Los impagos de las administraciones arruinan a las ONG

Esta entrada ha sido escrita porMercedes Ru¨ªz-Gim¨¦nez,Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-Espa?a.

Si algo qued¨® tras las explicaciones del gobierno sobre los Presupuestos Generales para 2013 es que el pago de los intereses de la deuda se comer¨¢ el presupuesto de los Ministerios. Con previsiones de aumento de la deuda de hasta el 80% del PIB para el pr¨®ximo a?o, el panorama para la cobertura de los servicios sociales no se presenta muy halag¨¹e?o. Nada se especific¨® sobre las partidas de cada uno de los Ministerios y tendremos que esperar a la pr¨®xima comparecencia para poder realizar un an¨¢lisis detallado; pero todo apunta a que, por encima de la garant¨ªa de los derechos ciudadanos, primar¨¢ el pago de una deuda contra¨ªda de manera ileg¨ªtima. Cabr¨ªa preguntarse por qu¨¦ el gobierno se empe?a en pagar algo ileg¨ªtimo mientras ignora las deudas contra¨ªdas de manera legal.

Al hablar de ¡°otras formas de recortes¡± nos referimos a retrasos de hasta cinco a?os en el pago de subvenciones ya concedidas, a no abonar segundos plazos de proyectos ya aprobados, a requerir la devoluci¨®n de fondos ya concedidos o incluso a no reconocer la deuda contra¨ªda.

Las ONGD se enfrentan d¨ªa a d¨ªa a la realidad, cada vez m¨¢s extendida, de Administraciones P¨²blicas que no s¨®lo no pagan lo que deben, sino que adem¨¢s, se ingenian nuevas modalidades para recaudar dinero de las propias ONG con quienes est¨¢n en deuda (leg¨ªtima). Se trata de un bucle c¨ªnico que demuestra su af¨¢n recaudatorio.

Esta combinaci¨®n de pr¨¢cticas es asfixiante para muchas ONGD que, confiando en la Administraci¨®n y cumpliendo con los compromisos adquiridos, adelantaron con sus propios fondos la subvenci¨®n aprobada. Se dan casos en los que incluso se ha llegado a solicitar cr¨¦ditos para garantizar que los proyectos siguen adelante. Estas ONGD se enfrentan ahora una situaci¨®n francamente preocupante porque no cobrar¨¢n las cantidades que se les deben en dos o tres a?os -y eso en el mejor de los casos.

Una situaci¨®n parecida viven much¨ªsimas empresas que contrataron con la Administraci¨®n la prestaci¨®n de un servicio o la ejecuci¨®n de una obra y que ven c¨®mo pasan los d¨ªas sin que les abonen las cantidades comprometidas, a pesar de que el servicio est¨¦ prestado o la obra, finalizada. Sin embargo, en el mes de marzo el gobierno dio un primer paso hacia la resoluci¨®n de esta situaci¨®n aprobando un Real Decreto (RD 7/2012) por el que se creaba un Fondo para la Financiaci¨®n de los pagos a proveedores. A trav¨¦s de este mecanismo, todo aquel que tuviera la condici¨®n de acreedor de una Administraci¨®n, siempre que su deuda estuviera amparada en la Ley de Contratos del Servicio P¨²blico, pod¨ªa ver una luz al final del t¨²nel.

Pero, ?qu¨¦ pasa con las deudas que derivan de la concesi¨®n de una subvenci¨®n, como es el caso de proyectos de cooperaci¨®n al desarrollo, proyectos culturales, educativos o cient¨ªficos?, ?son menos deudas unas que otras? La verdad es que la respuesta depende del lado desde el que se mire. Quien recibe una subvenci¨®n est¨¢ igualmente obligado que quien firma un contrato con la Administraci¨®n, de hecho si por cualquier motivo no es posible realizar toda o parte de la actividad subvencionada, es necesario devolver los fondos y en algunos casos, incluso con intereses. Pero esta l¨®gica no funciona a la inversa. La Administraci¨®n puede revocar una subvenci¨®n, declararla prescrita, ingresarla cinco a?os m¨¢s tarde e incluso no ingresarla, sin que hasta el momento, se les haya impuesto ninguna penalizaci¨®n. Para ser fieles a la verdad, es posible que las entidades afectadas inicien el arduo camino que supone recurrir un acto de la Administraci¨®n, asumiendo el se?alamiento futuro que probablemente derive de su decisi¨®n, pero la realidad nos muestra que para cuando llega el momento de hacerlo, la mayor¨ªa no tienen ni medios ni capacidad para lanzarse a la arena judicial.

Una de las situaciones m¨¢s sangrantes se produce cuando se declara la prescripci¨®n de la deuda contra¨ªda. Tal es el caso del Ayuntamiento de M¨®stoles que ha prescrito las subvenciones comprometidas con las organizaciones antes de 2007. Esta situaci¨®n ha afectado directamente a la ONGD Proyecto Solidario, concretamente a uno de sus proyectos con infancia en Bolivia, del a?o 2007. Un proyecto que ha sido realizado ¨ªntegramente con fondos de la organizaci¨®n que incluso ha hecho todos los informes pertinentes y que ahora se encuentra con la prescripci¨®n de esta deuda. Esta organizaci¨®n y otras afectadas por la misma situaci¨®n han presentado un recurso ante el Ayuntamiento de M¨®stoles sin que, hasta el d¨ªa de hoy, hayan tenido respuesta.

Poco margen de actuaci¨®n tienen las m¨¢s de 80 ONGD y sus m¨¢s de 100 proyectos afectados por esta situaci¨®n, para hacer frente al argumento de la insuficiencia de cr¨¦dito, esgrimido al un¨ªsono por muchas Administraciones P¨²blicas espa?olas. Y mucho menos si tomamos en cuenta que algunos gobiernos, sin ning¨²n tipo de reparo, se niegan a reconocer la deuda contra¨ªda por el equipo de gobierno anterior o declaran prescritas las deudas que ten¨ªan pendientes. De esta manera borran de un plumazo a las ONGD de la lista de acreedores. Ya no ocupan ning¨²n lugar en la lista, ni siquiera el ¨²ltimo. Desaparecen. Nos preguntamos, ?por qu¨¦ se act¨²a as¨ª con deudas contra¨ªdas con las ONGD y no se hace algo similar con esos deudores ileg¨ªtimos a los que dedicamos el 80% del presupuesto del Estado?

El resultado de esta situaci¨®n para muchas ONGD es la condena a ocupar sus ¨²ltimos meses de existencia en paliar al m¨¢ximo la repercusi¨®n que esto tiene sobre la poblaci¨®n empobrecida con la que trabajan, en responder a sus organizaciones socias en terreno que esperan todav¨ªa su apoyo, en amortizar la deuda con los bancos que en su d¨ªa les concedieron un cr¨¦dito, y en dar una respuesta satisfactoria a sus trabajadores y trabajadoras que esperan recibir una indemnizaci¨®n por su despido. Y todo esto, por confiar en que el compromiso asumido por los gobiernos en el momento de aprobar una subvenci¨®n es incuestionable. ?Tendremos que decirle a partir de ahora a la ciudadan¨ªa que por su bien, es mejor no confiar no s¨®lo en lo que dicen, sino tambi¨¦n en lo que hacen los gobiernos?