Secretos arbitrarios

Que la diplomacia requiere de una cierta confidencialidad, nadie lo duda. Pero tampoco hay que exagerar. Los historiadores y los ciudadanos tienen derecho a conocer lo ocurrido hace 20 o 30 a?os, y a saber algo m¨¢s sobre c¨®mo se gestionan los asuntos de nuestros d¨ªas. Sin embargo, a ra¨ªz de las filtraciones en 2008 de los documentos de Guant¨¢namo, sobre los vuelos de la CIA que autoriz¨® el Gobierno de Aznar, y justo antes de los Wikileaks que en el oto?o de 2010 pusieron al descubierto miles de telegramas diplom¨¢ticos de EE UU y que revelaron mucho sobre la diplomacia espa?ola, ¨¦sta se blind¨®.

Fue el ministro Moratinos quien entonces impuls¨® un acuerdo del Consejo de Ministros, que se ha dado a conocer casi dos a?os despu¨¦s, para clasificar como secretas o reservadas determinadas materias, de una forma tan amplia que est¨¢ haciendo imposible la labor de los historiadores. Espa?a, a diferencia de muchos otros pa¨ªses, carece de una norma oficial para desclasificar documentos, o de una ley para forzar a las Administraciones P¨²blicas a revelar alg¨²n papel del que se tenga conocimiento.

Hasta ahora se actuaba con flexibilidad y cierta sensatez. Pero la norma, de la que el anterior Gobierno no inform¨® cuando la aprob¨®, es un paso atr¨¢s. Los historiadores tienen que ir a Berl¨ªn, a Londres o a Washington para enterarse de la opini¨®n del Gobierno espa?ol respecto a China en los a?os ochenta, o a la desaparici¨®n de la Rep¨²blica Democr¨¢tica Alemana. Este exceso de secretismo, en nombre de la seguridad y la protecci¨®n de las posiciones negociadoras de Espa?a, raya en lo rid¨ªculo.

Lamentablemente, el borrador de la futura Ley de Transparencia impulsada por el PP no cambia nada en la materia. El Gobierno se puede amparar en las mismas excepciones, o en el silencio administrativo. Lo que Espa?a necesita es dejar atr¨¢s el concepto de Ley de Secretos Oficiales, incluso la idea de transparencia, y avanzar hacia una ley de libertad de informaci¨®n, que, adem¨¢s, imponga un l¨ªmite claro y razonable para la desclasificaci¨®n de documentos oficiales. Depender de la arbitrariedad del Gobierno o del funcionario de turno es antidemocr¨¢tico.