Romper el tab¨²

Sea el catal¨¢n o el vasco, los nacionalismos plantean ya sin ambages la independencia de sus respectivas naciones como objetivo pol¨ªtico aunque, eso s¨ª, lo hacen de momento como simple amenaza al Estado para conseguir de ¨¦ste un r¨¦gimen estatutario privilegiado respecto al com¨²n de la morralla del ¡°caf¨¦ para todos¡±. Si no se nos concede un nuevo estatus pol¨ªtico dicen los vascos, o un nuevo pacto fiscal los catalanes, tendremos que ir desde ya a la ruptura secesionista. Si se nos concede, tambi¨¦n, a?aden precavidos, aunque tardaremos un poco m¨¢s en exigirlo.

El uso estrat¨¦gico de la amenaza secesionista para conseguir privilegios dentro de una estructura federal es s¨®lo posible, claro est¨¢, porque el resto de los actores pol¨ªticos de esa estructura, y se?aladamente el gobierno central, han interiorizado que el hecho hipot¨¦tico con que son confrontados es, no s¨®lo plausible, sino altamente probable. De manera que han creado en torno a ese hecho un aut¨¦ntico tab¨²: la idea de poner la unidad nacional espa?ola a votaci¨®n de los ciudadanos es en nuestro pa¨ªs obscena e innombrable, y palabras como autodeterminaci¨®n nacional o refer¨¦ndum de independencia exigen ser exorcizadas no bien se mencionan, blandiendo al efecto el sagrado hisopo de la Constituci¨®n.

Este art¨ªculo pretende sugerir que, muy en contra de la postura que intuitivamente adoptan los actores pol¨ªticos espa?oles, la mejor manera de enfrentarse a un desaf¨ªo secesionista serio y persistente es aceptar su propio planteamiento, es decir, estar dispuesto a poner la naci¨®n a votaci¨®n. Introducir la idea de un refer¨¦ndum de independencia como un seguro fracaso para la unidad espa?ola, y negarse desesperadamente por ello a aceptarlo siquiera como algo posible, es tanto como confesarse derrotado de antemano en ese debate. Quien no est¨¢ dispuesto a poner su idea de naci¨®n a votaci¨®n popular es porque no conf¨ªa de verdad en ella, porque, como escribi¨® Manuel Arag¨®n, ¡°un pueblo de hombres libres significa que esos hombres han de ser libres incluso para estar unidos o para dejar de estarlo¡±.

Lo primero ser¨¢ comprobar la existencia de una demanda secesionista mayoritaria

Por tanto, quienes hacen de la autodeterminaci¨®n un tab¨² lo que en realidad hacen es regalar a los independentistas todas las bazas de prestigio en la discusi¨®n: esas que se llaman libertad, democracia, gobierno del pueblo, el ejemplo de otros pa¨ªses, todo queda en poder de los nacionalistas. Los dem¨¢s, los ¡°unionistas¡±, quedamos como antidem¨®cratas, como miedosos, como acomplejados defensores de una naci¨®n tambaleante, como carceleros de pueblos, y dem¨¢s. S¨ª, ya s¨¦ que esto no es as¨ª exactamente en buena doctrina democr¨¢tica, pero, qu¨¦ se le va a hacer, as¨ª es como quedamos en la opini¨®n com¨²n, y eso es lo que al final cuenta. ¡°Los hechos no atienden a razones y nos atrapan en una ratonera ideol¨®gica¡±, dijo al respecto hace ya tiempo Francisco J. Laporta.

Pero es que, adem¨¢s, es el haber adoptado esa f¨¦rrea negativa lo que nos convierte en rehenes del chantaje t¨¢ctico de los nacionalistas. Bastar¨ªa con admitir, tanto en el plano pol¨ªtico como en el jur¨ªdico, que la secesi¨®n de una parte del territorio es un tema admisible para la decisi¨®n democr¨¢tica y que, por tanto, su demanda puede ser planteada, discutida y decidida en nuestra democracia para que ese asunto asumiera de inmediato un nuevo aspecto. Si la secesi¨®n fuera una posibilidad reglada, los nacionalistas se tentar¨ªan la ropa antes de apelar a ella. Dicho de otra forma, la constitucionalizaci¨®n de la secesi¨®n tendr¨ªa un efecto desincentivador de su demanda, que ahora es en gran parte ret¨®rica, insincera y chantajista.

En este punto hay que ser lo suficientemente adulto, en t¨¦rminos democr¨¢ticos, para admitir una carencia en el sistema pol¨ªtico territorial espa?ol, por la sencilla raz¨®n de que la v¨ªa que legalmente existe para la secesi¨®n (la reforma constitucional ¡°fuerte¡± del art. 168 CE) no est¨¢ al alcance de los actores pol¨ªticos que la reclaman. Decir entonces que la reclamaci¨®n independentista es una reivindicaci¨®n leg¨ªtima en nuestra democracia siempre que se haga por medios pac¨ªficos es un flatus vocis en tanto el sistema condene esa reivindicaci¨®n al terreno de lo jur¨ªdicamente imposible. El Estado de Derecho no puede cohonestarse con el principio democr¨¢tico si excluye a priori la factibilidad de una reivindicaci¨®n leg¨ªtima, ese es un uso desviado del Derecho. Este s¨®lo puede ayudar a que la naci¨®n siga siendo una naci¨®n ¡­ si ella lo quiere.

Y entonces, seg¨²n usted, ?qu¨¦ hacemos? ?Modificamos ya la Constituci¨®n? Creo que no, que ¨¦sa deber¨ªa ser la estaci¨®n t¨¦rmino de un proceso de secesi¨®n democr¨¢tica, no su comienzo; por la sencilla raz¨®n de que no tiene sentido iniciar un tan costoso proceso de reforma si no est¨¢ constatada la existencia de una voluntad mayoritaria clara en el territorio afectado. Por eso, lo primero ser¨¢ establecer las v¨ªas para comprobar la existencia de una demanda secesionista mayoritaria seria y fundada en alguna Comunidad Aut¨®noma y luego, s¨®lo luego, modificar la C.E. para darle salida. Algo que se podr¨ªa hacer mediante una ley nacional que se limitara a regular el asunto como un procedimiento previo a la reforma constitucional, es decir, prever en qu¨¦ casos y con qu¨¦ tr¨¢mites deber¨ªa iniciarse un proceso de reforma constitucional para excluir de Espa?a a una parte de su actual demos.

Por ejemplo, una ley podr¨ªa establecer que si el Parlamento de una Comunidad solicita por una mayor¨ªa de 3/5 iniciar un proceso de comprobaci¨®n de la voluntad mayoritaria sobre una eventual secesi¨®n, el Parlamento espa?ol estar¨ªa obligado a recoger esta petici¨®n y, analizados los detalles, solicitar del Gobierno la convocatoria de un refer¨¦ndum de comprobaci¨®n en esa Comunidad, determinando los t¨¦rminos de la pregunta que deber¨ªan ser claros y en forma de alternativa simple. Para dar por comprobada la voluntad secesionista se requerir¨ªa la mayor¨ªa del censo electoral, computado en cada provincia o territorio, y con exclusi¨®n autom¨¢tica de aquellos territorios donde no triunfara. Constatada afirmativamente esa voluntad mayoritaria, se abrir¨ªa un proceso de negociaci¨®n de los t¨¦rminos de la separaci¨®n y de las garant¨ªas democr¨¢ticas del nuevo Estado (se?aladamente en lo que se refiere a la protecci¨®n de los derechos de las minor¨ªas nacionales, que deber¨ªan ser como m¨ªnimo equivalentes a los derechos que posey¨® la anterior minor¨ªa en Espa?a). Y entonces, s¨®lo entonces, se proceder¨ªa a reformar la Constituci¨®n por sus tr¨¢mites (mayor¨ªas parlamentarias y refer¨¦ndum de todo el pueblo espa?ol).

Por fin podr¨ªamos decirles: si no est¨¢n de acuerdo, v¨¢yanse. Prueben de verdad

La ventaja de este planteamiento es que ser¨ªa a la vez respetuoso con el Estado de Derecho (ser¨ªa la soberan¨ªa nacional quien lo controlase y decidiese) y con el principio democr¨¢tico (se ofrecer¨ªa un cauce de realizaci¨®n a una voluntad popular concreta). Pero sobre todo, en t¨¦rminos pol¨ªticos, la ventaja de contar con una legislaci¨®n como la sugerida ser¨ªa la de colocar a los nacionalistas ante sus propias responsabilidades, poniendo fin al uso estrat¨¦gico de la reivindicaci¨®n independentista. Quien de verdad esgrimiera esta petici¨®n tendr¨ªa que hacerlo con todas sus consecuencias, porque por fin ser¨ªa posible su realizaci¨®n. Muchos nacionalistas se encontrar¨ªan ante el abismo de que sus deseos hasta ahora rom¨¢nticos podr¨ªan ser de verdad hechos realidad, una realidad que sin duda es mucho menos atractiva que la ilusi¨®n de verla desde lejos como una fruta imposible. El efecto de esta legislaci¨®n no ser¨ªa, con toda probabilidad, una cascada de peticiones de refer¨¦ndum, sino m¨¢s bien su ausencia.

Y, sobre todo, quienes nos consideramos a la vez espa?oles y dem¨®cratas (y quedamos unos cuantos), nos ver¨ªamos liberados al defender la unidad de la naci¨®n de los desagradables ep¨ªtetos que hoy nos merecemos, esos que ponen en solfa nuestra democracia y nuestra Constituci¨®n porque no puede discutirse de verdad. Y quienes adem¨¢s somos federalistas, nos sentir¨ªamos m¨¢s respaldados a la hora de proclamar que en un sistema federal las reglas de juego las establecen todos de consuno aunque sea en porfiada discusi¨®n, y no unos solos mediante la amenaza de irse si no se aceptan sus privilegios. Porque por fin podr¨ªamos decirles: si no est¨¢n de acuerdo, v¨¢yanse. Prueben de verdad.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.

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