Vencidos y saqueados
Los republicanos espa?oles pagaron la derrota no s¨®lo con la vida, la c¨¢rcel o el exilio. Los tribunales pol¨ªticos del franquismo tambi¨¦n confiscaron sus bienes y fijaron abultadas multas
Margarita Xirgu era un icono del teatro, un meteorito que horad¨® el casticismo de las tablas con su apuesta por la vanguardia europea. Para media Espa?a, un s¨ªmbolo del compromiso de una generaci¨®n de artistas de entreguerras. Para la otra media, una roja con un pasado que expiar. El expediente de la actriz es uno de los 36.018 resueltos hasta noviembre de 1941 por los 18 tribunales regionales de responsabilidades pol¨ªticas, creados para castigar a los perdedores de la Guerra Civil por su ideolog¨ªa, a golpe de multas e incautaciones.
Por ellos desfilaron desde presidentes de la Rep¨²blica como Manuel Aza?a o Niceto Alcal¨¢ Zamora hasta insignificantes militantes de partidos del Frente Popular que alguien pon¨ªa en la diana del tribunal. Daba igual que el procesado estuviese en Espa?a o en el exilio; daba igual que estuviese vivo o muerto. En el peor de los casos, la familia pagaba el ajuste de cuentas. As¨ª que Xirgu, de notoria afinidad republicana, no se libr¨® de esta persecuci¨®n, que comenz¨® mientras ella estaba de gira en M¨¦xico. "Es persona de izquierda, figurando afiliada en Izquierda Republicana. En octubre de 1934 tuvo oculto en su casa a Manuel Aza?a, del que era ¨ªntima amiga, as¨ª como de Marcelino Domingo
Besteiro fue multado tras su muerte. A Companys le quitaron todos sus bienes y le ejecutaron
Lerroux enviaba cartas de felicitaci¨®n a Franco por sus victorias. Logr¨® que se archivase su expediente en Madrid
"Sus arengas eran inconcebibles en persona humana, y menos en una mujer", dicen de Pasionaria
[ministro de Instrucci¨®n P¨²blica]. Le cogi¨® el Movimiento Nacional en el extranjero, no habiendo regresado a su patria, dedic¨¢ndose a realizar propaganda roja en festivales, representaciones teatrales y giras. Protege a los elementos marxistas en una finca que ha adquirido en Chile".
Por tales "hechos graves", el Tribunal Regional de Responsabilidades Pol¨ªticas de Barcelona le confisc¨® todos sus bienes en 1941, la inhabilit¨® para ocupar cargos "de toda clase" a perpetuidad y la conden¨® al destierro, tambi¨¦n perpetuo. Entre las propiedades incautadas se inclu¨ªan tres viviendas en Barcelona y la casa de Badalona, donde Aza?a se hab¨ªa alojado tras su retenci¨®n en el puerto barcelon¨¦s en 1934, y por la que tambi¨¦n hab¨ªan pasado Federico Garc¨ªa Lorca y Jacinto Benavente.
Margarita Xirgu jam¨¢s regres¨® del exilio, a su juicio, el peor de los males. "Qu¨¦ sabios eran los griegos; no te mataban, te exiliaban", dec¨ªa la actriz a menudo, seg¨²n recuerda su sobrino-nieto Xavier Rius Xirgu. No retorn¨® ni siquiera tras la decisi¨®n de la Comisi¨®n Liquidadora de Responsabilidades Pol¨ªticas, heredera de los expedientes pol¨ªticos, que acept¨® el recurso de la artista y suaviz¨® el castigo: multa de 2.000 pesetas y devoluci¨®n en 1949 de los bienes incautados, incluida la casa de Badalona.
Parte de este historial de Xirgu figura entre la documentaci¨®n trasladada en diciembre pasado en 4.221 cajas desde el Archivo General de la Administraci¨®n de Alcal¨¢ de Henares (Madrid) al Centro de la Memoria Hist¨®rica de Salamanca, que el Ministerio de Cultura convertir¨¢ en un gran archivo de los peores a?os del siglo XX. En esas cajas se puede rastrear buena parte de la represi¨®n pol¨ªtica impulsada desde 1939 gracias al esmero de la dictadura en dejar huella de su propio desatino. Entre la documentaci¨®n judicial conservada ahora en Salamanca hay algunos ejemplos.
Al socialista Juli¨¢n Besteiro, que muri¨® en 1940 en la c¨¢rcel de Carmona (Sevilla), se le condena un a?o despu¨¦s de su fallecimiento a pagar 15.000 pesetas de multa. Absurdo, s¨ª. Implacable, tambi¨¦n. La represi¨®n se heredaba. Entre otros, le ocurri¨® a los familiares de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Catalu?a. Le mataron tras un consejo de guerra y posteriormente todos sus bienes fueron adjudicados al Estado. En 1948, su hermana Ramona reclam¨® la devoluci¨®n de las propiedades. En Salamanca se pueden leer los argumentos que da la Comisi¨®n Liquidadora en 1953 para rechazar esta petici¨®n: "No ha lugar a devolver a los herederos de Luis Companys las fincas que fueron embargadas en pago por la responsabilidad civil declarada contra el mismo por la realizaci¨®n de actos contrarios al Movimiento Nacional".
Uno de los pocos cargos republicanos al que se le archiva el expediente de responsabilidades pol¨ªticas es Alejandro Lerroux, presidente del Gobierno y ministro en varias ocasiones. Nada m¨¢s comenzar la Guerra Civil, se refugi¨® en Portugal para seguir los acontecimientos con la tranquilidad de una frontera de por medio. En 1942, el Tribunal Regional de Responsabilidades Pol¨ªticas de Madrid sobresee el caso y el de ¨¢mbito nacional lo confirma: "Si bien la actuaci¨®n pol¨ªtica del se?or Lerroux sobradamente conocida no puede menos de reputarse funesta desde el punto de vista del Movimiento Nacional, es indudable que siendo todos los actos que en este sentido puedan atribu¨ªrsele anteriores a octubre del 34, en que precisamente hubo aqu¨¦l de enfrentarse contra la subversi¨®n revolucionaria, se hallan exentos de responsabilidades pol¨ªticas, y en cuanto a su estancia en el extranjero, constando como constan sus reiteradas adhesiones a la Causa Nacional y sus tentativas para que se autorizase su entrada en Espa?a, es incuestionable que no puede ser sancionado".
En el expediente se incluyen documentos sobre la repentina devoci¨®n de Lerroux hacia los sublevados, que tal vez le sirvi¨® para regresar a Espa?a tras el conflicto. "Excelent¨ªsimo se?or Alejandro Lerroux: Su Excelencia el General¨ªsimo Franco me encarga le manifieste que ha recibido su grata del 18 del actual, en la que expresa su felicitaci¨®n por el aniversario del glorioso Alzamiento Nacional y su adhesi¨®n a la causa de la verdadera Espa?a", le escribe el 26 de julio de 1937, "segundo A?o Triunfal", el teniente coronel ayudante-secretario del Jefe de Estado y General¨ªsimo de los Ej¨¦rcitos Nacionales desde Salamanca, cuartel general de Franco.
Aquel mismo a?o, la abogada Victoria Kent fue nombrada secretaria de la embajada espa?ola en Par¨ªs. Tampoco volvi¨® del exilio. Fue castigada por una doble v¨ªa. En 1941, el Tribunal de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo la conden¨® a 30 a?os de c¨¢rcel. Y tres a?os despu¨¦s, la Sala 2 del Tribunal Nacional de Responsabilidades Pol¨ªticas le impuso una multa de 100.000 pesetas, ya que, despu¨¦s de investigar su patrimonio, comprobaron que no exist¨ªan "bienes de su pertenencia en territorio nacional, toda vez que viv¨ªa de sus ingresos en la profesi¨®n y cargos ocupados". El tribunal considera grave su militancia en partidos de izquierda, sus cargos durante la Rep¨²blica (fue directora general de Prisiones), su dependencia de la Instituci¨®n Libre de Ense?anza y su "colaboraci¨®n con los Gobiernos marxistas".
Cipriano Rivas Cherif, director de la compa?¨ªa de Xirgu y cu?ado del presidente de la Rep¨²blica Manuel Aza?a, tambi¨¦n se enfrent¨® a las dos patas sobre las que caminaba la represi¨®n: la militar, que enviaba a la c¨¢rcel o al otro barrio, y la pol¨ªtica, que cobraba sanciones. Por el delito de adhesi¨®n a la rebeli¨®n, un tribunal militar le conden¨® en 1940 a la pena de muerte, que luego le fue conmutada. Por su activismo pol¨ªtico, en 1947 le imponen una multa de 20.000 pesetas. Previamente le confiscan 6.000 francos suizos. Entre los delitos pol¨ªticos del cu?ado de Aza?a se citan: "Colabor¨® desde su puesto en la Delegaci¨®n Permanente Espa?ola ante la Sociedad de las Naciones con la pretendida labor de prestigiar a la Espa?a marxista y de conseguir para ella toda clase de ayudas espirituales y materiales".
Como las inquinas de estos tribunales eran proporcionales a la responsabilidad desempe?ada durante la Rep¨²blica, hay otros nombres especialmente emponzo?ados en los textos. A Diego Mart¨ªnez Barrio, ex ministro, ex presidente del Gobierno y ex presidente de las Cortes, le consideraron "uno de los principales culpables de cuantas tragedias han ocurrido en Espa?a tras el 16 de febrero de 1936". "Fue uno de los que enardeci¨® a las masas extraviadas y pervertidas a la lucha contra las fuerzas nacionales", reza la sentencia de noviembre de 1940. Se incautaron de todos sus bienes y le condenaron al destierro. A Jos¨¦ Giral, tambi¨¦n ex presidente y ex ministro, le describen como "testigo impasible de la inmensa mayor¨ªa de desmanes, depredaciones, saqueos, robos y asesinatos que se perpetraron en nuestra patria por la horda roja". Le imponen una de las multas m¨¢s altas (75 millones de pesetas) y 15 a?os de extra?amiento [destierro].
No menos inclementes se muestran con el moderado Niceto Alcal¨¢ Zamora: "Sus errores, torpezas y desaciertos fueron en tal n¨²mero y magnitud que puede estim¨¢rsele como de los principales responsables por acci¨®n y omisi¨®n de haber forjado la subversi¨®n roja, haber contribuido a mantenerla viva durante m¨¢s de dos a?os y a estorbar el triunfo providencial del glorioso Alzamiento". Por su "animadversi¨®n" hacia el Alzamiento le condenan en 1941 a 50 millones de multa, le confiscan sus bienes y le destierran 15 a?os. Una de sus hijas, Mar¨ªa Teresa, logra que se revise la sentencia a?os despu¨¦s, tras la muerte de Alcal¨¢ Zamora en Buenos Aires en 1949. Tambi¨¦n aqu¨ª, pese a su fallecimiento, sigue vigente la obligaci¨®n de sus herederos de pagar la sanci¨®n (tres millones de pesetas tras una primera rebaja, a la que seguir¨¢ una segunda).
A los exiliados Giral, Mart¨ªnez Barrio y Alcal¨¢ Zamora les imponen, adem¨¢s, otra pena de gran impacto emotivo: proponen que se les retire la nacionalidad. Al igual que a Dolores Ib¨¢rruri, Pasionaria, sentenciada en febrero de 1941 por el Tribunal Regional de Responsabilidades Pol¨ªticas de Madrid con una prosa que hoy hace re¨ªr y entonces hac¨ªa llorar. "Realiz¨® activa propaganda entre las masas obreras de las ideas del llamado Partido Comunista. Uno de cuyos dirigentes m¨¢s influyentes era desde octubre de 1934, llegando a ejercer una manifiesta influencia en ellas que aprovechaba para divulgar ideas disolventes y an¨¢rquicas del mismo. Fue diputado en el 36 por Oviedo. Su intervenci¨®n en Cortes se caracteriz¨® por su manifiesta agresividad oral a los elementos destacados de las derechas, evidenciado por la frase que profiri¨® el 16 de junio de 1936 al terminar su discurso Calvo Sotelo. 'Este hombre ha hablado por ¨²ltima vez'. Durante el Movimiento Nacional mostr¨® una oposici¨®n acusada en m¨ªtines y arengas en radio de una audacia y l¨¦xico inconcebibles en persona humana y menos a¨²n en una mujer".
En vista de que la investigaci¨®n de Dolores Ib¨¢rruri desvela un patrimonio asc¨¦tico (una casa en Somorrostro valorada en 3.000 pesetas), el tribunal obvia la proporcionalidad entre posesiones y cuant¨ªa de la multa y decide imponerle una sanci¨®n de 25 millones de pesetas, "una cifra que, absorbiendo bienes conocidos, alcance a todos los que pudieran descubrirse o a la participaci¨®n que le corresponda en el bot¨ªn producto de sus depredaciones".
El colapso de la maquinaria represora
Manuel ?lvaro Due?as, profesor de la Universidad Aut¨®noma, hurg¨® en la represi¨®n pol¨ªtica mucho antes de que la memoria hist¨®rica invadiese el presente. Dedic¨® su tesis doctoral a la jurisdicci¨®n especial de responsabilidades pol¨ªticas en Madrid. La ley¨® en 1997 y se public¨® en 2006. Gracias a su investigaci¨®n, se descubri¨® el alcance que hab¨ªan tenido esos tribunales en sus tres primeros a?os de vida (1939-1941): 125.286 expedientes incoados y s¨®lo 38.000 resueltos. "Carrero Blanco ordena que se env¨ªen a la subsecretar¨ªa de la Presidencia un estadillo con lo incoado, lo pendiente y lo resuelto. Se dan cuenta entonces de que no dan abasto", expone. Burgos o Ceuta hab¨ªan sido diligentes, pero las provincias con m¨¢s frenes¨ª represor (Granada, Valencia, Madrid, Barcelona o Albacete) apenas hab¨ªan resuelto la cuarta parte de los asuntos iniciados. El propio departamento de Carrero Blanco calcula que, si le suman los nuevos expedientes que remitir¨¢n otros tribunales (militares y de represi¨®n de la masoner¨ªa), se alcanzar¨¢ como m¨ªnimo los 250.000 expedientes. "De mantenerse este ritmo, se tardar¨ªa 15 a?os en liquidar las responsabilidades pol¨ªticas", reconocen en una nota interna. "Les preocupa modificar el procedimiento sin que parezca que dan marcha atr¨¢s, pero la raz¨®n de peso por la que reforman la ley en 1942 es que se ha colapsado la jurisdicci¨®n", indica ?lvaro. Tambi¨¦n ayuda otro colapso: el econ¨®mico, derivado del bloqueo de millones de cuentas. Se produce entonces un archivo masivo de causas a republicanos insolventes o de poca responsabilidad y en 1945, se cancela la jurisdicci¨®n. Los casos pendientes pasan a una comisi¨®n liquidadora. Mientras funcion¨®, la jurisdicci¨®n pol¨ªtica fue "opaca" e "inquisitorial", seg¨²n Manuel ?lvaro. Ten¨ªa un car¨¢cter retroactivo -se purgaban hechos cometidos a partir de 1934-, la responsabilidad "no se extingu¨ªa con la muerte" y no se convocaban vistas orales. El acusado s¨®lo pod¨ªa enviar un pliego de descargos a trav¨¦s de un abogado. "Hab¨ªa 17 causas por las que incoaban un expediente, entre ellas, militar en partidos del Frente Popular, ser dirigente sindical o haber residido dos meses fuera de tu provincia antes del alzamiento", se?ala Fernando Mart¨ªnez, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Universidad de Almer¨ªa y coordinador de una investigaci¨®n sobre estos tribunales en Andaluc¨ªa. En dos a?os de trabajo, los 32 investigadores que participan en el proyecto han examinado 56.000 expedientes (las mujeres s¨®lo representan el 4,5%). "El elemento fundamental es el bot¨ªn de guerra", sostiene Mart¨ªnez. "Se consigui¨® el objetivo pol¨ªtico al generar un inmenso censo de rojos, pero se vio frustrado el econ¨®mico, en gran medida porque m¨¢s del 80% de los expedientados eran trabajadores o peque?os propietarios con rentas bajas", explica Antonio Barrag¨¢n, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad de C¨®rdoba. Pero con los afectados no hab¨ªa piedad: Barrag¨¢n ha encontrado casos en los que se confisca "la casa, la ropa, los aperos y hasta los utensilios de cocina".
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