Una reforma a debate

El ¡®caso D¨ªvar¡¯ no solo ha da?ado el prestigio del Poder Judicial, sino que ha proporcionado al Gobierno la ocasi¨®n de acelerar una reforma que, bajo el argumento de la despolitizaci¨®n, en realidad implica la configuraci¨®n de un presidente fuerte a la cabeza del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y la reconversi¨®n del resto de los miembros de este ¨®rgano en participantes en comisiones o asistentes ocasionales a sesiones plenarias. Seg¨²n la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, se trata de designar a veinte personas que sigan trabajando y cobrando de sus profesiones o destinos, de forma que la cualidad de miembro del Consejo sea un a?adido a sus tareas cotidianas, limitando la dedicaci¨®n exclusiva a la persona del presidente del Consejo.

Ruiz-Gallard¨®n no ha anticipado su postura en relaci¨®n con los que defienden que jueces y magistrados elijan ese ¨®rgano en exclusiva o mayoritariamente. A diferencia de otros pa¨ªses, la Constituci¨®n espa?ola configura a los jueces y magistrados como un poder del Estado. No se trata de elegir a la junta de gobierno de un colegio profesional, sino a la de un poder estatal, que conviene que est¨¦ vinculado a la soberan¨ªa nacional, como lo est¨¢ directamente el Parlamento e indirectamente el Gobierno.

Es cierto que en la historia del Poder Judicial no siempre se ha acertado con las personas ¡ªcomo en los otros poderes¡ª, y que el esc¨¢ndalo vivido durante los ¨²ltimos meses abona la necesidad de correcciones. Una de las m¨¢s necesarias es dimensionar la estructura del Consejo para asegurarse de que responde a sus necesidades, separando tajantemente lo p¨²blico de lo privado en la actividad de sus miembros. Ahora bien, tanto el control disciplinario de jueces y magistrados como el de sus ritmos de trabajo o la decisi¨®n sobre promociones en la carrera judicial no parecen actividades que pueda desarrollar una sola persona con dedicaci¨®n exclusiva, ni a¨²n asistido de una comisi¨®n. Tampoco deber¨ªa ponerse a jueces y magistrados en el brete de decidir sobre promociones o sanciones de compa?eros con los que comparten tareas cotidianas. S¨ª tiene pleno sentido que se sometan a los mismos requisitos de transparencia fijados a otros ¨®rganos de la Administraci¨®n, y desde luego, a la obligaci¨®n de austeridad en el gasto y completa justificaci¨®n del mismo.

En todo caso, el ministro de Justicia se ha apresurado a ofrecer di¨¢logo a los grupos parlamentarios, adem¨¢s de las obligadas consultas al actual Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. Dada la exhibici¨®n de la mayor¨ªa absoluta como argumento supremo para justificar actuaciones unilaterales en otros terrenos, es importante y digno de resaltar que, al menos en lo referido al Poder Judicial, el Gobierno cambie de actitud, lance sus propuestas y las someta a debate pol¨ªtico. Arreglar este descosido exige el mayor consenso posible.