Reino Unido-Ecuador-Suecia: la crisis del preservativo

La crisis pol¨ªtica y diplom¨¢tica entre el Reino Unido y Ecuador ha marginado moment¨¢neamente a la crisis econ¨®mica. Para analizarla hagamos, por un momento, abstracci¨®n de los ingredientes pol¨ªticos y personales del embrollo. Un ciudadano australiano de visita a Suecia establece una relaci¨®n amistosa con una ciudadana sueca que finaliza en la intimidad de un dormitorio. Seg¨²n la mujer, despu¨¦s de haber compartido sus mutuas apetencias, se quedaron dormidos. En ese trance el var¨®n se desvela y decide renovar sus deseos sexuales mientras la mujer dorm¨ªa.

Hasta aqu¨ª, la versi¨®n que la ciudadana sueca manifiesta a una fiscal para que persiga el hecho penalmente. El elemento del crimen radicaba en que, aprovech¨¢ndose de la duermevela, el var¨®n no se hab¨ªa colocado el preservativo. A la representante del Ministerio P¨²blico le pareci¨® que la versi¨®n facilitada carec¨ªa del m¨¢s m¨ªnimo sustento delictivo y decide archivar la imputaci¨®n. Entran en escena abogados y polic¨ªas que aconsejan a la sueca para que presente una denuncia por violaci¨®n. Otra fiscal decide abrir una investigaci¨®n preliminar para comprobar lo que era evidente.

Ante la inconsistencia de los cargos aparece otra mujer que le acusa de haberse negado a ponerse el preservativo ¡°contrariando su expreso deseo¡±. Con estos mimbres Suecia acuerda poner en marcha una demanda de extradici¨®n y el Reino Unido decide entregar al var¨®n a la jurisdicci¨®n de los tribunales suecos. El Convenio Europeo de extradici¨®n exige que la informaci¨®n facilitada para justificar la petici¨®n sea suficiente, completa y de contenido inequ¨ªvocamente delictivo. Ante la respuesta positiva de los tribunales ingleses podemos razonablemente preguntarnos: ?hubiera entregado el Reino Unido a un ciudadano brit¨¢nico reclamado por hechos semejantes?

Suecia no alega ninguna otra infracci¨®n. Ahora bien, a nadie se le escapa que lo que est¨¢ en juego es mucho m¨¢s que una ofensa sexual. El sistema judicial ingl¨¦s demostr¨® una gran sensibilidad y finura jur¨ªdica en el caso Pinochet. Sus jueces no pueden ignorar que, seg¨²n las previsiones del Convenio Europeo, no se permite la extradici¨®n cuando existen razones fundadas para creer que la solicitud, camuflada bajo un delito com¨²n, se ha presentado con el fin de perseguir a una persona en consideraci¨®n a razones pol¨ªticas.

Suecia est¨¢ adoptando un penoso papel en esta historia

Volvamos a la realidad y deteng¨¢monos en los personajes y en los elementos componentes de este embrollo. El protagonista es Juli¨¢n Assange, due?o y fundador de Wikileaks, que ha difundido informaciones reservadas que afectan a las actividades del Pent¨¢gono y del servicio exterior norteamericano. El Estado al que afecta la informaci¨®n de manera directa es, ni m¨¢s ni menos, que los Estados Unidos de Norteam¨¦rica. Los comparsas, Suecia, el Reino Unido, las ciudadanas suecas y la fiscal escandinava. A ¨²ltima hora y de manera imprevista, entra en escena la Rep¨²blica de Ecuador que introduce un factor multilateral en el enredo.

Si EE UU considera vulnerada su seguridad nacional deben reclamar directamente a Juli¨¢n Assange, sin valerse de intermediarios. Calificar la difusi¨®n de los documentos como un delito de traici¨®n es m¨¢s que discutible. Tendr¨¢n que explicar a una parte de su sociedad por qu¨¦ rompen la interpretaci¨®n de la Corte Suprema sobre el valor de la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n. La Corte declar¨® la licitud e incluso la conveniencia de que los ciudadanos norteamericanos conociesen el contenido de los Papeles del Pent¨¢gono sobre la intervenci¨®n, inicialmente subrepticia, en la guerra del Vietnam. Deber¨¢n desautorizar al presidente Kennedy que proclam¨® el compromiso del Gobierno de facilitar informaci¨®n aut¨¦ntica y transparente sobre la cosa p¨²blica, tratando a los ciudadanos como adultos responsables. Por ¨²ltimo, no pueden seguir ocultando las condiciones de internamiento del soldado Manning ni las violaciones de sus derechos constitucionales.

El derecho a recibir informaci¨®n veraz es un pilar b¨¢sico de una sociedad democr¨¢tica avanzada. La reacci¨®n de los sectores conservadores de la sociedad norteamericana revela que las bases fundacionales de la naci¨®n se est¨¢n debilitando.

Suecia est¨¢ adoptando un penoso papel en esta historia. Nadie cuestiona su sistema judicial pero se puede desconfiar razonablemente de la politizaci¨®n de algunos sectores de la Fiscal¨ªa. Si quieren juzgarle por agresi¨®n sexual tienen la obligaci¨®n de asumir solemnemente el compromiso de no extraditarlo a EE UU. La verdad es que, en el caso de que el juicio llegara a celebrarse, nos deparar¨ªa momentos escabrosos e interrogatorios subidos de tono. El debate sobre el preservativo ser¨¢ un elemento insoslayable.

El Reino Unido es por lo menos sospechoso de actuar como intermediario de los intereses de EE UU. La torpeza del diplom¨¢tico brit¨¢nico que amenaz¨® con entrar por la fuerza en la embajada ecuatoriana desat¨® las justificadas protestas del gobierno suramericano y de la OEA con la excepci¨®n de Canad¨¢, EE UU y la ex¨®tica aportaci¨®n de Trinidad- Tobago.

Si Suecia retira la petici¨®n de entrega o celebra el juicio con un posible resultado absolutorio la intriga se desvanece y habr¨ªa que urdirla con nuevos materiales. En este tinglado de la antigua farsa faltan personajes. Se escuchan voces escandalizadas ante el mutismo de un actor que deber¨ªa tener un papel estelar en el reparto. Julian Assange es un ciudadano australiano, aunque algunos pudieran pensar que es un ap¨¢trida.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn. Abogado. Magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas (Gimebra).