Queremos saber

El Gobierno y el Parlamento dan ciertas muestras de inter¨¦s por impulsar las indagaciones sobre el robo de ni?os utilizados para adopciones ilegales, una lacra que se abati¨® sobre Espa?a en la posguerra, en plena dictadura franquista, y dur¨® hasta 1987, ya en la ¨¦poca democr¨¢tica. Es importante que ese impulso no se quede en un brindis al sol, dado el pobre resultado que proporciona la v¨ªa judicial. Hay 1.414 causas abiertas por estos hechos, seg¨²n se recoge en un informe de la Defensora del Pueblo, pero solo se sabe de la imputaci¨®n de una persona por presunta detenci¨®n ilegal, en concreto una monja en un juzgado de Madrid.

La Fiscal¨ªa General del Estado fren¨®, hace ya un a?o, la tendencia a considerar prescritos los delitos denunciados. La gran mayor¨ªa de los procesos por robos de beb¨¦s fueron iniciados mucho despu¨¦s de ocurridos los hechos, lo cual pone las cosas muy dif¨ªciles a los que recurren a la justicia para buscar a hijos o hermanos, y reduce el ¨¢mbito judicial a los que se han enterado ahora de que son hijos adoptados, porque en estos casos el plazo de prescripci¨®n empieza a contar desde que cumplieron los 18 a?os. Es cierto que el paso del tiempo complica la obtenci¨®n de pruebas, pero el hallazgo de sepulturas vac¨ªas, en las que deber¨ªa haber cuerpos de beb¨¦s, dan base a las firmes sospechas sobre la existencia del tr¨¢fico ilegal de reci¨¦n nacidos.

El Tribunal Supremo ha alzado otro obst¨¢culo, cerrando la v¨ªa a los ¡°juicios de la verdad¡±: no se puede averiguar el paradero de desaparecidos ni dar satisfacci¨®n a las v¨ªctimas sin que exista un imputado vivo y siempre que el delito no haya prescrito, seg¨²n la doctrina sentada en la sentencia sobre Baltasar Garz¨®n y la investigaci¨®n de los desaparecidos del franquismo.

Por eso las actuaciones judiciales en curso son meros datos sueltos. Estamos ante una cadena escandalosa de hipocres¨ªas, de fundamentalismo moral y de silencios c¨®mplices, que sostuvieron semejante aberraci¨®n durante decenios y que afecta a miles de personas. El coraje de las asociaciones de v¨ªctimas ha de verse correspondido con un fuerte impulso por parte del Ejecutivo ¡ªvarios ministros tienen citados a grupos de afectados¡ª y el Congreso deber¨ªa mostrarse muy activo. Lo intolerable ser¨ªa condenar a la v¨ªa muerta a un asunto en el que la investigaci¨®n institucional ha resultado escasa.