Litoral en retroceso

El Gobierno ha anunciado su intenci¨®n de reformar la Ley de Costas y los primeros mensajes emitidos hacen temer una peligrosa relajaci¨®n en los mecanismos que esa norma estableci¨® para frenar los desmanes urban¨ªsticos en el litoral espa?ol. Aquella Ley de 1988 fij¨® la obligaci¨®n de delimitar las zonas consideradas de dominio p¨²blico, prohibi¨® la construcci¨®n en las mismas y permiti¨® la existencia de edificaciones previas como concesiones estatales durante un plazo de 30 a?os (prorrogables hasta 60) antes de acabar con ellas.

El titular de Agricultura, Alimentaci¨®n y Medio Ambiente, Miguel Arias Ca?ete, aludi¨® en una de sus primeras comparecencias como ministro a la necesidad de compatibilizar la norma con el desarrollo econ¨®mico y anunci¨® el alargamiento de las concesiones. En las siguientes semanas, su departamento ha desgranado otras razones. Un reciente informe ministerial habla de la arbitrariedad con la que se ha hecho el trazado de los deslindes (delimitaci¨®n de zonas p¨²blicas) durante estos a?os y de la ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± que ha generado en propietarios de construcciones que eran legales antes de 1988.

La Ley de Costas naci¨® con la vocaci¨®n de poner freno al urbanismo desaforado que ha devastado el litoral, invadiendo sin piedad playas, dunas y marjales. Las dificultades para aplicarla han sido enormes, hasta el punto de producir una divisi¨®n interna en el PSOE, partido que la impuls¨®. Se ha deslindado el 95% de la costa y se han afrontado los pleitos de los afectados, ganados en su mayor¨ªa por la Administraci¨®n, as¨ª como un recurso ante el Constitucional, que aval¨® la ley.

No es casualidad que el PP dejara intacta una norma legal que no le gustaba durante su primera etapa en el poder (1996-2004) y que, sin embargo, arremeta ahora contra ella. Dentro de seis a?os, en 2018, caducan muchas de las concesiones y, en consecuencia, el Gobierno de turno deber¨ªa gestionar el desalojo de cientos de propiedades. La intenci¨®n del partido gobernante de echar marcha atr¨¢s no es una buena noticia y no solo para el medio ambiente. A corto plazo puede reportar ventajas econ¨®micas, pero el deterioro del litoral espa?ol tambi¨¦n es una seria amenaza para la industria tur¨ªstica a largo plazo. Reformar la norma ser¨¢ la tabla de salvaci¨®n de muchos negocios privados que ocupan suelo p¨²blico, pero generar¨¢ m¨¢s inseguridad jur¨ªdica al perjudicar injustamente a los que ya cumplieron con ella.

Con este proyecto, el Partido Popular demuestra una t¨¢ctica cortoplacista y un escaso respeto hacia lo p¨²blico. Arias Ca?ete no es el titular de Econom¨ªa, sino de Medio Ambiente y como tal ser¨ªa m¨¢s esperable que se esmerara en una mejor aplicaci¨®n de una ley que, lamentablemente y debido en ocasiones a la presi¨®n de las autoridades locales, ni siquiera ha logrado evitar nuevas construcciones en un litoral comido por el ladrillo.