La dignidad de Catalunya
EL PA?S reproduce el texto ¨ªntegro que publican hoy doce diarios editados en Catalu?a en defensa del Estatuto
Despu¨¦s de casi tres a?os de lenta deliberaci¨®n y de continuos escarceos t¨¢cticos que han da?ado su cohesi¨®n y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en refer¨¦ndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley org¨¢nica".
Ser¨¢ la primera vez desde la restauraci¨®n democr¨¢tica de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectaci¨®n es alta. La expectaci¨®n es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta c¨¢mara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situaci¨®n in¨¦dita en democracia. Hay, sin embargo, m¨¢s motivos de preocupaci¨®n. De los doce magistrados que componen el tribunal, s¨®lo diez podr¨¢n emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo P¨¦rez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto Garc¨ªa-Calvo) ha fallecido. De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo despu¨¦s del vencimiento de su mandato, como consecuencia del s¨®rdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposici¨®n sobre la renovaci¨®n de un organismo definido recientemente por Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero como el "coraz¨®n de la democracia". Un coraz¨®n con las v¨¢lvulas obturadas, ya que s¨®lo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de pr¨®rroga. Esta es la corte de casaci¨®n que est¨¢ a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal -un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a s¨ª mismo- no haremos mayor alusi¨®n a las causas del retraso en la sentencia.
La definici¨®n de Catalunya como naci¨®n en el pre¨¢mbulo del Estatut, con la consiguiente emanaci¨®n de "s¨ªmbolos nacionales" (?acaso no reconoce la Constituci¨®n, en su art¨ªculo 2, una Espa?a integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulaci¨®n del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricci¨®n m¨¢s evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a so?ar con cirug¨ªas de hierro que cercenen de ra¨ªz la complejidad espa?ola. Esta podr¨ªa ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptaci¨®n de la madurez democr¨¢tica de una Espa?a plural, o el bloqueo de esta. No s¨®lo est¨¢n en juego este o aquel art¨ªculo, est¨¢ en juego la propia din¨¢mica constitucional: el esp¨ªritu de 1977, que hizo posible la pac¨ªfica transici¨®n. Hay motivos serios para la preocupaci¨®n, ya que podr¨ªa estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud m¨¢xima de la Constituci¨®n, que no es otra que su car¨¢cter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir ¨²nicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley org¨¢nica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras).
El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensi¨®n real del marco de convivencia espa?ol, es decir, sobre el m¨¢s importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de r¨¦gimen a finales de los a?os setenta transmitir¨¢n a las j¨®venes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalizaci¨®n que relativiza las costuras m¨¢s r¨ªgidas del viejo Estado naci¨®n. Est¨¢n en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta a?os m¨¢s virtuosos de la historia de Espa?a. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jur¨ªdico, de ra¨ªz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Hay preocupaci¨®n en Catalunya y es preciso que toda Espa?a lo sepa. Hay algo m¨¢s que preocupaci¨®n.
Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura econ¨®mica, idioma y tradici¨®n cultural) como el defecto de fabricaci¨®n que impide a Espa?a alcanzar una so?ada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la Espa?a m¨¢s pobre; afrontan la internacionalizaci¨®n econ¨®mica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demogr¨¢fico que el de varios idiomas oficiales en la Uni¨®n Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del espa?olismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pac¨ªfica y probada capacidad de aguante c¨ªvico. Estos d¨ªas, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.
Estamos en v¨ªsperas de una resoluci¨®n muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias espec¨ªficas del asunto que tiene entre manos -que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo-, recordando que no existe la justicia absoluta sino s¨®lo la justicia del caso concreto, raz¨®n por la que la virtud jur¨ªdica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto pol¨ªtico sometido a refer¨¦ndum.
Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagn¨®stico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad d¨¦bil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondr¨¢ en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtenci¨®n de una financiaci¨®n justa y un salto cualitativo en la gesti¨®n de las infraestructuras son y seguir¨¢n siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un ampl¨ªsimo apoyo pol¨ªtico y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volver¨¢ a articular la leg¨ªtima respuesta de una sociedad responsable.
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