Contra la crisis, m¨¢s c¨¢rcel

Cuando, hace m¨¢s de dos siglos, el Estado moderno asumi¨® el monopolio de la potestad punitiva, lo hizo coloc¨¢ndose en el lugar de las v¨ªctimas, para imponer y ejecutar el castigo con mayor racionalidad y objetividad que las que son exigibles a quienes han padecido directamente el delito. Generalmente, la principal aspiraci¨®n de las v¨ªctimas es que quien las ha da?ado sufra tanto como han sufrido ellas, lo que ¡ªadem¨¢s de ser casi siempre imposible¡ª resulta comprensible en su caso, pero no puede convertirse en la finalidad esencial del Estado cuando asume el poder de castigar. Para el Estado, las penas que se imponen, aunque posean un contenido aflictivo para el condenado, tienen como principal objetivo la regulaci¨®n social y la prevenci¨®n de delitos. Al mismo tiempo, el Estado renuncia a las penas inhumanas y degradantes, del mismo modo que renuncia a la tortura (art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n) por mucho que el delincuente se haya comportado de forma inhumana con su v¨ªctima, lo que resume todo lo anterior: el Estado no puede actuar como los delincuentes.

La anterior simplificaci¨®n hist¨®rica y te¨®rica ¡ªpor la que pedimos disculpas¡ª pretende advertir acerca de que el derecho penal de los ¨²ltimos a?os, tanto en Espa?a como en pa¨ªses de nuestro entorno, abandona progresivamente la racionalidad y tiende a destruir principios que, como el de proporcionalidad de las penas, se derivan del p¨¢rrafo anterior. Entre otros, el fen¨®meno presenta los siguientes rasgos: populismo punitivo, por el que se promulgan leyes que incrementan la dureza del castigo para obtener el apoyo de la opini¨®n p¨²blica y, consecuentemente, r¨¦ditos electorales; y simbolismo de las normas penales, por el que se introducen reformas, generalmente inducidas por la opini¨®n publicada, cuyo principal ¡ªpor no decir el ¨²nico¡ª efecto es manifestar que se desvalora o estigmatiza un comportamiento, aunque ello no va a redundar en un tratamiento m¨¢s eficaz del problema. Ambos rasgos conducen a un derecho penal cada vez m¨¢s pormenorizado y extenso, de corte m¨¢s autoritario, en el que se cuestionan dogmas cl¨¢sicos que nos beneficiaban a todos: que uno debe responder penalmente por lo que hace, no por lo que es, y, consecuentemente, que las penas se basan en la culpabilidad por el delito que se ha cometido, no en un pron¨®stico o en la sospecha de que se va a delinquir.

El C¨®digo Penal de? 1995 ha padecido 25 reformas, 17? impulsadas por el PP y ocho por el PSOE

Con mayor o menor conciencia e intensidad, las fuerzas pol¨ªticas caen frecuentemente en la tentaci¨®n de acudir al derecho penal para obtener el benepl¨¢cito de los sectores de opini¨®n a los que se dirigen o, simplemente, para no perderlo. En esta pulsi¨®n se encuentra parte de la explicaci¨®n de muchos de los errores cometidos en reformas recientes, con independencia de que algunas de ellas resultaran acertadas. En todo caso, en eso que ya se conoce como ¡°legislaci¨®n compulsiva¡±, el llamado C¨®digo Penal de la democracia, de 1995, ha padecido 25 reformas, 17 de ellas impulsadas por el PP y 8 por el PSOE.

Este es el marco en el que el Gobierno de Rajoy ha aprobado la semana pasada el anteproyecto de C¨®digo Penal, una nueva reforma que, como titulaba EL PA?S el pasado 15 de septiembre, constituye ¡°una nueva vuelta de tuerca al C¨®digo Penal m¨¢s duro¡±. Aunque, al parecer, faltan cuestiones por concretar, la mayor¨ªa de las reformas anunciadas cae en los problemas antes enunciados. Por ejemplo, el simbolismo de los nuevos retoques a la delincuencia profesionalizada, sin analizar el porqu¨¦ de la inaplicabilidad o la ineficacia de reformas anteriores.

Pero, sin duda, la propuesta m¨¢s llamativa y, a nuestro juicio, rechazable es la de la llamada ¡°prisi¨®n permanente revisable¡±. Los t¨¦rminos acogen un eufemismo con el que satisfacer la reivindicaci¨®n de cadena perpetua surgida tras algunos delitos muy graves y de gran difusi¨®n medi¨¢tica (casos Marta del Castillo, Jos¨¦ Bret¨®n) y, a la vez, salvar el mandato constitucional de orientaci¨®n a la reinserci¨®n social (art¨ªculo 25), que, por definici¨®n, no se respetar¨ªa recluyendo al condenado hasta su muerte, lo que, adem¨¢s, puede considerarse una pena inhumana. Se anuncia as¨ª una condena a prisi¨®n indefinida (m¨¢s que ¡°permanente¡±), que puede terminar como m¨ªnimo despu¨¦s de 25 a?os si el condenado se reinserta. Apelaci¨®n a la reinserci¨®n destinada a salvar formalmente el obst¨¢culo constitucional, porque solo con la recuperaci¨®n total o parcial de la libertad puede comprobarse realmente la reinserci¨®n del preso y porque esta es m¨¢s que dudosa tras periodos tan largos de privaci¨®n de libertad.

Todo ello pone en cuesti¨®n otro principio intocable hasta ahora: la certeza y la determinaci¨®n de las penas que se imponen al condenado, exigidas por la seguridad jur¨ªdica. Al ingresar en prisi¨®n, el condenado debe saber cu¨¢nto tiempo va a durar su pena, aunque pueda cumplir el ¨²ltimo tramo en situaci¨®n de libertad condicional. Lo que no es de recibo es que la condena contenga solo un m¨ªnimo de privaci¨®n de libertad, y se deje en la indefinici¨®n ¡ªo se remita a una valoraci¨®n m¨¢s que problem¨¢tica de la reinserci¨®n¡ª cu¨¢ndo va a concluir. Esta propuesta, otras similares como la ¡°custodia de seguridad¡± a?adida a la pena (otro eufemismo) que tambi¨¦n ha incluido el Gobierno en su anteproyecto, e incluso la aplicaci¨®n retroactiva de la llamada ¡°doctrina Parot¡±, han nacido al calor de estr¨¦pitos medi¨¢ticos provocados por la excarcelaci¨®n de delincuentes con penas muy graves cuando ya las hab¨ªan cumplido. Las apelaciones a la peligrosidad o a la falta de reinserci¨®n en el mejor de los casos olvidan que las penas se basan en la culpabilidad, y en el peor ocultan la voluntad de prolongar la pena m¨¢s all¨¢ de la impuesta en la sentencia. Si, al concluir su condena, el condenado presenta un mal pron¨®stico de reinserci¨®n, ello debe compensarse con la asistencia pospenitenciaria, manifiestamente mejorable en nuestro sistema.

La reforma de Gallard¨®n del C¨®digo Penal es demag¨®gica y populista

Para justificar esta nueva pena, el ministro se refiri¨® a ¡°nombres¡± que est¨¢n ¡°en la mente de todos¡±, admitiendo con ello la influencia medi¨¢tica. Pero si a Jos¨¦ Bret¨®n se le condena por los dos asesinatos que se le imputan, recibir¨¢, con el actual C¨®digo, una pena de 40 a?os, en la que solo podr¨¢ pedir la libertad condicional transcurridos 30. En un caso hipot¨¦tico id¨¦ntico, al que fuera aplicable la reforma a¨²n no aprobada, podr¨ªa imponerse la prisi¨®n indefinida, revisable a los 25 a?os. La reforma Gallard¨®n es una nueva ¡°huida¡± hacia el derecho penal. Quiere volver a aquellas reivindicaciones principales que el PP hizo en el debate parlamentario del C¨®digo Penal de 1995: la omnipresencia de la c¨¢rcel como pena, la cadena perpetua y el endurecimiento generalizado de las penas de prisi¨®n. El C¨®digo de 1995 no fue en esa direcci¨®n y el PP no lo vot¨® por esa raz¨®n. Hoy estamos ante una reforma demag¨®gica y populista, entre otras cosas, porque nadie puede saber c¨®mo ser¨¢ nuestro C¨®digo Penal dentro de 25 o 40 a?os, ni si estaremos vivos para verlo.

Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n es catedr¨¢tica de Derecho Penal. Diego L¨®pez Garrido es diputado y catedr¨¢tico de Derecho Constitucional. Son autores de la obra El C¨®digo Penal de 1995 y la voluntad del legislador.