Jurisdicci¨®n universal e inmunidad soberana

El debate internacional sobre las virtudes e inconvenientes de dos tesis contrapuestas ¡ªjurisdicci¨®n universal e inmunidad soberana¡ª ha entrado en una nueva fase al incorporarse de lleno al mismo Gobierno de Estados Unidos.

A m¨¢s tardar el pr¨®ximo 7 de septiembre, dicho Gobierno deber¨¢ presentarle al juez federal Alvin W. Thompson de Connecticut su ¡°declaraci¨®n de inter¨¦s¡± en torno al otorgamiento de ¡°inmunidad soberana¡± al expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Este ¨²ltimo fue demandado por la v¨ªa civil en septiembre del a?o pasado por da?os causados a familiares de las v¨ªctimas de la masacre de Acteal, acontecida en diciembre de 1997 en el estado de Chiapas. Los familiares exigieron el pago de 50 millones de d¨®lares en concepto de reparaci¨®n de los da?os causados. El expresidente mexicano invoc¨® la inmunidad diplom¨¢tica propia de exmandatarios por actos cometidos mientras se encontraban en funciones, de acuerdo con la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, vigente desde 1976. El Gobierno de M¨¦xico, a finales de noviembre del a?o pasado, le solicit¨® al Gobierno de Estados Unidos que ¨¦ste le ¡°sugiriera¡± al juez que otorgara la citada inmunidad soberana aunque, extra?amente, ha procurado mantener reservado el contenido espec¨ªfico de esta solicitud. Hasta ahora la ley de 1976 s¨®lo se ha aplicado en dos casos: en el del presidente en funciones de Sri Lanka, y de ?lvaro Uribe de Colombia como testigo de actos cometidos por terceros durante su gesti¨®n.

Todo indica que el Departamento de Estado, es decir la instancia del Gobierno de Washington encargada de las relaciones diplom¨¢ticas del pa¨ªs, ya ha redactado su recomendaci¨®n al juez en el sentido de que efectivamente se otorgue la inmunidad. Todo indica tambi¨¦n que uno de los motivos por los cuales el proceso se ha demorado es que existe una opini¨®n matizada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargada de las relaciones jur¨ªdicas de Estados Unidos. He aqu¨ª el debate interesante, que rebasa con mucho el caso del exmandatario mexicano, que muy probablemente obtendr¨¢ la inmunidad que solicita pero no sin haber desatado una discusi¨®n en Estados Unidos de gran trascendencia.

Exmandatarios dem¨®cratas o no, honestos o corruptos, podr¨ªan invocar la inmunidad en el futuro

El Departamento de Estado en principio invoca las buenas e importantes relaciones diplom¨¢ticas entre M¨¦xico y Estados Unidos y el hecho de que Ernesto Zedillo fue un presidente amigo de Estados Unidos, y un dem¨®crata adem¨¢s. Considera que no existe motivo alguno para negarle la inmunidad, sobre todo en vista de las dudas que pueden subsistir en muchos ¨¢mbitos sobre el verdadero origen y los aut¨¦nticos motivos de la demanda contra Zedillo. M¨¢s a¨²n, la rama diplom¨¢tica del poder ejecutivo norteamericano es sensible al hecho de que si EE UU permite demandas contra exmandatarios o exfuncionarios en su territorio, abre las puertas a que lo hagan otros pa¨ªses contra ciudadanos norteamericanos acusados de cr¨ªmenes de Estado, desde Henry Kissinger hasta George W. Bush. Esas son las principales razones que obran a favor de la inmunidad soberana.

Pero por otro lado, el consultor jur¨ªdico del Departamento de Estado, Harold Koh, y el propio Barack Obama son partidarios de la jurisdicci¨®n universal en casos adicionales, que han llegado hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos a pesar de la renuencia tradicional de Washington al respecto. El m¨¢s sonado, y que fue escuchado por el Tribunal Supremo a finales del a?o pasado, es el de varios activistas de derechos humanos nigerianos ejecutados en el delta del N¨ªger por guardias empleados por la compa?¨ªa petrolera Shell. Uno podr¨ªa preguntarse por qu¨¦ diablos la ejecuci¨®n de defensores de derechos humanos nigerianos por una empresa holandesa en Nigeria debiera ser atendida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es precisamente lo que est¨¢ en juego. Conviene subrayar que es el Gobierno de Obama y el Departamento de Justicia en particular quien ha litigado a favor de la jurisdicci¨®n universal en este caso.

Pero el Departamento de Justicia, en el caso Zedillo, aparentemente sostiene varios argumentos m¨¢s. Son dos los principales: uno, no crear precedentes jur¨ªdicos que permitan que otros exmandatarios principalmente latinoamericanos o africanos, dem¨®cratas o dictadores, honestos o corruptos, puedan invocar la inmunidad en el futuro y desatar una verdadera ola de solicitudes al respecto. El segundo criterio de tipo ligeramente distinto, es que se detone tambi¨¦n un alud de detenciones de dictadores del mundo entero, pero sobre todo de ?frica, luego de solicitudes de asilo y posteriormente de inmunidad en Estados Unidos, justamente buscando la protecci¨®n que les conceder¨ªa el precedente Zedillo.

A los dictadores derrocados les resulta hoy mas dif¨ªcil encontrar un lugar al que retirarse en libertad y prosperidad

Un ejemplo reciente gira en torno al vicepresidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang N. Mangue, hijo del dictador Teodoro Obiang N. Mbsago, cuyo palacio de 6.000 metros cuadrados en la Avenue Foch de Par¨ªs, con un valor de 150 millones de euros, fue confiscado hace poco por el Gobierno franc¨¦s debido a las irregularidades que detectaron en el origen de los fondos con los que adquiri¨® dicha propiedad. Teodor¨ªn, como se le suele decir con cari?o, y su padre por el momento no necesitan refugiarse m¨¢s que en su propio pa¨ªs, que manejan con mano de hierro. Pero si alg¨²n d¨ªa son derrocados sin ser ajusticiados, buscar¨¢n d¨®nde pasar el resto de sus d¨ªas en plena libertad y gozando de su prosperidad. En Francia donde tradicionalmente se asilaban los dictadores de las ex colonias, ya no podr¨¢n hacerlo; ?por fin! En toda la Uni¨®n Europea, gracias al precedente establecido hace casi ya 15 a?os por Baltasar Garz¨®n, tampoco. Libia, tradicional refugio de gente as¨ª, no es ahora una buena opci¨®n. En otros pa¨ªses africanos, dif¨ªcilmente.

Estados Unidos ser¨ªa una alternativa si pudieran acogerse al principio de inmunidad soberana. Eso es lo que el Departamento de Justicia, y parte del Departamento de Estado, no desean. Es cierto que ser¨ªa una l¨¢stima que un presidente dem¨®crata como Ernesto Zedillo padeciera injustamente los costos inevitables de acotar los espacios de libertad de dictares asesinos y corruptos; estar¨ªan pagando justos por pecadores. Pero reclutar a Estados Unidos para la causa de la jurisdicci¨®n universal no es un asunto menor. Las repercusiones se har¨ªan sentir en muchos pa¨ªses, m¨¢s all¨¢ de M¨¦xico y del estado norteamericano de Connecticut.

Jorge G. Casta?eda es analista pol¨ªtico y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos.