La defensa de los vecinos desalojados en Sevilla alega que la Junta permiti¨® la ocupaci¨®n

Diez d¨ªas es el plazo fijado por el juez para que el clan de los caracole?os abandone las viviendas p¨²blicas habitadas ilegalmente en Sevilla. El abogado defensor de las 41 familias, que el verano pasado se exiliaron del Pol¨ªgono Sur tras un tiroteo y se reinstalaron despu¨¦s de un ¨¦xodo chabolista, alegar¨¢ que durante a?os la Junta de Andaluc¨ªa tuvo conocimiento de la ocupaci¨®n y que, adem¨¢s, la falta de escrituras es frecuente en las Tres Mil Viviendas.

El abogado Jos¨¦ Estanislao, que se basar¨¢ en el principio de igualdad y de no discriminaci¨®n,

ha anunciado que intentar¨¢ acreditar ante el juzgado de Instrucci¨®n 8 de Sevilla que el colectivo de familias habit¨® estos pisos "con el conocimiento de la Junta de Andaluc¨ªa y sin que nadie les requiriese para abandonar las viviendas". Un total de 41 viviendas, propiedad de la Empresa P¨²blica del Suelo de Andaluc¨ªa (EPSA), que fueron adquiridos con los 42.000 euros que les concedi¨® el Ayuntamiento de Sevilla por el desalojo voluntario del poblado chabolista de Los Bermejales.

Despu¨¦s de que ayer compareciesen una decena de familias, Jos¨¦ Estanislao, abogado que representa al colectivo, ha informado de que hoy han declarado ocho miembros de unas seis familias por la supuesta "ocupaci¨®n ilegal". Estas familias, que en 2004 protagonizaron el pol¨¦mico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales, se auto exiliaron del Pol¨ªgono Sur en abril de 2009 por temor a represalias tras la muerte de un menor en un tiroteo, pero regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas.

Durante y despu¨¦s del ¨¦xodo chabolista, la ya extinta Consejer¨ªa de Vivienda inici¨® una investigaci¨®n administrativa en torno a la situaci¨®n y el r¨¦gimen de las viviendas p¨²blicas habitadas por estas familias. Al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas p¨²blicas carec¨ªan de vinculo legal alguno con los pisos en cuesti¨®n. La administraci¨®n auton¨®mica s¨®lo resolvi¨® positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularizaci¨®n de las viviendas. No obstante, una familia renunci¨® a la vivienda y otra no pertenec¨ªa propiamente al colectivo de chabolistas.