Interior indemnizar¨¢ con 3.000 euros a un turista encarcelado por error
La resoluci¨®n llega fuera de plazo y difiere en gran medida de la cuant¨ªa solicitada por la defensa de la v¨ªctima, que reclama 50.000 euros por los da?os
Juan Enrique Tena Mart¨ªn se ha borrado del sistema. Ha desaparecido cualquier referencia a la orden de b¨²squeda y captura que emiti¨® por error la Audiencia Nacional y los cinco d¨ªas que pas¨® en el penal de Albolote (Granada) durante la Semana Santa de 2009, ya tienen un precio: 3.000 euros.
El Ministerio del Interior ha reconocido el da?o causado a este turista madrile?o que fue detenido en un hotel de Granada por un error en la base de datos de la Guardia Civil, donde sus datos personales aparec¨ªan confundidos con los de un pr¨®fugo, que en realidad llevaba m¨¢s de dos meses en prisi¨®n.
Nadie puede devolverle los d¨ªas que pas¨® entre rejas, pero ahora tratan de subsanar el error en los juzgados e incluso eso le ha llegado tarde. La Administraci¨®n ten¨ªa seis meses para contestar a la demanda de Tena, pero el plazo venci¨® en marzo y el denunciante tuvo que acudir a la v¨ªa de lo contencioso adminsitrativo, sin que la respuesta llegara hasta hace una semana y media escasa.
"Lo m¨¢s importante es que la decisi¨®n judicial ponga en evidencia que se produjo una "concatenaci¨®n de errores". La Polic¨ªa, la Guardia Civil, el juzgado e Instituciones Penitenciarias son culpables de que Juan Enrique Tena acabara en prisi¨®n", dice decidida Mar¨ªa Jos¨¦ L¨®pez, la abogada del madrile?o.
Su cliente necesit¨® tratamiento psiqui¨¢trico para superar el trauma y eso lo mantuvo alejado de su puesto como ATS en un hospital de la capital durante dos meses y medio. "Su rostro sali¨® en los medios asociado a un delincuente. Eso supone un shock que tambi¨¦n hay que cuantificar", se?ala la letrada. L¨®pez ha recurrido la sentencia e insiste en que los 600 euros por d¨ªa encarcelado (3.000 euros en total) que se han fijado son insuficientes. En su lugar, piden que esta cantidad se eleve hasta alcanzar los 50.000 euros. "Eso servir¨ªa para cubrir los costes del servicio jur¨ªdico, los gastos que le supuso su baja laboral y los da?os morales que van m¨¢s all¨¢ del tiempo que estuvo privado de libertad", argumenta la abogada.
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