Reparaci¨®n pendiente
El Gobierno vasco quiere incluir entre las v¨ªctimas injustas las de abusos policiales
El Gobierno vasco prepara un decreto destinado al reconocimiento y reparaci¨®n de v¨ªctimas de abusos policiales entre 1968, a?o en el que se produjo el primer atentado mortal de ETA, y la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n, 10 a?os despu¨¦s. La iniciativa ha sido considerada inoportuna por asociaciones de v¨ªctimas de ETA y tambi¨¦n por sindicatos policiales, pese a que la intenci¨®n declarada del futuro decreto no es buscar culpables o iniciar investigaciones sobre responsabilidades penales, sino resarcir a esas v¨ªctimas.
En contra de esa opini¨®n, el Gobierno de Vitoria considera que, tras el cese del terrorismo de ETA, ahora es el momento de abordar una cuesti¨®n pendiente desde hace a?os: la de las personas muertas o heridas por disparos policiales en controles de carretera, en el curso de manifestaciones, por equivocaci¨®n de los agentes, etc¨¦tera. En situaciones diversas, pero acotadas: en el Pa¨ªs Vasco y en el contexto de la ¡°violencia de motivaci¨®n pol¨ªtica vivida¡± en esos a?os finales del franquismo y primeros de la Transici¨®n.
Las decenas de v¨ªctimas producidas en esas circunstancias, unas 60 seg¨²n una primera estimaci¨®n, permanec¨ªan en un terreno impreciso: no pueden ser equiparadas a las v¨ªctimas de la violencia parapolicial amparada por los aparatos del Estado, reconocidas en la Ley de V¨ªctimas de Organizaciones Terroristas. En ocasiones ni siquiera hab¨ªan dado motivo para procedimientos judiciales, o se hab¨ªan abierto y cerrado sin consecuencias para los autores ni resarcimiento para las v¨ªctimas. El asunto ya fue planteado por el anterior Gobierno, en tiempos de Ibarretxe. Pero decay¨® por falta de consenso, bajo la acusaci¨®n de falta de rigor en la elaboraci¨®n del listado de posibles personas afectadas.
Adem¨¢s de ser un acto de justicia y de restablecimiento de la verdad, esta iniciativa aspira a hacer frente a una operaci¨®n del mundo nacionalista radical, que poco despu¨¦s del cese de ETA present¨® un listado de 474 ¡°v¨ªctimas de la represi¨®n de los Estados¡± en el que, junto a v¨ªctimas reales de abusos policiales, se inclu¨ªan desde etarras muertos al estallarles la bomba que preparaban o ca¨ªdos en enfrentamientos armados con las Fuerzas de Seguridad, hasta familiares de presos fallecidos en accidentes de carretera y presentados como v¨ªctimas de la pol¨ªtica penitenciaria del Gobierno.
El objetivo evidente de ese planteamiento era, y es, acreditar su teor¨ªa de las dos violencias sim¨¦tricas, buscando un paralelismo forzado con situaciones como la de Irlanda del Norte, con sus terrorismos sectarios. Frente a esa pretensi¨®n, la iniciativa del Gobierno vasco puede ser ¨²til para desmontar cualquier equiparaci¨®n entre esas v¨ªctimas de comportamientos policiales injustos en actuaciones concretas y la violencia persistente, sistem¨¢tica y cruel de ETA. Para que lo consiga es necesario un requisito: el consenso y, junto a ello, la precisi¨®n a la hora de establecer criterios claros a fin de determinar qui¨¦nes sufrieron vulneraci¨®n de sus derechos.
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