Rebeli¨®n en ciernes

El Gobierno no deber¨ªa minusvalorar las consecuencias pol¨ªticas y econ¨®micas del rechazo de varias comunidades aut¨®nomas a las exigencias de cumplimiento de d¨¦ficit impuestas por Hacienda. Extremadura y Castilla y Le¨®n, gobernadas por el PP, se abstuvieron de votar el l¨ªmite de d¨¦ficit requerido por Montoro para 2013 (el 0,7% del PIB) y otras cuatro votaron en contra. Y no deber¨ªa minusvalorar el conato de rebeli¨®n porque es evidente que todos los Gobiernos aut¨®nomos, incluso los que votaron a favor de la propuesta de Montoro, son partidarios de que dicho l¨ªmite se flexibilice en l¨ªnea con las exigencias m¨¢s relajadas de Bruselas (un a?o m¨¢s para bajar hasta el 3% del PIB) y una participaci¨®n en los mayores ingresos por el aumento del IVA. El ministro de Hacienda ya ha anunciado que el exceso de ingresos sobre lo previsto en 2012 ser¨¢ ¨ªntegramente para el Gobierno central.

Da la impresi¨®n de que en el ¨¢mbito auton¨®mico el Gobierno ha equivocado el modo de articular la relaci¨®n fiscal y financiera. En primer lugar, es un error imponer l¨ªmites uniformes e inamovibles a todas las autonom¨ªas sin haber definido previamente cu¨¢les son los gastos asumidos por Sanidad o Educaci¨®n en todas y cada una de ellas, sus necesidades de ajuste y su capacidad para cumplirlo. Y ello por la sencilla raz¨®n de que, por un defecto lamentable en la estructura del sistema, los Gobiernos aut¨®nomos dependen casi exclusivamente de las cesiones de impuestos pactadas con el Gobierno central. De forma que, en presencia de ajustes dr¨¢sticos del d¨¦ficit y hundimientos no menos dr¨¢sticos de los ingresos, los consejeros de Hacienda se encuentran sin salida.

La imposici¨®n de normas de ajuste uniformes es un disparate y de la misma forma que lo es exigir a Espa?a que pase de un d¨¦ficit del 8,5% del PIB a otro del 3% del PIB en tres a?os, porque es imposible e incre¨ªble, tambi¨¦n est¨¢ fuera de raz¨®n imponer el 0,7% de d¨¦ficit en 2013 a comunidades que carecen de otra actividad econ¨®mica que la impulsada por el dinero p¨²blico. Ahogadas financieramente, las comunidades se ver¨¢n abocadas a pedir ayuda, pero las condiciones fijadas en el decreto que regula la creaci¨®n del Fondo de Liquidez Auton¨®mico, publicado el s¨¢bado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, las deja sin capacidad de decisi¨®n ni de maniobra.

El Gobierno se equivoca de nuevo al tratar de reproducir en los mecanismos de ayuda a las comunidades aut¨®nomas con problemas de financiaci¨®n las duras exigencias de intervenci¨®n que Bruselas ha impuesto a los pa¨ªses rescatados. El decreto endurece incluso las exigencias de control y se concede un poder de intervenci¨®n exagerado. Bien est¨¢ que se traten de frenar los excesos de los fastos auton¨®micos, como el caso de Valencia, y que se vigilen las cuentas para evitar el falseamiento y la contabilidad creativa. Pero resulta excesivo que se arrogue la capacidad de intervenir por completo la econom¨ªa de una comunidad por el simple indicio de que no est¨¦ cumpliendo el plan de rescate.