La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n considera desproporcionada la petici¨®n de las actas del Gobierno

La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n se ha opuesto a la petici¨®n de la juez que investiga los ERE irregulares de reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa desde 2001, medida que considera "desproporcionada" y que afecta a documentos que seg¨²n la ley son "materia reservada".

En un escrito entregado al juzgado de instrucci¨®n 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n sostiene que la petici¨®n de la juez "invade competencias que son propias de del Gobierno auton¨®mico", por lo que la ¨²nica alternativa aceptable ser¨ªa pedir certifiaciones expedidas por el secretario del Consejo de Gobierno.

Por ello, la fiscal¨ªa anticorrupci¨®n pide que la juez "decline su jurisdicci¨®n" y no reclame las actas, que desde la semana pasada est¨¢n guardadas cautelarmente en un armario acorazado del edificio de los juzgados sevillano.

Este escrito se une al que Anticorrupci¨®n entreg¨® la semana pasada, en el que recurri¨® directamente ante la Audiencia de Sevilla la orden de la juez de depositar en el plazo de tres d¨ªas copia compulsada de todos los acuerdos del Gobierno andaluz desde 2001 mientras se decid¨ªa sobre el conflicto de jurisdicci¨®n ante el Tribunal Supremo.

Ahora, la fiscal¨ªa explica que los acuerdos objeto de conflicto est¨¢n integrados "dentro del conjunto calificado como materia clasificada por la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales".

Por tanto, "¨²nicamente pueden hacerse p¨²blicos en la forma que determine la propia norma legal que los considere como tales, esto es cuando as¨ª lo acuerde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa".

El fiscal cree que la juez debe declinar su jurisdicci¨®n y no reclamar las actas, que son documentos en su conjunto y han sido pedidas "sin establecer ninguna discriminaci¨®n y abarcando tanto a las materias reservadas (los informes que queden incorporados a las actas) como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones)".

Aunque en un auto posterior de 30 de marzo la juez Mercedes Alaya "matiz¨®" su requerimiento en el sentido de que ¨²nicamente desea conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno y no las actas en su conjunto, "es evidente que ¨¦stas constituyen un todo inseparable en el que se podr¨¢n contener, no s¨®lo los documentos reservados, sino tambi¨¦n deliberaciones o votaciones que no s¨®lo son ya materia reservada, sino secreta", seg¨²n la fiscal¨ªa.

Si lo que precisa la investigaci¨®n son de modo exclusivo los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, bastar¨ªa con certificaciones de los mismos expedidas por el Secretario del Consejo, "sin que sean necesarias las actas en su totalidad para colmar las exigencias de la investigaci¨®n", sostiene el fiscal.

Adem¨¢s, califica de "desproporcionado" exigir la totalidad de las actas desde 2001 "sin hacer una selecci¨®n de las mismas ni tampoco delimitar con criterios m¨¢s precisos el ¨¢mbito de lo interesado".

Aunque una investigaci¨®n penal responda al inter¨¦s general, tambi¨¦n debe ser protegida como reflejo del inter¨¦s general "un ¨®rgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa", sostiene la fiscal¨ªa.