La Sanidad de los ¡°sin papeles¡±

La decisi¨®n del Gobierno de negar asistencia sanitaria no urgente a los inmigrantes en situaci¨®n irregular, que entr¨® en vigor el pasado 1 de septiembre, al amparo de los reales decretos de 24 de abril y 3 de agosto, no reducir¨¢ el gasto sanitario y s¨®lo est¨¢ provocando desconcierto y m¨¢s papeleo entre los afectados y los profesionales de la sanidad. Adem¨¢s, ha generado un debate que alimenta los discursos xen¨®fobos al culpabilizar, de alguna manera, a los m¨¢s d¨¦biles de la falta de recursos. Y como se ha visto con la negativa de comunidades como Andaluc¨ªa, Catalu?a, Asturias, Pa¨ªs Vasco, y Canarias -no gobernadas por el PP- en acatarlo, pero tambi¨¦n de otras gobernadas por los populares como Galicia, lejos de cerrarse la pol¨¦mica la controversia continuar¨¢ por el convencimiento de los profesionales de que acabar¨¢ generando m¨¢s gasto y obligar¨¢ al Gobierno a enmendar, de nuevo, lo que ya comenz¨® mal.

Primero el Gobierno anunci¨® que retiraba la asistencia, a excepci¨®n de las urgencias, a los inmigrantes en situaci¨®n irregular a y los espa?oles mayores de 25 a?os que no hubieran cotizado. Posteriormente aclar¨® que se mantendr¨ªa la tarjeta sanitaria para las inmigrantes embarazadas y los menores sin papeles, y que se enmendar¨ªa lo que se habr¨ªa expresado mal sobre los espa?oles mayores de 25 a?os para que s¨®lo quedasen excluidos aquellos que, sin haber cotizado nunca, vivieran de grandes rentas. Diversas comunidades aut¨®nomas pusieron el grito en el cielo por la usurpaci¨®n de competencias, al ser la sanidad una competencia transferida, recordando que la exclusi¨®n de decenas de miles de personas de la asistencia ordinaria no generar¨ªa ahorro, sino un gasto mayor al abocarles al uso reiterado de los servicios de urgencias. En el mismo sentido se manifestaron colectivos colegiales y sindicales de la sanidad, denunciando no s¨®lo el problema ¨¦tico de dejar sin tratamiento a pacientes cr¨®nicos, postoperatorios y oncol¨®gicos, sino del peligro sanitario de no atender a infecciosos, a la vez que reafirmaban la veracidad de las estad¨ªsticas que demuestran que los inmigrantes hacen menos uso de la sanidad que los aut¨®ctonos. Y es que una cosa es el llamado turismo sanitario por el que ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de la UE, empadron¨¢ndose en Espa?a evitaban el copago de ciertos tratamientos en sus pa¨ªses, y otra, muy distinta, que este turismo sanitario lo hicieran ciudadanos de Marruecos o Senegal, dado que estos no pueden venir a Espa?a como turistas y deber¨ªan hacer previamente los largos y restrictivos tr¨¢mites de reagrupaci¨®n o contrataci¨®n en origen.

Es jur¨ªdicamente discutible que alguien que puede ser expulsado hoy mismo firme un contrato de futuro con la Administraci¨®n

Tras la decisi¨®n de comunidades como Andaluc¨ªa, Catalu?a, Asturias, Canarias y el Pa¨ªs Vasco de negarse a cumplir el decreto, y los llamamientos de sectores de la profesi¨®n m¨¦dica a desobedecerlo, la ministra Ana Mato aclar¨® que mantendr¨ªa el tratamiento a los cr¨®nicos, infecciosos y oncol¨®gicos, si bien se cobrar¨ªa los servicios a los gobiernos de sus pa¨ªses algo, en la pr¨¢ctica, m¨¢s que improbable. Adem¨¢s, anunci¨® que se ofrecer¨ªa a los irregulares la posibilidad de continuar con la tarjeta suscribiendo una p¨®liza de 710 euros anuales para los menores de 65 a?os, que se elevar¨ªa a 1.864 euros a partir de esa edad. Propuesta que pese a ser irreal, dada la precariedad de medios de los irregulares, es jur¨ªdicamente discutible dado que, mientras al dar tarjeta sanitaria a quien est¨¢ empadronado no se firma ning¨²n contrato se pretende que, quien puede ser expulsado hoy mismo, reconociendo su condici¨®n de expulsable, firme un contrato de futuro con la Administraci¨®n. Posteriormente Valencia, comunidad gobernada por el PP, tambi¨¦n anunci¨® que continuar¨ªa dando plena cobertura a los irregulares, si bien se intentar¨ªa cobrar las prestaciones a aquellos que tuvieran recursos econ¨®micos. Y a d¨ªa de hoy los responsables de sanidad de otras comunidades gobernadas por el PP hay hecho tambi¨¦n declaraciones matizando dicha exclusi¨®n a la espera que desde el Ministerio se aclare como se quiere cobrar a los pa¨ªses de origen determinados servicios y qu¨¦ pasar¨¢ cuando dicho cobro, como ocurrir¨¢ con la mayor¨ªa de Estados africanos y asi¨¢ticos sea imposible.

En Espa?a en el a?o 2000, con Aznar en el Gobierno, se concedi¨® la tarjeta sanitaria para los inmigrantes irregulares no ¨²nicamente por motivos humanitarios sino, sobre todo, para evitar que se vieran obligados a continuar haciendo uso reiterado de los servicios de urgencias sin poder seguir el tratamiento y por los problemas epidemiol¨®gicos de tener cientos de miles de personas fuera de la red.

Estos ¨²ltimos meses a ra¨ªz de la pol¨¦mica sobre la retirada de la tarjeta a los irregulares, se han publicado estudios comparados de las prestaciones que reciben los irregulares en otros pa¨ªses de nuestro entorno; estudios no siempre coincidentes dado que una cosa es lo que dicen las leyes en cuanto a las restricciones y otra las aplicaciones m¨¢s amplias que se hacen por motivos humanitarios y de salud p¨²blica con cr¨®nicos, infecciosos, oncol¨®gicos, adem¨¢s de menores y embarazadas. En Francia, por ejemplo, se da asistencia no urgente y continuidad de tratamientos a los irregulares si acreditan tres meses de permanencia y carecen de medios econ¨®micos. Pero la situaci¨®n de Espa?a deber¨ªa compararse sobre todo con Italia y Estados Unidos por el alto ¨ªndice de inmigraci¨®n irregular y por ser, como Espa?a, no s¨®lo puertas de entrada de la inmigraci¨®n irregular, sino pa¨ªses que han demandado los ¨²ltimos 15 a?os gran cantidad de mano de obra extranjera que llegaba mayoritariamente sin papeles.

La pol¨¦mica generada no hace sino alimentar los discursos xen¨®fobos

En Italia los irregulares acceden a la sanidad por medio de la Tarjeta de los Extranjeros Temporalmente Presentes, con un c¨®digo an¨®nimo, f¨¢cilmente renovable. En Estados Unidos, con 12 millones de irregulares, la mayor¨ªa suscriben una p¨®liza privada al igual que el resto de trabajadores, existiendo adem¨¢s una red privada y otra p¨²blica de beneficencia. Pero en Espa?a no hay beneficencia sanitaria a excepci¨®n de los programas sufragados hasta hace poco con los Fondos de Integraci¨®n y Acogida -suprimidos este a?o- gestionados por asociaciones como M¨¦dicos del Mundo que atend¨ªan a los inmigrantes que llegaban desde Canarias, Ceuta o Melilla con ¨®rdenes de expulsi¨®n no ejecutables y a los que, si carec¨ªan de pasaporte, inicialmente les resultaba dif¨ªcil empadronarse.

Ciertamente se debe combatir el turismo sanitario de europeos. Pero se estima que van a ser 150.000 los inmigrantes irregulares adultos que perder¨¢n sur tarjeta. Si finalmente la ministra reconoce que se atender¨¢ a los cr¨®nicos, infecciosos y oncol¨®gicos, adem¨¢s de las urgencias de todos, ?ha organizado todo este revuelo el Gobierno cambiar ¨²nicamente que en algunas comunidades gobernadas por el PP estos dejen de acudir a su m¨¦dico de cabecera por una gastroenteritis o un esguince, y acaben siendo atendidos en urgencias? El ahorro ser¨¢ inexistente, el incremento del papeleo y la burocracia notable. Pero en cambio el Gobierno, con su propuesta y contrapropuestas, ha abierto un debate que s¨®lo beneficia a quienes desean obtener r¨¦ditos pol¨ªticos, sacudiendo los discursos que muestran la inmigraci¨®n como una amenaza.

Xavier Rius es periodista y autor de los libros Xenofobia en Catalunya y?El libro de la inmigraci¨®n en Espa?a