El Estado de derecho y la venganza
La ¡®doctrina Parot¡¯ ha sido deslegitimada por Estrasburgo por vaciar de contenido la remisi¨®n de penas
Las reacciones generadas por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que el 10 de julio ¨²ltimo conden¨® por unanimidad a Espa?a por aplicar la denominada doctrina Parot, han puesto una vez m¨¢s de manifiesto la confusi¨®n entre el papel democr¨¢tico que corresponde al Estado de derecho y el ejercicio de la venganza en la persecuci¨®n del delito. El Tribunal parte de que los beneficios penitenciarios vigentes cuando la etarra In¨¦s del R¨ªo delinqui¨® ven¨ªan reduci¨¦ndole el m¨¢ximo de 30 a?os de prisi¨®n, hasta que en 2006 el Tribunal Supremo orden¨® que se descontaran del total de las penas impuestas, m¨¢s de 3.000 a?os de c¨¢rcel. Con ello, se ¡°vac¨ªa de contenido¡±, dice la sentencia, la remisi¨®n de penas que se estaba aplicando.
A pesar de la aberraci¨®n jur¨ªdica que supone la aplicaci¨®n retroactiva del nuevo y desfavorable c¨®mputo para el reo, el Gobierno y su cohorte pol¨ªtica y medi¨¢tica recibieron la sentencia como un ataque. As¨ª, Francisco Marhuenda la consider¨® ¡°una agresi¨®n contra (¡) el Estado de Derecho¡± (el 11-7-12, en La Raz¨®n, en donde se afirm¨® que uno de los siete jueces de la Sala del tribunal europeo, el espa?ol Luis L¨®pez Guerra, ¡°urdi¨® la sentencia¡±). Y el propio ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, se apresur¨® a asegurar que la etarra cuya excarcelaci¨®n, ¡°en el plazo m¨¢s breve posible¡±, orden¨® el tribunal, ¡°no va a salir de prisi¨®n¡±, orden¨® el ministro, olvidando que se trata de una decisi¨®n judicial que, por afectar a la libertad, es ejecutable de inmediato, aunque el fallo sea recurrible.
Tambi¨¦n desde posiciones en principio m¨¢s identificadas con los valores democr¨¢ticos, se ha recibido la sentencia con preocupaci¨®n. As¨ª, en este mismo peri¨®dico, que editorialmente dej¨® claro el 11 de julio que ¡°La doctrina Parot no vale¡±, el columnista Antonio Elorza arremet¨ªa tres d¨ªas despu¨¦s contra otro de los juristas firmantes de la sentencia, ¡°el juez catal¨¢n [JOSEP]Casadevall¡±, de Andorra, presidente de una sala que, seg¨²n Elorza, ¡°va trazando una l¨ªnea poco favorable para nuestro Estado de derecho¡±. Elorza evoca tambi¨¦n que Estrasburgo ¡°no vio delito alguno en las injurias proferidas por [ARNALDO]Otegi contra el Rey como jefe de torturadores, abiertamente lesivas¡±, asegura el columnista, ¡°del derecho a la honra y la reputaci¨®n...¡±.
El car¨¢cter sanguinario y ultracriminal de determinados delincuentes no faculta al Estado de derecho a asumir actuaciones justicieras y vengativas
En el an¨¢lisis de la condena a Espa?a por aplicar la doctrina Parot, recibida como un ataque a la justicia patria, no se ha resaltado lo suficiente que existen jueces espa?oles sensibles a la antijuridicidad del nuevo modo de computar el cumplimiento de las penas. La sentencia de Estrasburgo dedica extensa atenci¨®n al voto particular de tres magistrados del Tribunal Supremo ¡ªJos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, Perfecto Andr¨¦s y Joaqu¨ªn Jim¨¦nez¡ª- contra el fallo mayoritario del 28 de febrero de 2006. Los tres jueces espa?oles argumentaron entonces que ¡°razones de pol¨ªtica criminal no pueden, en ning¨²n caso, justificar una tal ruptura del principio de legalidad, incluso trat¨¢ndose en este caso de un terrorista (Henri Parot) sanguinario no arrepentido¡±. Igualmente, los 23 etarras que preparan recursos ante Estrasburgo podr¨¢n utilizar los argumentos del voto particular de la magistrada del Constitucional Adela As¨²a ¡ªuno de los cinco votos discrepantes, frente a los seis de la mayor¨ªa, el 18 de abril ¨²ltimo¡ª, contraria al ¡°cambio en las reglas de juego en la contabilizaci¨®n del cumplimiento de la condena¡±.
Ah¨ª est¨¢ la clave de la confusi¨®n. El car¨¢cter sanguinario y ultracriminal de determinados delincuentes ¡ªentre ellos, los terroristas¡ª no faculta al Estado de derecho, obligado a promover la acci¨®n de la justicia en todas direcciones, a asumir actuaciones justicieras y vengativas, m¨¢s graves cuando las protagonizan los poderes p¨²blicos que cuando provienen de delincuentes particulares.
Es frecuente entre quienes estimulan esa actitud vengativa del Estado, comparar ¡ªcasi siempre invocando a las v¨ªctimas¡ª los centenares o miles de a?os a que son condenados algunos terroristas y las pocas decenas que realmente cumplen. Recuerdo que cuando se planteaba esa comparaci¨®n ante Marisa, mi esposa ¡ªnada experta en derecho, pero con un gran sentido com¨²n¡ª, sol¨ªa decir: ¡°Si les garantizaran que van a vivir todos esos a?os...¡±
Otra contabilidad penol¨®gica que suele utilizarse es evaluar el tiempo total de c¨¢rcel a cumplir y dividirlo por el n¨²mero de asesinatos, cuando son bastantes los cometidos. Es frecuente escuchar: ¡°??Le salen gratis la mayor¨ªa!!¡±. Esa pretendida l¨®gica contable, como la apelaci¨®n a que el sufrimiento de los familiares de personas asesinadas no se extingue con la pena de c¨¢rcel para sus autores, puede conducir a reivindicar la pena de muerte ¡ª?con 20 ejecuciones al mismo reo si son 20 los asesinatos cometidos?¡ª, de igual modo que el objetivo de averiguar el crimen puede pretender justificar la tortura.
La doctrina Parot, finalmente deslegitimada por el Tribunal de Estrasburgo, hab¨ªa entrado en esa din¨¢mica contable, con olvido de que el Estado de derecho, en su tarea de proteger a los ciudadanos, castigar a los delincuentes y garantizar a todos la justicia, no incluye entre sus cometidos la venganza, el odio u otros atajos impropios de un poder democr¨¢tico.
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