Armas contra el fraude

El Gobierno ha aprovechado el proyecto de Ley de Transparencia para dotarse de nuevas armas con las que mantener el control de las cuentas p¨²blicas u otros documentos, penalizando hasta con cuatro a?os de c¨¢rcel a los que las falseen. Las facturas en los cajones o el intento de disimular deudas a trav¨¦s de sociedades o fundaciones llevar¨¢n al autor a la c¨¢rcel, si se demuestra que ha causado un perjuicio econ¨®mico a la Administraci¨®n, o a la inhabilitaci¨®n si no fuera as¨ª. Estas medidas, y otras destinadas a castigar a ¡°los malos gestores¡±, aparecen ahora como contenidos distintos de los atribuidos inicialmente a la Ley de Transparencia, que consist¨ªan en facilitar al ciudadano el acceso a la documentaci¨®n e informaci¨®n p¨²blica, y que ahora se diluyen; pero no puede decirse que las nuevas medidas est¨¦n de m¨¢s.

El Ejecutivo se pronuncia tambi¨¦n a favor de ampliar hasta 10 a?os el plazo de prescripci¨®n para delitos fiscales de gran cuant¨ªa (a partir de 600.000 euros); y de penalizar con mayor severidad los fraudes a la Seguridad Social, rebajando a 50.000 euros la cantidad defraudada a partir de la cual el autor puede ser objeto de persecuci¨®n penal (hasta ahora era de 120.000 euros). La voluntad de reforzar la acci¨®n inspectora queda subrayada por el descubrimiento de 14.000 empresas ficticias, cuyo ¨²nico objeto era obtener subvenciones o prestaciones sociales.

La severidad contra el enga?o es muy necesaria. Un pa¨ªs que intenta dar una imagen seria, sometido a un escrutinio especialmente intenso a causa de la crisis econ¨®mica y financiera, no puede tolerar el clima de relativa tolerancia social hacia el fraude a Hacienda y la Seguridad Social. Gestos como el de la amnist¨ªa fiscal para grandes defraudadores empa?an la credibilidad de la l¨ªnea adoptada ahora, pero no es ¨®bice para apoyar cualquier esfuerzo serio de persecuci¨®n del fraude: del grande y del peque?o.