Por un pacto de Estado

Las posibilidades que tiene el Gobierno de afrontar en solitario y con ¨¦xito las crisis que se acumulan sobre Espa?a son escasas, por grande que sea su disposici¨®n, el arrojo con que las combata y severos los sacrificios que reclame a los ciudadanos. Ciertamente, el actual Gobierno solo lleva meses en el oficio y es pronto todav¨ªa para evaluar los resultados de sus pol¨ªticas. Adem¨¢s, el partido que lo sustenta gan¨® las elecciones por mayor¨ªa absoluta, y el principio democr¨¢tico impone respetar esos resultados y favorecer la gobernaci¨®n de quienes el pueblo soberano eligi¨®. No es caso, pese a la crudeza de la situaci¨®n, de proponer que se forme un Gobierno de concentraci¨®n que primar¨ªa a quienes no obtuvieron votos bastantes para participar en dichas tareas pol¨ªticas. Sin embargo, es urgente promover pactos de Estado para luchar contra las crisis que nos abruman porque, de no ser as¨ª, el declive de las instituciones, de los derechos y el bienestar de los ciudadanos continuar¨¢ durante a?os y, en muchos aspectos, puede hacerse irreversible.

Aludimos a las crisis, en plural, porque al menos son de tres tipos diferentes: la que afecta a la econom¨ªa, la que desestabiliza el Estado de bienestar y la que reclama reajustes en la estructura territorial del Estado.

Ning¨²n Gobierno puede afrontar estos retos con sus exclusivas fuerzas y recursos pol¨ªticos. Las acciones contra la crisis econ¨®mica lo est¨¢n evidenciando de modo continuo. El Gobierno ha asumido como pol¨ªtica anticrisis la que ha entendido que es m¨¢s eficaz, consistente en la aplicaci¨®n estricta de un programa de estabilidad financiera y sostenibilidad, que comporta ajustes dr¨¢sticos en los gastos e inversiones p¨²blicas de toda clase. Aunque esta pol¨ªtica resulta de obligado acatamiento, porque viene impuesta por la Uni¨®n Europea y por la propia Constituci¨®n, que ha incorporado a su art¨ªculo 135, reformado en septiembre de 2011, el mandato de estabilidad, cada decisi¨®n que adopta el Gobierno y cada norma que aprueba es puesta inmediatamente en entredicho por los partidos de la oposici¨®n. Algunas razones de la cr¨ªtica se refieren a que el Ejecutivo recurre casi exclusivamente al decreto ley, dada la situaci¨®n de urgencia y grave necesidad, lo que reduce las posibilidades de que el Legislativo participe anticipadamente en el debate de las medidas. Tambi¨¦n se aduce que la austeridad es susceptible de graduaci¨®n y el Gobierno la est¨¢ aplicando en su nivel extremo, imponiendo sacrificios enormes a los ciudadanos. O que se est¨¢ provocando con tales pol¨ªticas una fort¨ªsima contracci¨®n de la demanda que impedir¨¢ la recuperaci¨®n del consumo y la creaci¨®n de puestos de trabajo durante a?os.

No es caso, pese a la situaci¨®n, de proponer que se forme un gobierno de concentraci¨®n

Unos y otros defienden sus posiciones con mucho empe?o y est¨¢ por ver la parte de raz¨®n que corresponde a cada cual porque los pron¨®sticos en materia de pol¨ªtica econ¨®mica son con mucha frecuencia incumplidos. Pero lo seguro es que las diatribas pol¨ªticas y las inseguridades que arrastran asustan a los inversores, bloquean los mercados, determinan a los ciudadanos a reservar sus ahorros para afrontar el incierto futuro, y tienen, en fin, un efecto suplementario sobre la paralizaci¨®n de la econom¨ªa. Solo los partidos pueden sacar provecho de una situaci¨®n tan inquietante porque, si el Gobierno triunfa en solitario, prorrogar¨¢ la confianza que los ciudadanos le otorgaron, y, en caso contrario, la fidelidad se trasladar¨¢ hacia los partidos de la oposici¨®n o, al menos, as¨ª lo creen ellos.

Los problemas que plantea la crisis del sistema de bienestar social est¨¢n reclamando con fuerza equivalente la celebraci¨®n de pactos de Estado para afrontarlos. Espa?a no genera recursos suficientes para financiar los servicios p¨²blicos que el Estado dispensa, de forma gratuita o casi, a los ciudadanos. No es sostenible el Estado de bienestar tal y como est¨¢ configurado hoy. Es una sencilla cuesti¨®n de n¨²meros. La consecuencia no es que haya que liquidarlo, sino que es preciso adaptarlo a nuestras disponibilidades econ¨®micas. Las f¨®rmulas posibles son muchas, y las que se usen tienen que ser proporcionadas, razonables y equitativas, adem¨¢s de respetuosas con los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Los grupos pol¨ªticos mueven sus opciones dentro de un arco ampl¨ªsimo. En un extremo, se sit¨²an quienes, convencidos de su necesidad, aplican reformas sin contar con estudios previos y sin debate suficiente; en el otro est¨¢n los que sostienen el numantino principio de que el Estado de bienestar no se toca y procede a acorazarlo y no dar un paso atr¨¢s en su defensa. Si estas posturas no se aproximan a un pacto, nada dif¨ªcil de fundamentar y construir en t¨¦rminos econ¨®micos y de justicia social, veremos c¨®mo las ventajas del Estado de bienestar se nos escapan de las manos.

La tercera crisis, que no es la menos importante, afecta a la estructura territorial del Estado. La parte m¨¢s aparatosa de la misma viene ahora de Catalu?a y pronto se sumar¨¢ previsiblemente a sus mismos postulados el Pa¨ªs Vasco, y tal vez otros territorios. Reclaman el ¡°derecho a decidir¡± si seguir formando parte del Estado espa?ol, y c¨®mo. Invocan el principio democr¨¢tico, que creen que les permite utilizar el derecho de autodeterminaci¨®n, pero sin ning¨²n l¨ªmite constitucional. Hay que respetar, sin duda, los sentimientos mayoritarios del pueblo en base al principio democr¨¢tico, pero el principio de constitucionalidad tambi¨¦n impone sus reglas que ser¨¢ imprescindible observar. No hacen falta m¨¢s detalles para que los ciudadanos perciban que la ¡°cuesti¨®n catalana¡± tiene muchos aspectos preocupantes, que conciernen al Estado. Con toda evidencia no es este un asunto exclusivamente del Gobierno, sino que reclama un pacto pol¨ªtico para afrontarlo.

El acuerdo contribuir¨ªa a mejorar la opini¨®n que los ciudadanos tienen de sus pol¨ªticos

La gran manifestaci¨®n de la Diada del pasado 11 de septiembre y su inmediato aprovechamiento pol¨ªtico por el Gobierno de la Generalitat, ha provocado el curioso efecto de que las declaraciones y noticias de cada d¨ªa se hayan concentrado en la pol¨ªtica catalana y sus consecuencias, como si la crisis del Estado de las autonom¨ªas no tuviera otras manifestaciones, tambi¨¦n graves. Pero no ser¨ªa sensato olvidar que, despu¨¦s de m¨¢s de 30 a?os, el reparto territorial del poder presenta severos deterioros que afectan al funcionamiento del Estado como conjunto y a la articulaci¨®n de las instituciones que lo conforman. Son manifiestos los defectos de la distribuci¨®n de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas, que demanda un replanteamiento en profundidad. La relaci¨®n entre la legislaci¨®n estatal y la auton¨®mica es incorrecta. Las garant¨ªas de cumplimiento de las leyes del Estado son escasas. La organizaci¨®n institucional de las Administraciones P¨²blicas es desmesurada. La observancia de las reglas del juego establecidas en el T¨ªtulo VIII de la Constituci¨®n es, en la actualidad, m¨ªnima. La situaci¨®n reclama arreglos urgentes que, sumados a las exigencias que proceden de Catalu?a, tal vez haga imprescindibles las reformas constitucionales cuya necesidad est¨¢n planteando sin excepci¨®n todos los especialistas solventes. En lugar de estudiar seriamente la orientaci¨®n de estas reformas, cada grupo pol¨ªtico mantiene posiciones muy divergentes, sin que se hayan analizado ni la necesidad de las medidas que se proponen ni las consecuencias que tendr¨ªan para el Estado. Tambi¨¦n resulta evidente que cualquier medida que conduzca a una reforma de la Constituci¨®n o, en su defecto, a una revisi¨®n de la legislaci¨®n que contiene regulaciones esenciales de la aludida cuesti¨®n auton¨®mica, tiene que ser formulada en el marco de un pacto de Estado.

Espa?a vive una situaci¨®n muy comprometida y el Gobierno y los partidos pol¨ªticos tienen que asumir patri¨®ticamente la necesidad de establecer compromisos de Estado para superarla. Es seguro que el propio hecho del acuerdo contribuir¨ªa tambi¨¦n a mejorar la opini¨®n que los ciudadanos tienen actualmente de sus representantes pol¨ªticos.

D¨ªas atr¨¢s, el C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n, que re¨²ne a un grupo extenso de profesionales y acad¨¦micos de todas las ramas y especializaciones, ha debatido sobre las tres principales crisis que han sido enunciadas, y acord¨® hacer p¨²blica su opini¨®n, que estas l¨ªneas resumen en su nombre.

Santiago Mu?oz Machado y Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Delgado, en representaci¨®n del C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n.