?De qui¨¦n son nuestros impuestos?
Si Catalu?a no cede en el pacto fiscal, el Ejecutivo deber¨ªa emitir una se?al de que no es admisible
El gran olvidado de la propuesta de pacto fiscal lanzada por el gobierno catal¨¢n es el contribuyente. La Generalitat dice que quiere la ¡°llave de la caja¡± de todos los impuestos devengados en Catalu?a. ?sta es una met¨¢fora enga?osa de la relaci¨®n fiscal que en democracia gobernantes y gobernados deben guardar entre s¨ª. Los impuestos no est¨¢n ah¨ª, en una caja, a la espera de que uno u otro gobierno los haga suyos. Los impuestos son del contribuyente, que espera ser convencido por los gobiernos central y auton¨®mico de las razones que justifican su exacci¨®n.
Querer para s¨ª la titularidad, gesti¨®n y recaudaci¨®n de todos los impuestos que los contribuyentes catalanes pagamos es una pretensi¨®n del gobierno de la Generalitat que va m¨¢s all¨¢ del mandato para el que fue elegido, que no es otro que el de proveer determinados bienes y servicios p¨²blicos de la forma m¨¢s eficiente posible. Si se limita a su mandato, los recursos necesarios son los que le proporciona el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica m¨¢s el rendimiento de los impuestos sobre los que tiene competencias normativas.
La propuesta de pacto fiscal justifica esta pretensi¨®n dici¨¦ndonos a los contribuyentes que el gobierno catal¨¢n quiere nuestros impuestos para financiar los bienes y servicios suministrados por la Generalitat y para transferir el resto a Madrid, para que con ellos el gobierno central pueda suministrarnos los servicios que son competencia del Estado. Pero ?por qu¨¦ raz¨®n deber¨ªa aceptar al gobierno catal¨¢n como mi intermediario ante el gobierno central? ?Qu¨¦ capacidad especial tiene este gobierno para saber mejor que yo cu¨¢les son mis intereses y preferencias? Mis impuestos los doy a cambio de unos servicios y quiero darlos directamente a qui¨¦n me los suministra. ?sta es la base de la relaci¨®n que debe existir entre gobernante y gobernado en un sistema descentralizado y democr¨¢tico como el nuestro. Es la ¨²nica forma de poder exigir responsabilidades y de ejercer influencia como votante. Quiero que quien necesite mi dinero para construir una escuela me explique los beneficios de esta inversi¨®n y el coste en el que deberemos incurrir para obtenerlos, y quien lo necesite para rescatar un banco me diga qu¨¦ ocurrir¨ªa si lo dej¨¢ramos caer. Si me convencen, pagar¨¦ mis impuestos con gusto. Si no me convencen, seguir¨¦ pagando mis impuestos, pero mi frustraci¨®n se ver¨¢ reflejada cuando tenga la oportunidad de votar. Necesito saber en qu¨¦ urna particular debo depositar mi frustraci¨®n. Si en la del gobierno catal¨¢n, en la del gobierno central o en ambas; de lo contrario todo es confusi¨®n sobre a qui¨¦n pedir cuentas. Y la democracia est¨¢ basada en precisamente lo contrario: transparencia y responsabilidad.
?Por qu¨¦ raz¨®n deber¨ªa aceptar al gobierno catal¨¢n como mi intermediario ante el gobierno central?
Otra raz¨®n que tambi¨¦n se ha barajado es que el gobierno catal¨¢n quiere todos mis impuestos porque los ingresos actuales no alcanzan para financiar los bienes y servicios que la Generalitat suministra. Pero para resolver este problema no es necesario reclamar para s¨ª los ingresos de otro nivel de gobierno. Si el gobierno de la Generalitat cree que la presi¨®n fiscal de los catalanes ya ha superado el m¨¢ximo soportable, lo que procede es reducir el gasto. Y si cree que un gasto menor ser¨¢ socialmente inaceptable, que nos pida m¨¢s dinero. ?sta es la forma de obtener la informaci¨®n necesaria para saber qu¨¦ hacer. Si se lo damos de buen grado, el gobierno sabr¨¢ que puede mantener los actuales niveles de gasto. Si se lo damos de mal grado, el futuro gobierno que ocupe el poder sabr¨¢ que es imperativo hacer reformas para reducir el nivel actual de prestaciones p¨²blicas.
En el a?o y medio que lleva gobernando, el gobierno de la Generalitat ha mostrado liderazgo en la reducci¨®n del d¨¦ficit y temple ante la cr¨ªtica indiscriminada de derroche auton¨®mico. Por eso sorprende su insistencia en una propuesta tan alejada de la realidad y tan contraria a los principios b¨¢sicos de la imposici¨®n tributaria. Aparte de su escasa viabilidad pol¨ªtica, el pacto fiscal tiene costes que no parecen haber sido sopesados.
El m¨¢s sutil, pero a la larga el m¨¢s da?ino, es la confusi¨®n de responsabilidades pol¨ªticas se?alada m¨¢s arriba. El siguiente en importancia es la grave p¨¦rdida que esta propuesta, si llevada a t¨¦rmino, supondr¨ªa para la eficacia de la administraci¨®n tributaria espa?ola y para la eficiencia econ¨®mica del sistema fiscal. No hay ning¨²n pa¨ªs que haya adoptado nada parecido, ni que tenga planes de hacerlo. Estos costes son contingentes, pero hay un ¨²ltimo coste que lo estamos sufriendo ya. Las comunidades aut¨®nomas est¨¢n en el punto de mira de los mercados. La prensa internacional habla de la necesidad de controlar el ¡°despilfarro¡± de los gobiernos regionales espa?oles. En este contexto, la intenci¨®n de desmantelar la administraci¨®n tributaria del Estado no contribuye precisamente a fortalecer la imagen econ¨®mica de Espa?a. Si el gobierno catal¨¢n no cede en su peculiar idea de pacto fiscal, el central deber¨ªa emitir una se?al inequ¨ªvoca a la comunidad internacional de que ¨¦sta no es una propuesta admisible.
Antoni Zabalza es catedr¨¢tico de An¨¢lisis Econ¨®mico de la Universidad de Valencia y fue secretario de Estado de Hacienda.
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