Reivindicaci¨®n de la quimera

A Carlos D¨ªvar no se le conoce una sentencia memorable; nunca ha publicado una tesis relevante. Despu¨¦s de 20 a?os como juez en la Audiencia Nacional, nadie podr¨ªa se?alar una operaci¨®n antiterrorista o antidroga a la que asociar su nombre. Nunca, que se sepa, se comprometi¨® en la lucha contra la corrupci¨®n, a pesar de ser el decano de los Jueces Centrales de Instrucci¨®n. ?C¨®mo pudo llegar a convertirse en el m¨¢ximo representante de los jueces espa?oles?

No fue por error, accidente o casualidad, sino como consecuencia de la deliberaci¨®n y acuerdo de los dos grandes partidos, PP y PSOE: luego de probarle siete a?os como presidente de la Audiencia Nacional, eligieron como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial al juez m¨¢s discreto que pudieron encontrar. Ya en ese entonces eran proverbiales sus alocuciones barrocas y m¨¢s bien abstractas, tan llenas de plurales mayest¨¢ticos y arrebatos m¨ªsticos como carentes de cr¨ªtica o compromiso de clase alguna. No hubo sorpresa, pues. ?Por qu¨¦ ¡ªcabe preguntarse entonces¡ª pondr¨ªan nuestros gobernantes a velar por la independencia de los jueces al m¨¢s conformista de todos ellos? La respuesta parece obvia: porque no quieren un poder judicial independiente.

Una democracia no lo es solo por el sufragio, sino principalmente por la legalidad: porque la misma ley es aplicada a todos por igual. Y lo es tambi¨¦n por su sistema de contrapesos: cuando alguno de los poderes se excede en sus atribuciones, hay otro que le limita. En un Estado de derecho, el poder judicial es el ¨®rgano de control por excelencia.

Espa?a es una democracia imperfecta, como estamos teniendo ocasi¨®n de comprobar en estos d¨ªas. Los espa?oles heredamos el poder judicial que tenemos, como el resto del aparato del Estado, a beneficio de inventario luego de una dictadura de 40 a?os. Como las dem¨¢s instituciones franquistas, reformamos ¨¦sta lo mejor que pudimos durante la transici¨®n, y la pusimos a servir en el nuevo Estado social y democr¨¢tico de derecho.

La independencia judicial es mal entendida por algunos jueces como la prerrogativa de hacer lo que les da la gana

En la mayor parte de los casos sometidos a nuestros tribunales, el servicio p¨²blico de la justicia funciona hoy razonablemente bien, resuelve sin mucha demora los conflictos entre el com¨²n de los ciudadanos, y restaura mejor o peor el orden jur¨ªdico. Eso, naturalmente, no es noticia.

Por el contrario, lamentablemente, en los pocos casos importantes en que est¨¢n comprometidos los intereses de las grandes corporaciones o los individuos m¨¢s poderosos, nuestro poder judicial viene demostrando un d¨¦ficit de independencia y una debilidad muy preocupantes.

La independencia judicial es mal entendida por algunos jueces como la prerrogativa de hacer lo que les da la gana sin rendir cuentas a nadie. Carlos D¨ªvar es un buen ejemplo: cree no tener que justificar sus gastos de viaje solo porque el Consejo que preside adopt¨® hace algunos a?os un acuerdo reglamentario en tal sentido, argumento que, para sorpresa de pocos, parece compartir la fiscal¨ªa, pero resulta dif¨ªcilmente sostenible: como no pod¨ªa ser de otra manera, prevalece la Constituci¨®n, que nos garantiza la responsabilidad y la interdicci¨®n de la arbitrariedad de todos los poderes p¨²blicos, jueces incluidos.

La independencia, en realidad, no es un privilegio de los jueces sino una garant¨ªa de los ciudadanos: es el derecho fundamental del justiciable a que su caso sea resuelto por jueces que, sin aceptar presiones o intromisiones, se sometan ¨²nicamente al imperio de la ley.

La desigualdad est¨¢ en las calles, en la sociedad; es la vida misma. Somos desiguales por razones pol¨ªticas, econ¨®micas, de g¨¦nero, de raza, de nacionalidad. La grandeza de la democracia consiste, precisamente, en que nos hemos atrevido a organizarnos de manera tal que, frente a la ley, todos debamos ser tratados como si fu¨¦ramos iguales. Para que el milagro de la igualdad ante la ley se haga realidad, hemos encargado a los jueces la tarea m¨¢s dif¨ªcil del Estado de derecho: no permitir que la desigualdad traspase el umbral de los juzgados. De puertas adentro, todos iguales. Y para que cuiden de la igualdad, les hemos dado la independencia: con ella tienen que hacer prevalecer nuestros derechos frente a todos.

La independencia no es un privilegio de los jueces sino una garant¨ªa de los ciudadanos

En estos a?os hemos visto c¨®mo banqueros y constructores convert¨ªan las viviendas y las hipotecas de las familias espa?olas en productos comerciales y luego en productos financieros con los que han especulado en las bolsas hasta hacerlos reventar. Hemos visto tambi¨¦n c¨®mo algunos gobernantes gastaban sin tasa, financiaban il¨ªcitamente a sus partidos, se enriquec¨ªan a nuestra costa, destru¨ªan el medio ambiente, y convert¨ªan en humo el futuro de nuestros hijos. Mientras eso ocurr¨ªa, no pocos autos y sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional exoneraban con interpretaciones legales novedosas, en casos con nombres propios muy notorios, a los presuntos responsables de algunos de los fraudes m¨¢s graves de nuestra historia reciente.

De todas las asignaturas pendientes de nuestra transici¨®n democr¨¢tica, quiz¨¢ la m¨¢s trascendental sea la de la independencia judicial. En vez de promover siempre a los m¨¢s capaces para que llegasen como vocales al Consejo General del Poder Judicial y velasen desde all¨ª por la independencia de los jueces, nuestros gobiernos y partidos han elegido demasiadas veces a juristas de prestigio discutible, que se han limitado despu¨¦s a servir los intereses de quienes les hab¨ªan promovido. Las consecuencias est¨¢n a la vista.

Carlos D¨ªvar tiene que irse, por supuesto, por esos gastos de viaje que no quiere ni puede justificar. Deben irse tambi¨¦n todos los vocales que como ¨¦l disfrutaron de gastos y semanas caribe?as, los que han amparado ese proceder incalificable. Que les acompa?en igualmente los que hicieron posible la elecci¨®n de D¨ªvar como presidente del Consejo solo para despu¨¦s utilizarle y gobernar la instituci¨®n desde detr¨¢s. Tienen que irse precisamente por las razones legales, pol¨ªticas y morales que D¨ªvar dice que no concurren: porque han demostrado su incapacidad para defender los valores constitucionales fundamentales cuya protecci¨®n ten¨ªan confiada.

La igualdad ante la ley y la independencia judicial son posiblemente las grandes quimeras de la democracia, pero son nuestras; y en estos tiempos de zozobra necesitamos m¨¢s que nunca certidumbres morales.

Carlos Castresana Fern¨¢ndez es fiscal del Tribunal Supremo en excedencia.