Una buena ley mal aplicada

En los ¨²ltimos d¨ªas se ha hablado mucho sobre la Ley de Costas. Desde el movimiento ecologista queremos manifestar nuestro apoyo a una ley que, a la vista de la situaci¨®n actual, deber¨ªa ser reforzada y no rebajada. La Ley de Costas es la mejor garant¨ªa para salir de esta crisis econ¨®mica sin sacrificar el delgado tramo de nuestro territorio que proporciona innumerables servicios naturales, como por ejemplo la defensa contra los temporales, y que nos proporciona un 10% del PIB.

Sin embargo, desde que comenz¨® a aplicarse, la ley se ha enfrentado a poderosos detractores: aquellos que solo ven en la franja costera una gran parcela a urbanizar, o aquellos que han sido v¨ªctimas de la desidia y arbitrariedad con la que muchos ayuntamientos, comunidades aut¨®nomas y las propias demarcaciones de costas han jugado a su antojo.

Con la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, se dio un paso muy importante en la conservaci¨®n de los recursos naturales. La nueva ley establec¨ªa claros l¨ªmites al proceso de desfiguraci¨®n que desde la d¨¦cada de los 50 se hab¨ªa iniciado en la costa, haciendo patente el uso p¨²blico de la costa para todos los ciudadanos. El servicio p¨²blico del litoral aparece ya recogido en el art¨ªculo 132 de la Constituci¨®n espa?ola.

Los deslindes realizados hasta ahora est¨¢n ratificados por sentencias del Tribunal Supremo

La Ley 22/1988 de Costas establec¨ªa un plazo de cinco a?os tras su entrada en vigor para completar el deslinde ¨Cla delimitaci¨®n cartogr¨¢fica- del Dominio P¨²blico Mar¨ªtimo Terrestre. Sin embargo, transcurridos m¨¢s de cuatro lustros, el proceso a¨²n no se ha completado. Este dato es fundamental para entender por qu¨¦ no se puede ahora poner en duda la ley, ya que supondr¨ªa tirar por la borda el ingente trabajo de la Administraci¨®n p¨²blica para delimitar m¨¢s del 90% de los 8.000 kil¨®metros del litoral. Estos deslindes, adem¨¢s, est¨¢n ratificados por sentencias firmes del Tribunal Supremo, ¨®rgano que ha confirmado la legalidad de la actuaci¨®n de la Administraci¨®n a lo largo de sus 24 a?os.

Adem¨¢s, la Ley de Costas, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos leg¨ªtimos, dando el nada desde?able plazo de 30 a?os prorrogables otros 30 para buscar otra ubicaci¨®n al gran n¨²mero de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existe, pues, inseguridad jur¨ªdica o limitaci¨®n desproporcionada sino, m¨¢s bien, garant¨ªas y soluciones equilibradas aceptadas por el Constitucional.

La reforma que ahora se anuncia no es el primer intento de descafeinar la protecci¨®n de la costa. En 2002 el Gobierno de Aznar introdujo varios cambios en la ley -escondidos en la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales ¨C que fomentaban la ocupaci¨®n m¨¢s completa del litoral, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar y favoreciendo los planes urban¨ªsticos de los ayuntamientos. Despu¨¦s, el Gobierno de Zapatero tambi¨¦n modific¨® la norma a trav¨¦s de segundas como la Ley de Econom¨ªa Sostenible. Y ahora, con el cambio de Gobierno, se anuncia una ¡°profunda reforma¡±.

Para mejorar la competitividad no hace falta modificar la Ley de Costas, sino gestionar de forma integral los usos en el litoral

En lugar de perseguir a quienes se enriquecieron gracias a la corrupci¨®n y los desmanes urban¨ªsticos, se deja entrever un escenario de continuidad que dar¨ªa por bueno el beneficio privado y la b¨²squeda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el provecho que nos reporta una costa al servicio de todos. El peligro con esta reforma es que se premie a quienes se gu¨ªan por la especulaci¨®n. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido a menos de 20 metros de la costa.

Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acci¨®n, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideramos que la aplicaci¨®n de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios v¨ªctimas de la mala gesti¨®n administrativa (estudiando caso por caso). La mejor pol¨ªtica que se debe ejecutar es favorecer la conservaci¨®n del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa espa?ola puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservaci¨®n favorable. Para mejorar nuestra competitividad econ¨®mica, sobre todo la tur¨ªstica, no hace falta modificar la ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral.

El respeto a los procesos ecol¨®gicos no es un freno al progreso, es el camino para salir de la crisis. Adem¨¢s, no se lo pueden permitir ni dunas ni albuferas ni calas. Pero tampoco se lo pueden permitir ni la industria tur¨ªstica ni las pesquer¨ªas artesanales, y mucho menos los pueblos costeros y sus paseos mar¨ªtimos, que ven peligrar la seguridad ciudadana por la previsible subida de nivel del mar y las inundaciones y avenidas debido al cambio clim¨¢tico. En Espa?a se han destruido en 20 a?os el equivalente a ocho campos de f¨²tbol al d¨ªa en la costa. Y la situaci¨®n en insostenible. Con la vista puesta en el futuro de este pa¨ªs, la reforma de la Ley de Costas ser¨ªa el peor de los mensajes porque ya hemos aprendido que el ladrillo no es la soluci¨®n.

Mario Rodr¨ªguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace. Francisco Segura Castro es coordinador de Ecologistas en Acci¨®n. Firman tambi¨¦n este art¨ªculo las organizaciones Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF.