normalidad, que arrumbe de forma definitiva con una deriva que no debe ir m¨¢s lejos.

Las leyes y su interpretaci¨®n, en definitiva, no pueden dar por resultado un escenario de peri¨®dico y repetido esc¨¢ndalo con decisiones incomprensibles para una mayor¨ªa del cuerpo social y en l¨ªnea directa de deslegitimaci¨®n de sus m¨¢ximos representantes institucionales. Las leyes y su interpretaci¨®n deben, adem¨¢s, generar seguridad jur¨ªdica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales al margen de nuestra ideolog¨ªa y color pol¨ªtico.

El respeto a la ley no es la paz del miedo; no es el callar por si acaso; no es la sensaci¨®n generalizada de que hay manifestaciones a las que uno no se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir como si cada uno de nosotros tuvi¨¦ramos que demostrar d¨ªa tras d¨ªa un label democr¨¢tico, que es nuestro por derecho propio.

En resumen:

- El Gobierno Vasco traslada a la ciudadan¨ªa su honda preocupaci¨®n por el impacto y la convulsi¨®n que algunas decisiones judiciales tienen en la vida pol¨ªtica y social de Euskadi.

- Convencidos de que el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido, reiteramos nuestra alarma por el efecto de dichas decisiones en el ejercicio de derechos fundamentales.

- Entendemos que la Ley de Partidos ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes hasta el punto de que, en todo aquello que se relacione con el terrorismo, se tiende a diluir la necesaria imputaci¨®n individual de responsabilidades.

- El desbordamiento de los l¨ªmites se ha hecho patente hasta el punto de poner bajo sospecha e la representaci¨®n parlamentaria m¨¢xima de nuestra Comunidad y al propio Lehendakari.

- Nuestro convencimiento democr¨¢tico nos exige reclamar que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los l¨ªmites que justifican su legitimidad y superioridad moral.

- Conscientes de que las leyes y su interpretaci¨®n no pueden dar por resultado un escenario de preocupaci¨®n continuada, demandamos seguridad jur¨ªdica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos.

- Por ¨²ltimo, este Gobierno ha defendido, defiende y defender¨¢ siempre a la Administraci¨®n de Justicia como poder necesario e imprescindible de cualquier democracia. Nuestra preocupaci¨®n se deriva, sin embargo, de una minor¨ªa de decisiones que, por su relevancia social, pueden acabar por vaciar la credibilidad y estima social incuestionable de la Justicia".