Partido Popular y justicia: el sue?o del 'eterno retorno'
Los proyectos de Ruiz-Gallard¨®n son disposiciones derogatorias de lo legislado en los ¨²ltimos treinta a?os. No es la modernizaci¨®n de la justicia, sino su deconstrucci¨®n
Analizadas con detenimiento, la bater¨ªa de pretendidas reformas anunciadas por el ministro de Justicia traen a la memoria la imagen del eterno retorno: los mismos acontecimientos de hace 30 a?os se volver¨¢n a repetir en el mismo orden, tal cual ocurrieron, sin ninguna posibilidad de variaci¨®n.
El discurso de Ruiz-Gallard¨®n traslada la fatalidad de lo inevitable. Aunque aparec¨ªa como un pol¨ªtico con aires de gran reformista, en el fondo y en las formas no ha pretendido sino devolver a la justicia de este pa¨ªs al escenario y situaci¨®n anterior a 1982. Los proyectos de referencia son, en realidad, meras disposiciones derogatorias de lo legislado en los ¨²ltimos 30 a?os. No es la modernizaci¨®n de la justicia sino la deconstrucci¨®n.
Los ecos del aumento de las penas y la sombra de la cadena perpetua, la imposici¨®n de nuevas tasas para litigar y recurrir, la capitidisminuci¨®n de las mujeres menores de 18 a?os que quieran abortar ¡ªtendr¨¢n que recabar necesariamente el consentimiento paterno¡ª, la vuelta al modelo de designaci¨®n de vocales del Consejo General del Poder Judicial por elecci¨®n directa de los propios jueces... Todas estas medidas nos devuelven a todos a un modelo de administraci¨®n de justicia y a un r¨¦gimen de derechos y libertades anclado en albores de la Espa?a constitucional; un retroceso que no tiene ning¨²n sentido.
Es una pena porque el Partido Popular y, concretamente, el nuevo ministro de Justicia gozaban de una oportunidad ¨²nica para modernizar de modo efectivo la justicia espa?ola y superar la crisis institucional que ha colocado a la justicia de este pais en las cotas m¨¢s bajas de credibilidad y prestigio. Un partido con mayor¨ªas absolutas en las Cortes, en los parlamentos auton¨®micos y en los ayuntamientos podr¨ªa impulsar un proceso de regeneraci¨®n de la democracia y de sus ¨®rganos con absoluta legitimidad. En otros pa¨ªses de nuestro entorno han sido los partidos conservadores los que han asumido la bandera del reformismo.
En otros pa¨ªses de nuestro entorno han sido los partidos conservadores los que han asumido la bandera del reformismo
Es una pena porque quedaron pendientes proyectos consensuados en la anterior legislatura destinados a la creaci¨®n de tribunales de instancia que permitir¨ªan la ampliaci¨®n de la planta judicial sin el coste de tener que crear y dotar nuevos juzgados, que incrementar¨ªan la seguridad jur¨ªdica en muchas resoluciones y garant¨ªzar¨ªan una coordinaci¨®n efectiva entre los jueces de una misma ciudad y orden jurisdicional que actualmente es imposible. Tambi¨¦n parece que se haya renunciado a los proyectos de informatizaci¨®n integral e inteligente de los expedientes judiciales, la unificaci¨®n de programas de gesti¨®n de la informaci¨®n ahora sometidos a las particularidades de cada comunidad aut¨®noma. Tambi¨¦n, a un procedimiento penal de nuevo cu?o que evite el desorden de la fase de instrucci¨®n y el quebranto de las m¨ªnimas garant¨ªas en muchos procedimientos como consecuencia de la aplicaci¨®n de una ley decimon¨®nica.
Es una pena porque la mayor¨ªa absoluta no se convierte en la raz¨®n absoluta ni ha de servir como una forzada m¨¢quina del tiempo que entierre incluso el legado de las dos legislaturas del PP en el Gobierno. No puede olvidarse que el Pacto de Estado por la justicia se firm¨® con mayor¨ªa absoluta del PP con la intenci¨®n de dar una salida definitiva al cuestionamiento de los posibles sistemas de elecci¨®n de los vocales del CGPJ.
Cuando se lee que el posible motor de la regeneraci¨®n del poder judicial pasa por volver a un modelo de hace m¨¢s de treinta a?os se olvida que dicho modelo no garantiz¨® un poder judicial verdaderamente independiente en su momento y que el Consejo no es ni debe ser el ¨®rgano de representaci¨®n de la judicatura, sino del poder judicial como poder del estado.
La elecci¨®n de un 60% de los vocales por los jueces convertir¨ªa el Consejo en algo distinto de lo que debe ser un pilar del Estado de Derecho
Ciertamente, en otros pa¨ªses los ¨®rganos de gobierno de la justicia son elegidos parcial pero directamente por los jueces, aunque en esos paises las competencias de los consejos son muy inferiores a las del Consejo espa?ol que ha ido incorporando durante estos a?os competencias superiores incluso a las que anta?o ten¨ªa el Ministerio de Justicia, hasta el punto de que en alg¨²n momento se ha planteado la supresi¨®n de dicho ministerio.
La elecci¨®n de un 60% de los vocales directamente por los jueces llegar¨ªa a convertir el Consejo en algo distinto de lo que debe ser un pilar del Estado de Derecho. Los jueces deben ser absolutamente indepdendientes a la hora de resolver los conflictos jur¨ªdicos, pero en el reflejo organizativo y funcional de la actividad de los juzgados, en su incidencia como servicio p¨²blico es obvio que debe existir un mayor control de la justicia, deben mejorarse los mecanismos de daci¨®n de cuentas del consejo y de sus vocales a las cortes y a los parlamentos para abordar las disfunciones, los retrasos injustificados, la falta de motivaci¨®n de algunas resoluciones.
La llamada politizaci¨®n de la justicia no se evita por medio de un sistema de elecci¨®n directa por los propios jueces, la politizaci¨®n se evita articulando mecanismos de control y responsablidad efectivos, exigiendo que el consejo y sus vocales presenten en el parlamento los proyectos y programas en base a los cuales van a gestionar sus presupuestos. El Consejo tiene competencias en la formaci¨®n de los jueces, en el desarrollo de su carrera profesional, en los nombramientos, en el r¨¦gimen disciplinario, en el rendimiento ... Todas estas cuestiones es obvio que no afectan solo a los jueces sino a la calidad de la justicia, por lo tanto afectan a todos los ciudadanos y los ciudadanos hoy por hoy no pueden elegir directamente a los vocales del consejo, pero s¨ª a los diputados y senadores.
Diariamente la prensa demuestra que la justicia no es una cuesti¨®n que ata?a fundamentalemente a los jueces, los conflictos en los que se ve envuelto el CGPJ y los principales ¨®rganos judiciales del pa¨ªs mediatizan aspectos fundamentales de la realidad econ¨®mica, pol¨ªtica y social del pa¨ªs, tienen incluso repercusi¨®n internacional, de ah¨ª que sea imprescindible garantizar que el ¨®rgano de gobierno del poder judicial no queda sometido a las tensiones de la carrera judicial, al corporativismo m¨¢s rancio. La vuelta a la elecci¨®n directa de un 60% de los vocales por los propios jueces convertir¨ªa al consejo en una instituci¨®n distinta de la que dise?¨® la Constituci¨®n, sin la certeza de que ese cambio mejorara las muchas disfunciones advertidas hasta ahora.
En definitiva se deber¨ªa evitar que la anunciada reforma de la LOPJ y el resto de medidas no sean sino el regreso a un pasado tenebroso.
Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo es magistrado.
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