Penurias econ¨®micas en la justicia de la Comunidad Valenciana

La relaci¨®n del Gobierno de Francisco Camps con la justicia valenciana atraviesa una etapa delicada. El ¨²ltimo motivo de tensi¨®n ha sido la renuncia de la Generalitat, por dificultades presupuestarias, a abrir 15 juzgados que hab¨ªan sido autorizados por el Ministerio de Justicia.

Es la primera vez que una autonom¨ªa anula la creaci¨®n de unidades judiciales que hab¨ªa solicitado y hab¨ªan sido acordadas. Y sucede en la segunda comunidad que m¨¢s juzgados necesita por su sobrecarga de trabajo, solo por detr¨¢s de Andaluc¨ªa, seg¨²n alert¨® en mayo el Poder Judicial.

La renuncia de Camps ha sentado mal en el Gobierno y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el viernes manifest¨® una "honda preocupaci¨®n". "Significa", declar¨® su portavoz Gabriela Bravo, "no priorizar en tema de justicia y no garantizar la tutela judicial efectiva que los ciudadanos valencianos se merecen". La noticia tampoco ha sentado bien en amplios sectores de la Administraci¨®n de Justicia, que ven¨ªan denunciando el colapso de asuntos a causa de la crisis, la falta de medios elementales (folios, t¨®ner de impresora) y de personal. Y llega cuando los jueces se disponen a decidir el futuro de los responsables pol¨ªticos en todo el territorio valenciano, que est¨¢n acusados de corrupci¨®n.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, han sido se?alados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como presuntos autores de los delitos de cohecho, uso de informaci¨®n privilegiada y tr¨¢fico de influencias por ama?ar el nuevo plan urban¨ªstico de la ciudad con el constructor Enrique Ortiz. El presidente de la Generalitat est¨¢ a un paso del banquillo por aceptar supuestamente regalos de la trama G¨¹rtel. Su vicepresidente, Vicente Rambla, y los principales cargos del PP regional se enfrentan a penas de prisi¨®n por financiaci¨®n ilegal (delito electoral) y falsificaci¨®n mercantil. El mismo Rambla y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Mart¨ªnez, han sido imputados por cohecho y prevaricaci¨®n. Y sobre el hasta ahora presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, sigue est¨¢ndolo por tr¨¢fico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Una de las numerosas voces que se han alzado contra la renuncia a los juzgados ha sido la del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV), del que dependen territorialmente las unidades, y que es el competente para juzgar a los pol¨ªticos aforados.

Tres de las unidades que no se abrir¨¢n estaban previstas en Torrevieja, Benidorm y Alicante. Se trata de los tres municipios con los juzgados de primera instancia m¨¢s sobrecargados de Espa?a, seg¨²n el Consejo del Poder Judicial, que estima que la Comunidad Valenciana necesita con urgencia esos 15 y 48 m¨¢s. El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, cree que con ese n¨²mero se conseguir¨ªa, al menos, apuntalar el sistema.

El Ejecutivo de Francisco Camps ha justificado su decisi¨®n alegando b¨¢sicamente que las dificultades econ¨®micas le impiden cumplir con su parte: el reparto competencial establece que el Ministerio de Justicia paga a jueces, fiscales y secretarios judiciales y la comunidad aut¨®noma financia el salario del resto de personal, las infraestructuras y los medios materiales.

Pero a muchos expertos en el sector judicial les cuesta creer estas explicaciones. As¨ª lo revelan desde un sindicalista a un juez del mundo judicial valenciano, que cuentan por ejemplo que en el d¨ªa a d¨ªa en la justicia valenciana hay funcionarios que guardan los folios en el coche para que no se los quiten por necesidad los del juzgado de al lado; o magistrados que fabrican estanter¨ªas con cinta de embalar y cajas de cart¨®n para almacenar expedientes.

La situaci¨®n de los juzgados inici¨® un deterioro progresivo coincidiendo con la salida de Fernando de Rosa de la Consejer¨ªa de Justicia, en septiembre de 2008, para convertirse en vicepresidente del Consejo del Poder Judicial. Un proceso, a?aden, que se ha agravado en los ¨²ltimos meses.

El Gobierno de Francisco Camps que ostenta las competencias sobre los inmuebles, el personal de apoyo (todo excepto los jueces y los secretarios judiciales) y los recursos materiales necesarios para el funcionamiento de los juzgados, ha reducido en m¨¢s de un 2,5% el presupuesto de este a?o respecto al ejercicio anterior.

Los principales recortes se han realizado en el cap¨ªtulo de inversiones reales, que ha descendido un 17,6%, y en personal, con se ha rebajado en un 3,7%. Los gastos de funcionamiento est¨¢n congelados, pero no los gastos financieros que aumentar¨¢n en m¨¢s de un 60% para hacer frente a los cr¨¦ditos pendientes de amortizar.

Los problemas en la Administraci¨®n de Justicia se amontonan porque los gastos son mucho mayores que las dotaciones presupuestarias. El pasado mes de marzo, el Consell que preside Francisco Camps tuvo que buscar una soluci¨®n y renegociar la deuda que manten¨ªa con Correos, que suspendi¨® temporalmente el reparto de correspondencia de los juzgados ante el impago de una deuda de 33 millones de euros en sellos.

El Ejecutivo auton¨®mico logr¨® restablecer el servicio tras abonar un tercio del montante y refinanciar el resto en dos anualidades. Los sellos no han sido el ¨²nico problema de los juzgados, que en algunos casos han llegado a solicitar a los abogados que se trajesen los folios de casa por falta de papel. Algunas empresas, como la firma asturiana Grama, han presentado denuncias por el impago en el suministro de papel por valor de 199.000 euros.

Los abogados del turno de oficio, que meses atr¨¢s se manifestaron en la calle, padecen retrasos en sus retribuciones y el decano del Colegio de Procuradores, Francisco Cerrillo, ha sugerido al Gobierno de Camps que devuelva las competencias en materia judicial si no est¨¢ en disposici¨®n de sufragarlas. Las quejas se reproducen entre los distintos actores que sustentan la Administraci¨®n de Justicia en la Comunidad Valenciana, desde empresas de seguridad que han denunciado deudas millonarias con el Consell, que no paga las labores de protecci¨®n de los juzgados, hasta las fiscal¨ªas que reclaman que su cubran las plazas vacantes para poder atender la carga de trabajo.