Retorcido Estado de derecho
El primer juicio del 'caso G¨¹rtel' sentar¨¢ en el banquillo al diputado regional socialista que denunci¨® la corrupci¨®n mostrando un informe que la prensa public¨® cinco meses antes
El primer juicio relacionado con el caso G¨¹rtel, la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n de la actual etapa democr¨¢tica vinculada al Partido Popular, puede ser el que siente en el banquillo de los acusados por un delito de encubrimiento al dirigente socialista ?ngel Luna, portavoz de su grupo en las Cortes Valencianas. El socialista Luna no encubri¨® a los corruptos sino, supuestamente, a alguien que le entreg¨® un informe oficial de la polic¨ªa donde se detallaban las trampas de la red G¨¹rtel, en colaboraci¨®n con dirigentes del Gobierno de Francisco Camps, para hacer negocio con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en junio de 2006. Si los plazos se cumplen, la primera v¨ªctima judicial del caso G¨¹rtel puede ser un socialista.
As¨ª de retorcido es el Estado de derecho. La historia de esta sinraz¨®n es disparatada y rocambolesca.
El 24 de marzo de 2010, ?ngel Luna pidi¨®, una vez m¨¢s, explicaciones p¨²blicas a Camps sobre la corrupci¨®n que su Gobierno alimentaba con la red empresarial de Francisco Correa. Para apoyar su denuncia, el portavoz socialista esgrimi¨® el informe firmado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Polic¨ªa, seg¨²n el cual la trama G¨¹rtel gan¨® m¨¢s de tres millones de euros en tan solo dos d¨ªas sin necesidad de aparecer en toda la tramitaci¨®n del contrato de la visita del Papa pero controlando desde el primer minuto la operaci¨®n, pagada por la televisi¨®n valenciana.
El canal auton¨®mico estaba dirigido por Pedro Garc¨ªa Gimeno, un estrecho colaborador de Camps y un amigo m¨¢s que ¨ªntimo de los principales jefes de la red G¨¹rtel. Luna mostr¨® en el parlamento valenciano el documento de la polic¨ªa que detallaba con m¨²ltiples pruebas las miserias de los dirigentes del PP. Cinco meses antes de aquel 24 de marzo de 2010, el contenido de ese informe policial hab¨ªa sido publicado por distintos medios de comunicaci¨®n, entre ellos EL PA?S. Cuando el parlamentario socialista pregunt¨® a Camps por el pillaje de dinero p¨²blico durante la visita del Papa a Valencia, el secreto de ese cap¨ªtulo bochornoso de las andanzas de la trama G¨¹rtel ya no era secreto.
A los dirigentes del PP, acorralados por las sospechas de corrupci¨®n, les daba igual. Hartos de las molestas preguntas semanales de Luna a Camps, se querellaron contra el diputado socialista por revelaci¨®n de secretos (publicados cinco meses antes en los medios de comunicaci¨®n) y encubrimiento. El informe policial, dado a conocer por EL PA?S en octubre de 2009, pertenec¨ªa a una parte del sumario del caso G¨¹rtel declarada secreta.
El juez desestim¨® en febrero pasado el cargo de revelaci¨®n de secretos dado que Luna no era funcionario ni estaba personado en el caso cuando se produjeron los hechos, pero sigui¨® instruyendo el caso por encubrimiento y acab¨® decidiendo que el socialista se debe sentar en el banquillo para ser juzgado menos de un a?o despu¨¦s de que el diputado mostrara en las Cortes Valencianas el informe policial. Luna declar¨® que recibi¨® ese documento en un sobre sin remite en su despacho del parlamento, pero el juez no le ha cre¨ªdo.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el mismo ¨®rgano que sentar¨¢ a Luna en el banquillo, ha rechazado en los dos ¨²ltimos a?os investigar las m¨¢s graves corruptelas perpetradas por la red G¨¹rtel con el apoyo del PP: el irregular contrato de la visita del Papa y la financiaci¨®n ilegal del PP a trav¨¦s de contratistas de la Administraci¨®n valenciana o los contratos irregulares adjudicados a la trama corrupta sin concurso por casi todas las consejer¨ªas del Gobierno de Francisco Camps.
Los jueces valencianos, entre ellos el que sentar¨¢ a Luna en el banquillo, han aducido cuestiones de competencia -consideran que es el tribunal de Madrid quien debe instruir las distintas causas- para no investigar de momento si los indicios reunidos en miles de folios plagados de pruebas de graves delitos son suficientes para imputar a dirigentes del PP. En ese absurdo limbo viven algunas causas graves de corrupci¨®n pol¨ªtica pese a la insistencia de la oposici¨®n valenciana por exigir que se investiguen.
Con su trabajo parlamentario, Luna ha destapado durante dos a?os de preguntas la mendacidad del presidente valenciano Francisco Camps en sus respuestas -"no tengo relaci¨®n, ninguna relaci¨®n" con la trama corrupta, lleg¨® a decir al comienzo de su pesadilla.
A¨²n hoy, los dirigentes del Gobierno valenciano siguen negando irregularidades en el contrato que la televisi¨®n auton¨®mica firm¨® por casi siete millones de euros con una constructora leonesa para instalar pantallas de televisi¨®n y altavoces por las calles que el Papa iba a recorrer. La constructora, llamada Teconsa e implicada en otros enredos del caso G¨¹rtel, carec¨ªa de experiencia en la materia aunque no la necesitaba porque la trama corrupta lo ten¨ªa todo planificado, seg¨²n demuestran los documentos hallados en sus distintas sedes. Las empresas que realmente se encargaron de llevar a efecto el contrato fueron Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones, dos clientes habituales de la red G¨¹rtel para otros eventos organizados para el PP o para administraciones gobernadas por el PP.
Impacto Producciones y Apogee Telecomunicaciones cobraron tres millones de euros por el trabajo; pero Teconsa ingres¨® 6,4 millones de la televisi¨®n auton¨®mica. De la documentaci¨®n incautada por la polic¨ªa se desprende que los principales jefes de la trama se llevaron la mayor parte del bot¨ªn. ?lvaro P¨¦rez El Bigotes, jefe valenciano de la red G¨¹rtel y "amiguito del alma" de Camps, ara?¨® 500.000 euros; igual que Pedro Garc¨ªa, el director de Canal 9 que adjudic¨® el contrato a Teconsa; Francisco Correa, l¨ªder del tinglado corrupto, se pag¨® las obras de su casa de Valencia con parte del pastel.
Un negocio redondo que, algunos meses antes de la visita del Papa, ya preparaba con celo El Bigotes, seg¨²n sus conversaciones telef¨®nicas incorporadas al sumario: "Ahora mismo el presidente [Camps] est¨¢ en el Consejo de Gobierno. A lo mejor dicen que me nombran coordinador general de sus muertos para lo del Papa y, entonces, as¨ª me puedo tirar todo el puto d¨ªa en el r¨ªo [en referencia a las consecuencias que tendr¨ªa que se hiciera p¨²blico ese nombramiento] porque es que yo no puedo aparecer. Si me hacen una foto la liamos, entonces estamos haciendo las gestiones necesarias...".
Pese a todas estas pruebas, ning¨²n dirigente del PP valenciano ha salido avergonzado a pedir perd¨®n por el da?o ocasionado al inter¨¦s general. Solo andan empe?ados en buscar una condena para ?ngel Luna.
El portavoz socialista est¨¢ imputado y puede ser condenado por denunciar la corrupci¨®n mostrando un documento cuyo contenido era conocido desde hac¨ªa cinco meses y por no contar al juez qui¨¦n se lo entreg¨®. El delito de encubrimiento, seg¨²n el C¨®digo Penal, puede ser castigado con penas de entre seis meses y tres a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico.
Mientras tanto, la situaci¨®n de Pedro Garc¨ªa Gimeno, exdirector de la televisi¨®n auton¨®mica valenciana y uno de los supuestos mu?idores del pillaje durante los actos de la visita del Papa a Valencia, sigue en el limbo judicial. No est¨¢ ni siquiera imputado pese a que, como Camps, recibi¨® m¨²ltiples regalos de la trama corrupta y, como se?ala la polic¨ªa, se reparti¨® comisiones ilegales por contratos sobre los que ¨¦l mismo ten¨ªa la m¨¢xima responsabilidad.
Garc¨ªa Gimeno aprovech¨® el mes de agosto de 2009, apenas 45 d¨ªas antes de que se conociera a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n el esc¨¢ndalo de la visita del Papa y los contratos de Canal 9 con empresas ligadas a la red G¨¹rtel, para hacer mutis por el foro con una dimisi¨®n que todos atribuyeron a su relaci¨®n con la trama corrupta pero que ni siquiera el Gobierno de Camps quiso justificar as¨ª, porque era tanto como reconocer su culpabilidad.
En la historia judicial del caso G¨¹rtel, los jueces pueden tener el honor de haber juzgado y condenado antes a un pol¨ªtico socialista que denunci¨® las pr¨¢cticas ilegales que a todos los dirigentes del PP que contribuyeron y participaron de la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n que ha conocido la democracia.
As¨ª es, a veces, el retorcido Estado de derecho.
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