Derecho limitado

En nombre de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Gobierno de Mariano Rajoy le ha arrebatado su propia naturaleza. La asistencia sanitaria p¨²blica era un derecho universal desde 1986 de ¡°todos los espa?oles y los ciudadanos extranjeros¡± que tuvieran establecida ¡°su residencia en el territorio espa?ol¡±. Ahora, con el real decreto aprobado por el Gobierno, es un derecho solo para ¡°aquellas personas que ostenten la condici¨®n de asegurado¡±, una condici¨®n que impone el texto normativo publicado el martes en el Bolet¨ªn Oficial del Estado y que deja en entredicho los desmentidos oficiales de ayer de la propia ministra de Sanidad Ana Mato, empe?ada en negar la evidencia.

La Ley General de 1986, que ayer cumpli¨® justamente 26 a?os, fue una importante conquista social. Su aplicaci¨®n ha llevado a?os y aun hoy hay flecos pendientes para cumplir con una norma clave del desarrollo del sistema sanitario espa?ol y que establec¨ªa que la salud deb¨ªa estar ¡°orientada a la superaci¨®n de los desequilibrios territoriales y sociales¡±. El real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud deroga el esp¨ªritu de aquella ley dejando sin cobertura a algunos colectivos ¡ªinmigrantes en situaci¨®n irregular¡ª y, como m¨ªnimo, complica el acceso al sistema a otros ¡ªmayores de 26 a?os no cotizantes y divorciados sin ingresos¡ª.

Resulta dif¨ªcilmente explicable que el Gobierno haya utilizado un real decreto presentado como una bater¨ªa de medidas de ahorro para acometer un cambio de tal profundidad. Un cambio que, seg¨²n proyecta el Ejecutivo, ni siquiera se someter¨¢ al amplio debate parlamentario que le corresponder¨ªa. A falta de un desarrollo reglamentario posterior, lo cierto es que el texto legal parece abrir la puerta a un modelo distinto, lleno de inquietantes interrogantes. Sanidad deber¨ªa explicar qu¨¦ pasar¨¢ el 1 de septiembre con los inmigrantes irregulares sometidos a un tratamiento grave o qu¨¦ requisitos se pedir¨¢ al joven que, al cumplir los 26 a?os sin haber cotizado, tenga que renovar su tarjeta sanitaria. Tras la afirmaci¨®n de Mato de que ¡°nadie quedar¨¢ sin cobertura¡± hay ahora una base legal m¨¢s endeble. No cotizar a la Seguridad Social sin ser parado, pensionista, ganar por debajo del salario m¨ªnimo o disfrutar de una prestaci¨®n peri¨®dica deja fuera del sistema al ciudadano. Y si todo siguiera como hasta ahora como dice Mato, mejor se hubieran ahorrado en el nuevo texto tanto condicionante.

Aun m¨¢s inexplicable resulta tal cambio si se tienen en cuenta los escasos ahorros que conlleva; muy por debajo de lo estimado por la propia ministra, que los cifr¨® en 500 millones mientras c¨¢lculos profesionales los sit¨²an en menos de la mitad. Lo mismo sucede con el medicamentazo ¡ª165 millones de recorte seg¨²n el ministerio¡ª, parte sustancial del decreto y que va a suponer un esfuerzo especial para los pensionistas y enfermos cr¨®nicos. Se eleva el copago en los t¨¦rminos en que se anunci¨® la semana pasada, pero en el real decreto se les penaliza m¨¢s de lo esperado al establecer un sistema de reembolso que va a obligar a adelantar el dinero al sistema sanitario incluso durante seis meses: un aut¨¦ntico abuso con los m¨¢s necesitados de medicinas y usuarios de traslados no urgentes y otras prestaciones.

El real decreto, por ¨²ltimo, apuesta su mayor capacidad ahorradora a una nueva vuelta de tuerca para los laboratorios farmac¨¦uticos y aprovecha para exigir a las comunidades aut¨®nomas el equilibrio presupuestario antes de ofrecer prestaciones sanitarias no recogidas en las carteras comunes establecidas. En tales preceptos se ampl¨ªa el poder del Estado para controlar a las comunidades aut¨®nomas con un tufillo de recentralizaci¨®n que puede ser m¨¢s ideol¨®gico que pragm¨¢tico.