Abuso de poder

Desde los datos de identificaci¨®n personal hasta las declaraciones de impuestos, los ciudadanos est¨¢n obligados a facilitar a la Administraci¨®n un gran n¨²mero de informaciones. Se supone que el Gobierno mantiene tales datos bajo estricta reserva y, como m¨ªnimo, incurrir¨ªa en negligencia si no intentara hacerlo as¨ª. Pero ser¨ªa mucho peor que se demostrara que el poder Ejecutivo est¨¢ emprendiendo actuaciones selectivas para decidir qu¨¦ datos mantiene bajo reserva y cu¨¢les no, sin otro criterio para revelarlos que hacer da?o a sus adversarios pol¨ªticos.

El viernes 22 de junio, el PSOE entreg¨® un documento en el Ministerio de Empleo que daba cuenta de un expediente de regulaci¨®n de empleo (ERE) para m¨¢s de 200 trabajadores del Partido Socialista. El lunes 25 de junio, desde la direcci¨®n electr¨®nica de la propia ministra de Empleo, F¨¢tima B¨¢?ez, se envi¨® un correo por lo menos a un periodista, junto con un documento adjunto en el que se explicaba ese ERE, seg¨²n las informaciones en poder de este peri¨®dico. La ministra tiene que explicar inmediatamente si ha realizado una filtraci¨®n deliberada con la intenci¨®n evidente de perjudicar al principal adversario pol¨ªtico de su Gobierno y situarle en situaci¨®n de desventaja, sin preocuparse de que tal iniciativa pudiera conllevar la indiscreci¨®n sobre la identificaci¨®n y datos personales de los ciudadanos afectados por el expediente en cuesti¨®n. Y si no hubiera sido ella la autora de la filtraci¨®n deliberada, es preciso investigar y descubrir qui¨¦n del entorno de la ministra utiliz¨® su direcci¨®n para cometer ese acto.

Naturalmente, el medio de comunicaci¨®n que recibi¨® la informaci¨®n sobre el ERE del PSOE la? public¨®: era una noticia de inter¨¦s y, de acuerdo con la ley y los usos habituales en la profesi¨®n period¨ªstica, los medios de comunicaci¨®n no pueden ni deben revelar su fuente. El problema es que un correo electr¨®nico desde la direcci¨®n de la ministra B¨¢?ez la delata como tal. Cuando un Gobierno viola el deber de reserva sobre los datos de los ciudadanos se hace acreedor a una doble desconfianza: la de los que le entregan (obligadamente) datos personales, y la de la oposici¨®n pol¨ªtica, de la que se pretende abusar desde el poder. El departamento de F¨¢tima B¨¢?ez guarda silencio sobre los hechos cuestionados. Hora es de investigar lo sucedido y de sacar las debidas consecuencias.