La abogada de la UE cree que la M-30 pudo incumplir las normas medioambientales
La jurista cree sin embargo que debe ser la justicia espa?ola la que dictamine si deb¨ªa haberse sometido a un examen previo de impacto medioambiental
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (UE) ha considerado, en un dict¨¢men hecho p¨²blico hoy, que las obras de la M-30 de Madrid pod¨ªan haber estado obligadas a pasar un examen previo de impacto medioambiental similar al de carreteras interurbanas, por lo que la tramitaci¨®n medioambiental de la monumental reforma pudo incumplir las normas europeas. Sin embargo, la letrada delega la decisi¨®n en la Justicia espa?ola.
El truco usado por el Ayuntamiento de Madrid para evitar el estudio ambiental fue el cambio de la calificaci¨®n de la M-30 de carretera a v¨ªa urbana. El 4 de marzo de 2004 naci¨® la Calle 30, denominaci¨®n at¨ªpica para una autopista de hasta seis carriles. El cambio se produjo a s¨®lo 10 d¨ªas de las elecciones generales en las que el PP perdi¨® el poder, momento en que el Ministerio de Fomento traspas¨® la M-30 al Ayuntamiento. Adem¨¢s, la obra se troce¨® en 19 tramos. El m¨¢s largo ten¨ªa cuatro kil¨®metros y 900 metros. A partir de cinco la ley madrile?a obliga a realizar un informe de impacto.
La jurista cree que debe ser la justicia espa?ola la que dictamine si en la pr¨¢ctica se cumplieron las obligaciones que marca la directiva europea en este ¨¢mbito o no. La Abogada General de la Corte con sede en Luxemburgo ha respondido as¨ª a una cuesti¨®n prejudicial planteada a principios de 2007 por un juzgado madrile?o, con el objetivo de esclarecer si la reforma de la M-30 cumpli¨® con las normas comunitarias tras una denuncia de Ecologistas en Acci¨®n.
La opini¨®n de la Abogada, que en la mayor¨ªa de los casos anticipa la sentencia definitiva del Tribunal, se?ala que en determinados casos una obra urbana puede necesitar de los estudios de impacto requeridos por la UE, pese a que la interpretaci¨®n espa?ola de la directiva los limita a las carreteras interurbanas. En concreto, ser¨ªan obligatorios en el caso de la construcci¨®n en zona urbana de autopistas o v¨ªas r¨¢pidas, de v¨ªas de cuatro o m¨¢s carriles o cuando una carretera de dos carriles o menos se ampl¨ªa para tener cuatro o m¨¢s.
En el caso concreto de la M-30, la Abogada reconoce que se trata de un proyecto de reforma y no de una v¨ªa nueva, pero considera que en vista de sus repercusiones medioambientales puede equivaler a la construcci¨®n de una nueva carretera. Adem¨¢s, afirma que en caso de que varios proyectos presentados como obras independientes puedan afectar significativamente al medio ambiente, su impacto se deber¨¢ evaluar de forma global, y asegura que los posibles efectos positivos de una obra no eliminan la necesidad de evaluar las consecuencias negativas que pueda tener. Sin embargo, la Abogada se?ala tambi¨¦n que, en principio, "la evaluaci¨®n reglada del impacto medioambiental puede ser sustituida por medidas equivalentes, siempre que ¨¦stas respeten ciertas exigencias m¨ªnimas".
As¨ª, considera que el Tribunal de Justicia comunitario "se
halla en la imposibilidad" de dictaminar si el Ayuntamiento madrile?o cumpli¨® con sus obligaciones. En 2006, la Comisi¨®n Europea emprendi¨® un proceso de infracci¨®n contra el proyecto de la M-30 -que implica tambi¨¦n a la Comunidad de Madrid en tanto que autoridad ambiental responsable- al entender que no estaba respetando la directiva europea sobre evaluaci¨®n de impacto ambiental. Sin embargo, Bruselas archiv¨® el proceso en 2007 tras pactar con las autoridades responsables un calendario para realizar los estudios de impacto obligatorios. Por el momento, y aunque ha detectado retrasos, la CE considera que Madrid est¨¢ cumpliendo los acuerdos.
Tras la opini¨®n de la Abogada General dada a conocer hoy,
los jueces europeos deber¨¢n pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el Juzgado Contencioso-Administrativo n¨²mero 22 de Madrid que trata el litigio entre Ecologistas en Acci¨®n y el Ayuntamiento. Una vez que tenga el pronunciamiento del la Corte con sede en Luxemburgo, ser¨¢ el tribunal madrile?o el encargado de dictar sentencia sobre el caso.
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