Ocho bofetadas judiciales a la ordenanza de licencias

Ocho recursos judiciales se han interpuesto contra la ordenanza que regula la gesti¨®n y el control de las licencias urban¨ªsticas, y los ocho los ha perdido el Ayuntamiento de Madrid. El ¨²ltimo de ellos, hace unos d¨ªas, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anul¨® gran parte de la norma aprobada por el Pleno municipal el 29 de junio de 2009 a instancias del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. La decisi¨®n ¨²ltima queda ahora en manos del Tribunal Supremo, ante el que ha recurrido el Ayuntamiento.

Como en las anteriores sentencias, el TSJM considera que el Gobierno local carece de "cobertura legal suficiente", dado que la competencia para la homologaci¨®n y registro de las entidades colaboradoras en la gesti¨®n de licencias urban¨ªsticas (ECLU) corresponde a la Comunidad (que interpuso uno de los recursos).

Tras el caso Guateque, el mayor esc¨¢ndalo de corrupci¨®n reciente en el Ayuntamiento de Madrid, que afect¨® al proceso de concesi¨®n de licencias, el Gobierno local deleg¨® la gesti¨®n de estos permisos en empresas privadas, las mencionadas ECLU (hasta el momento se han registrado 27). El Gobierno local defiende que el nuevo sistema ha reducido considerablemente los tiempos (de m¨¢s de un a?o a menos de un mes, asegura) y costes de gesti¨®n, aunque el PSM ha denunciado que estos ¨²ltimos se han llegado incluso a triplicar.

Adem¨¢s, el TSJM cree que el art¨ªculo 34 de la ordenanza (que regula las inspecciones t¨¦cnicas) "choca abiertamente" con el art¨ªculo 18.2 de la Constituci¨®n (que garantiza que "el domicilio es inviolable"), "pues obliga al titular de la actividad a autorizar a otro particular [un inspector] el acceso a los espacios f¨ªsicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas". A este respecto, seg¨²n el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el Gobierno municipal alegar¨¢ en su recurso al Supremo que la inspecci¨®n se hace con consentimiento del usuario, como las revisiones del gas.

Por ¨²ltimo, la sentencia asegura que la norma crea "indefensi¨®n" al obligar a reclamar ante la ECLU si se deniega el certificado previo al tr¨¢mite de la licencia, lo que "puede dilatar en el tiempo notablemente la concesi¨®n" de esta. Seg¨²n Bravo, la ordenanza garantiza de forma "insoslayable" una "tutela judicial adecuada, sin merma alguna para los derechos del ciudadano".

El Ayuntamiento ha recurrido todas las sentencias anteriores, y har¨¢ lo mismo con esta ¨²ltima, la semana que viene, por lo que la decisi¨®n final queda ahora en manos del Tribunal Supremo. Bravo ha precisado que los argumentos jur¨ªdicos son "d¨¦biles", y, aun en el caso de que los magistrados obligaran finalmente a modificar la ordenanza, las licencias concedidas seguir¨ªan siendo v¨¢lidas. A ese respecto, el portavoz municipal de IU, ?ngel P¨¦rez, se?al¨® jocoso: "Esas licencias ser¨ªan m¨¢s sospechosas que un contrato fijo en este pa¨ªs".