La empresa que expuls¨® a 20.000 campesinos

(ESTA ENTRADA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EL 25 DE OCTUBRE DE 2011)

LaNew Forests Company(NFC) fue fundada en Londres en 2004 con un ambicioso objetivo: convertirse en la principal empresa forestal del ?frica oriental. Siete a?os despu¨¦s -y con una superficie de plantaci¨®n y tala de 27.000 hect¨¢reas que se extienden por Uganda, Tanzania, Mozambique y Ruanda-, no solo ha alcanzado su meta, sino que en el camino se ha convertido en un centro de poder e influencia en el cada vez m¨¢s rentable negocio de lacompra de tierras en los pa¨ªses pobres. Nombrada ¡°Inversionista del A?o¡± por las autoridades ugandesas en 2008, la NFC ha llamada la atenci¨®n de importantes financiadores e instituciones internacionales de desarrollo, desde el Banco Europeo de Inversiones hasta el HSBC o un gran fondo de inversi¨®n respaldado por el Banco Mundial.

No es para menos. Como destaca la NFC en su p¨¢gina web, su negocio es ¡°garantizar tanto retornos atractivos para los inversores como beneficios sociales y medioambientales significativos¡±. De hecho, la responsabilidad social y medioambiental constituye una marca de identidad para esta compa?¨ªa, que parece tener las cosas claras: ¡°prevenir es mejor que curar¡±.

Los hechos, sin embargo, muestran el peculiar concepto de ¡®responsabilidad social¡¯ de la National Forest Company. De acuerdo con laminuciosa investigaci¨®n realizada por Oxfam, las inversiones de la NFC enUgandahan provocado la expulsi¨®n de entre 20.000 y 25.000 personas de los distritos de Kiboga y Mubende. Miles de familias fueron expulsados de sus tierras entre 2005 y 2010 por la Autoridad Nacional Forestal, que les acus¨® de haber ocupado ilegalmente este territorio. Aunque en un pa¨ªs cuajado de limbos legales pocas de ellas pudieron demostrar sus t¨ªtulos de propiedad, existen pruebas de que buena parte de los habitantes han residido en estas ¨¢reas desde hace al menos veinte, treinta e incluso cuarenta a?os.

Apoy¨¢ndose en el ej¨¦rcito y la polic¨ªa, la NFC podr¨ªa haber sido responsable del desalojo violento, el maltrato y la destrucci¨®n de las propiedades, cultivos y animales de estas personas. Peor a¨²n, de la pobreza a la que han sido condenadas. Su reacci¨®n, sin embargo, ha sidonegar cualquier responsabilidad. Durante las ¨²ltimas semanas se ha producido un amargo intercambio de acusaciones entre Oxfam y la NFC, que afirma que los habitantes de estas regiones abandonaron sus tierras de manera ¡°voluntaria y pac¨ªfica¡±. La compa?¨ªa niega su implicaci¨®n en los episodios de violencia y se remite a una evaluaci¨®n independiente que investigar¨¢ las alegaciones. Pero todav¨ªa no est¨¢ claro si se permitir¨¢ una investigaci¨®n en profundidad por parte de observadores no controlados por la empresa. Lo ¨²nico que sabemos hasta ahora es que varias de las personas que denunciaron las acciones de la NFC han sufrido amenazas. Tras unllamamiento de Oxfam a la sociedad brit¨¢nica, la compa?¨ªa ha realizado el compromiso p¨²blico de detener los interrogatorios.

Los episodios de Kiboga y Mubende no solo han volatilizado la imagen de fantas¨ªa de uno de los principales inversores europeos en la agricultura africana, sino que tambi¨¦n han puesto de manifiesto la inutilidad de los c¨®digos voluntarios de conducta promovidos por elBanco Mundialy otros organismos internacionales para regular un fen¨®meno conocido como ¡®acaparamiento de tierras¡¯. Como se?ala uncontundente informede Oxfam publicado hace algunas semanas, el ¨²nico modo de garantizar que las inversiones en la tierra de los pa¨ªses pobres no violan derechos fundamentales de sus poblaciones es someter a todas las partes a reglas firmes, transparentes y equilibradas, incluyendo leyes nacionales de consentimiento libre e informado. Hasta que eso ocurra, los 227 millones de hect¨¢reas vendidos o arrendados desde 2001 en decenas de pa¨ªses pobres ofrecen las garant¨ªas jur¨ªdicas delSalvaje Oeste.

El v¨ªdeo que les presentamos a continuaci¨®n ha sido cedido en exclusiva este blog por el diarioThe Guardiany sus autores,Simon Rawles y Noah Payne-Frank, que viajaron a Uganda para documentar este caso. Sus autores han dudado hasta el ¨²ltimo momento sobre su publicaci¨®n en Espa?a, ya que varias de las personas que aparecen en ¨¦l han sufrido coacciones y amenazas. Sin embargo, sus rostros ya eran p¨²blicos, as¨ª que el modo mejor modo de contribuir ahora a su protecci¨®n es multiplicar el alcance de estas im¨¢genes.