Los ¨²ltimos del Salobral se quedan

La juez de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 20 de Madrid, Gema Ortega, ha ordenado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallard¨®n la paralizaci¨®n del derribo de una de las ¨²ltimas chabolas que quedan en pie en el poblado de El Salobral, en el que se prev¨¦ sustituir las infraviviendas por otras de protecci¨®n oficial y por un pol¨ªgono industrial que revitalice el distrito de Villaverde.

En este poblado chabolista, con una superficie de 22 hect¨¢reas, llegaron a vivir en precarias condiciones m¨¢s de 1.200 personas. Tras invertir 37 millones y dos a?os de trabajo en realojar a 236 familias, lo han dado por clausurado, pero quedaban 10 chabolas en pie para las que no hay soluci¨®n. Una de las familias que reside todav¨ªa en la zona llev¨® el caso a los tribunales, que ahora le da la raz¨®n por no existir "inter¨¦s p¨²blico" en el desmantelamiento de su casa para los planes del Gobierno municipal.

En un auto hecho p¨²blico hoy, la magistrada acuerda acceder a la petici¨®n de paralizaci¨®n del derribo de la chabola, situada en el Sector 3. Este procedimiento judicial se inici¨® con la interposici¨®n de un recurso por la familia contra la negativa de la Direcci¨®n General de Urbanismo de parar una orden de desalojo de la infravivienda con un reducido plazo de 15 d¨ªas. La juez acuerda en la resoluci¨®n la suspensi¨®n del desalojo esgrimiendo que el Ayuntamiento de Madrid "no alega ni prueba en qu¨¦ medida se impide -con el derribo- la ejecuci¨®n del planeamento" que tiene previsto llevar a cabo en la zona.

Sustenta su decisi¨®n en "la especial protecci¨®n" de la casa del recurrente "con rango constitucional, el desarraigo social y la situaci¨®n de angustia" que provocar¨ªa la medida ordenada por Urbanismo, sin que "exista un inter¨¦s p¨²blico especialmente comprometido de suspenderse el acto administrativo". En esta l¨ªnea, se refiere al art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses leg¨ªtimos, sin que, en ning¨²n caso, pueda producirse indefensi¨®n", aludiendo de manera impl¨ªcita al derecho a tener una vivienda.

Aludiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, recuerda que "toda orden de demolici¨®n por su propia naturaleza implica la destrucci¨®n de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminaci¨®n del proceso pendiente en el que se tiene que decidir acerca de su procedencia y legalidad, puede dar lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente a perjuicios de muy dif¨ªcil reparaci¨®n". En el caso, la magistrada recalca que, si bien "se trata de una chabola y, por tanto, quiz¨¢ no podr¨ªa sostenerse que su demolici¨®n suponga p¨¦rdida de riqueza, lo cierto es que la misma constituye el domicilio del recurrente y su familia".

El abogado Roberto Alonso Mart¨ªn, que defiende a la familia, ha lamentado que la mayor¨ªa de las personas que viv¨ªan en El Salobral hayan abandonado sus hogares sin acudir a la Justicia, que ahora se ha puesto de su lado ante su sorpresa. Mart¨ªn decidi¨® solicitar una medida cautelar contra el desalojo, puesto que el convenio entre la Comunidad y el Consistorio "no estableci¨® ning¨²n l¨ªmite de tiempo" para que los vecinos dejaran el lugar. "Se inventaron un plazo para que esta familia dejara su casa", ha criticado el letrado, quien ha adelantado que prev¨¦ presentar una querella contra la Comunidad por supuestas coacciones y amenazas contra la familia.