Expertos penales creen que la fiscal¨ªa vulner¨® la ley en sus tratos con EE UU
Aprecian faltas disciplinarias, infracci¨®n de derechos fundamentales y hasta delitos
"Una obscenidad", seg¨²n Leopoldo Torres, uno de los abogados de los familiares del caso Couso. "Un grave atentado a la soberan¨ªa nacional y a la independencia del Poder Judicial", seg¨²n la Asociaci¨®n Libre de Abogados (ALA), que define como "clientelismo y vasallaje" la relaci¨®n entre la Fiscal¨ªa espa?ola y la Embajada de Estados Unidos en los casos m¨¢s preocupantes para el Gobierno de ese pa¨ªs que se siguen en la Audiencia Nacional y en los que ALA ejerce la acusaci¨®n: Couso, los vuelos de la CIA y las torturas de Guant¨¢namo.
Los contactos entre el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, el responsable del ministerio p¨²blico en la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal coordinador de terrorismo, Vicente Gonz¨¢lez Mota, con diplom¨¢ticos de EE UU, revelada por los cables diplom¨¢ticos facilitados por Wikileaks a EL PA?S, ha causado una honda impresi¨®n en el mundo judicial. La ALA ha pedido la dimisi¨®n de los dos primeros y que Mota sea apartado del caso de los vuelos de la CIA.
Hasta sus compa?eros de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) hicieron p¨²blico un comunicado ayer en el que reclaman a Conde-Pumpido "las m¨¢s detalladas explicaciones" sobre esos contactos "para disipar cualquier atisbo de duda". Para la UPF, la fiscal¨ªa debe guiarse "exclusivamente por la legalidad y el derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta raz¨®n de Estado". EL PA?S ha consultado a profesores, abogados, jueces y fiscales por la responsabilidad en que los fiscales podr¨ªan haber incurrido. Este es el resultado.
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Evitar arrestos con los consejos de Conde-Pumpido
C¨¢ndido Conde-Pumpido inform¨® puntualmente a la Embajada de EE UU sobre la posici¨®n que mantendr¨ªa la fiscal¨ªa en el caso Couso y sus esfuerzos para que se archivara (lo consigui¨® en dos ocasiones). Tambi¨¦n recomend¨® al embajador que contestara un requerimiento del juez Santiago Pedraz sobre las identidades de los militares imputados para que no pareciera que no colaboraban. Estas son las posibles infracciones que, seg¨²n juristas consultados por EL PA?S, pudieron cometerse.
-Asesoramiento ilegal del fiscal general a la embajada. El Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal (EOMF) proh¨ªbe a los fiscales cualquier tipo de asesoramiento jur¨ªdico. Los abogados del caso consideran que el fiscal incumpli¨® esta prohibici¨®n castigada con una sanci¨®n disciplinaria.
-Prohibici¨®n de revelar datos del sumario. El art¨ªculo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal declara reservadas todas las diligencias que se practiquen en una investigaci¨®n penal y castiga con multa a quien las revele a cualquiera que no est¨¦ personado en el proceso. La Asociaci¨®n Libre de Abogados considera que el fiscal pudo haber infringido ese precepto.
-Revelaci¨®n de datos conocidos en ejercicio de funciones. El EOMF lo sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitaci¨®n de un proceso o a cualquier persona".
-Encubrimiento. La acusaci¨®n del caso Couso cree que pudo cometerse un delito de encubrimiento del 451 del C¨®digo Penal por "ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigaci¨®n de la autoridad".
Elegir el juzgado m¨¢s favorable al archivo
En el caso de las torturas en la prisi¨®n ilegal de Guant¨¢namo, la actuaci¨®n del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, seg¨²n los cables del Departamento de Estado, adelant¨® a la embajada de EE UU que intentar¨ªa que el caso recayera en el juez Ismael Moreno en lugar de Baltasar Garz¨®n. Tambi¨¦n aconsej¨® a las autoridades de ese pa¨ªs que abrieran una investigaci¨®n para evitar que la espa?ola pudiera seguir adelante.
-Vulneraci¨®n de un derecho fundamental. Los jueces y abogados consultados por este peri¨®dico consideran que la actuaci¨®n de Zaragoza recogida en los cables para que fuera Moreno y no Garz¨®n el juez del caso podr¨ªa haber afectado al derecho a la tutela judicial efectiva de las v¨ªctimas de las supuestas torturas Lahcen Ikasrrien, Hamed Abderram¨¢n Ahmed y el resto de querellantes. Ese derecho se recoge en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n y una de sus variantes es la del "derecho al juez natural predeterminado por la ley".
-Asesoramiento jur¨ªdico prohibido. El hecho de que Zaragoza aconsejara a EE UU, seg¨²n los cables, que abriera un caso para que se cerrara la investigaci¨®n espa?ola supondr¨ªa, seg¨²n algunos de los juristas consultados, una infracci¨®n disciplinaria ya que el EOMF proh¨ªbe a los fiscales el asesoramiento.
-Incumplimiento del principio de imparcialidad (art¨ªculo 48 EOMF). Con la informaci¨®n facilitada a EE UU del caso y los consejos a su embajada, el fiscal podr¨ªa haber vulnerado el principio de imparcialidad con el que, seg¨²n la ley, debe actuar. Algunos juristas creen que, con esta actitud, Zaragoza pudo cometer un "fraude procesal".
Conocer los informes del CNI con anterioridad
El esc¨¢ndalo de los vuelos de la CIA en 2005 y su tr¨¢nsito clandestino por aeropuertos europeos provoc¨® la apertura de un procedimiento penal en la Audiencia Nacional que la embajada se empe?¨® en impedir que prosperara. La legaci¨®n, seg¨²n se desprende de los telegramas filtrados y enviados desde la embajada de Madrid, quiso buscar la complicidad del fiscal, Vicente Gonz¨¢lez Mota.
El juez encargado del caso, Ismael Moreno, pidi¨® que se desclasificaran los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Ministerio de Defensa sobre los vuelos. Los cables aseguran que en enero de 2007 el fiscal anunci¨® al asesor legal de la embajada que no intentar¨ªa bloquear la iniciativa del magistrado porque conoc¨ªa con antelaci¨®n estos documentos y no conten¨ªan "ning¨²n elemento incriminatorio ni ninguna informaci¨®n sensible", seg¨²n uno de los telegramas. Los documentos desclasificados por el Consejo de Ministros el 9 de febrero efectivamente no aportaron ninguna novedad al caso. El fiscal habr¨ªa a?adido, siempre seg¨²n la versi¨®n de la embajada, que "el Gobierno espa?ol no buscar¨ªa informaci¨®n adicional del Gobierno de EE UU en relaci¨®n a este caso". Gonz¨¢lez Mota neg¨® el martes a este peri¨®dico que conociera previamente el contenido de los informes.
La opini¨®n de los juristas consultados es que la conducta del fiscal podr¨ªa ser constitutiva de una infracci¨®n de revelaci¨®n de datos conocidos en ejercicio de funciones. El Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal la sanciona como falta disciplinaria muy grave "cuando perjudique la tramitaci¨®n de un proceso o a cualquier persona".
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