Incre¨ªbles Presupuestos

No es frecuente que un Gobierno se proponga reducir el d¨¦ficit p¨²blico en m¨¢s de tres puntos porcentuales del PIB en un solo ejercicio econ¨®mico. Mucho menos que lo trate de hacer cuando la econom¨ªa se encuentra inmersa en una profunda recesi¨®n, con una tasa de desempleo camino del 25% de la poblaci¨®n activa. Si, adem¨¢s, las econom¨ªas que tradicionalmente constituyen sus principales mercados de exportaci¨®n tambi¨¦n se encuentran deprimidas, el empe?o se empieza a convertir en un ejercicio de heroicidad.

Ese pa¨ªs es el nuestro. Adicionalmente a ese cuadro b¨¢sico, fundamento del ejercicio de presupuestaci¨®n, la deuda privada, la de las familias y las empresas, se encuentra en niveles sin precedentes, y el cr¨¦dito bancario, en tasas negativas de variaci¨®n. Eso ayuda a comprender el marcado escepticismo con que se contemplan esos prop¨®sitos del Gobierno espa?ol, en gran medida impuestos por la Comisi¨®n Europea. Escepticismo que, en el caso de los inversores en bonos del Tesoro, se traduce en exigencias de una mayor remuneraci¨®n a esos t¨ªtulos p¨²blicos.

A esas pretensiones dif¨ªcilmente alcanzables se a?aden algunas anomal¨ªas en el propio ejercicio de elaboraci¨®n de esos presupuestos que no han contribuido precisamente a fortalecer la confianza de los inversores, ni la de las instituciones comunitarias. La m¨¢s destacada ha sido la inexplicable tardanza en dar a conocer los propios Presupuestos. La sospecha de que esa tard¨ªa difusi¨®n, dada la magnitud de los ajustes en cap¨ªtulos considerados sensibles socialmente, ha sido motivada por la convocatoria de las elecciones andaluzas, a?ade mayor incomodidad en aquellas instituciones supervisoras del proceso de saneamiento financiero p¨²blico y, eventualmente, suministradoras de los apoyos financieros necesarios. La otra irregularidad que tampoco ha sido bien recibida por las instituciones comunitarias es la unilateral reducci¨®n del objetivo inicialmente comprometido por Espa?a. Que la reducci¨®n fuera todav¨ªa de m¨¢s dif¨ªcil consecuci¨®n, hasta el objetivo inicialmente comprometido, no era causa suficiente para que sin consulta previa el presidente del Gobierno no desvelara sus intenciones sino fuera de las instancias comunitarias.

Ese es el contexto en el que ha nacido el principal instrumento de la pol¨ªtica econ¨®mica espa?ola, correspondiente al a?o probablemente m¨¢s complicado y amenazante para la econom¨ªa de Espa?a y el bienestar de los ciudadanos. Los contribuyentes conocieron desde el principio que ver¨ªan elevadas sus tarifas del IRPF, y m¨¢s tarde, que se reducir¨ªan partidas b¨¢sicas de servicios como la sanidad y la educaci¨®n, adem¨¢s de otras no menos relevantes a medio y largo plazo, como la inversi¨®n p¨²blica en capital f¨ªsico o la destinada a fortalecer el capital tecnol¨®gico, esencial para no retroceder en la necesaria modernizaci¨®n de la econom¨ªa, en el fortalecimiento de su capacidad competitiva.

Los riesgos asociados a ese ejercicio de voluntarismo dif¨ªcilmente cre¨ªble son elevados. La aplicaci¨®n de los cuantiosos ajustes en el gasto p¨²blico no garantizar¨¢n la consecuci¨®n del objetivo propuesto. Para que este sea posible ser¨¢ necesario conseguir los ingresos p¨²blicos previstos. Un prop¨®sito que se presenta poco compatible con contracciones del PIB en el entorno del 2%, a pesar de que los contribuyentes reduzcan su renta disponible para satisfacer esos mayores impuestos directos.?