Soberan¨ªa popular y democracia

Hay palabras que, combinadas, adquieren una potencia que, como algunos cocktails, pueden llegar a provocar efectos de ebriedad en quienes las usan sin el suficiente conocimiento. La combinaci¨®n de soberan¨ªa y popular, por ejemplo, emborracha en muchas ocasiones a sus usuarios tanto como la mezcla de las inglesas gin y tonic.

Una utilizaci¨®n inteligente de cualquiera de las dos combinaciones proporciona placer, una sensaci¨®n ligera de euforia y, a veces, una agudizaci¨®n atemperada y soportable del ingenio. Pero el abuso convierte a quien lo comete en alguien que llega a ser capaz de decir insensateces y convertirse en una amenaza para los dem¨¢s.

Un abusador de la combinaci¨®n gin y tonic puede, por ejemplo, asegurar que est¨¢ en condiciones id¨®neas para conducir su coche. Y un abusador de soberan¨ªa y popular puede llegar a afirmar que est¨¢ por encima de la ley y que no hay nada m¨¢s democr¨¢tico que lo que est¨¢ pidiendo en la calle. Normalmente ambos efectos perversos se producen en p¨²blico, con espectadores o compadres de farra que aplauden y refuerzan el euf¨®rico resultado de la ebriedad inevitable.

Por supuesto, los da?os colaterales que provocan las dos combinaciones descritas son muy diferentes. El de las bebidas puede acabar en una trifulca dom¨¦stica sin mayor trascendencia o en un grave accidente de tr¨¢fico, aunque de efectos limitados. El de los conceptos filos¨®fico-pol¨ªticos puede provocar situaciones de devastaci¨®n a una escala gigantesca.

Tenemos muy cerca algunos abusos que sirven de ejemplo y ya est¨¢n provocando graves consecuencias en nuestro pa¨ªs.

Hace apenas un a?o, y de madrugada, que es cuando estas cosas suceden con mayor frecuencia, los dos partidos mayoritarios espa?oles, el PSOE y el PP, pactaron un cambio en la Constituci¨®n que pon¨ªa fuera de la ley a John Maynard Keynes, al fijar que no se pod¨ªan superar ciertas tasas de d¨¦ficit en ninguna de las Administraciones del Estado. La decisi¨®n era discutible (lo sigue siendo), pero lo peor fue el m¨¦todo: se abr¨ªa un camino para cambiar la Constituci¨®n que era abiertamente inconstitucional. La que llamamos con cierta rimbombancia Carta Magna se cambiaba sin recurrir a debates parlamentarios y, sobre todo, sin hacer ninguna consulta. Sentado aquel desastroso acto, nadie nos puede asegurar que se pueda cambiar alg¨²n otro aspecto de la Constituci¨®n en una noche de euforia. Podemos amanecer un d¨ªa convertidos en Rep¨²blica o ver c¨®mo el Estado deja de ser garante de cosas como la Educaci¨®n y la Salud.

Fue un pacto PSOE-PP lo que abri¨® una v¨ªa anticonstitucional para cambiar la Carta Magna

?Por qu¨¦ se atrevieron los representantes de los dos grandes partidos a llegar a un acuerdo semejante? Por los gin-tonics que ingirieran parece ser que no, porque los personajes que encarnaron la tropel¨ªa gozan de fama de ser abstemios. El abuso previo al pacto fue de soberan¨ªa popular: entre ambos sumaban una mayor¨ªa abrumadora en el Congreso de los Diputados y en el Senado, representaban de forma mayoritaria la soberan¨ªa popular que les hab¨ªa dado los votos. Aunque no ese mandato preciso.

Un pensador franc¨¦s m¨¢s que relevante y uno de los mejores exponentes de la lucha por la democracia en su pa¨ªs, Raymond Aron, escribi¨® hacia 1950 un magistral libro de reflexiones (Penser la libert¨¦, penser la d¨¦mocratie, Gallimard, 2005) en el que defin¨ªa los principios esenciales para que existiera la democracia. Los dos principales eran la legalidad y la libertad. La soberan¨ªa popular la dejaba algo de lado porque daba por hecho que ten¨ªa que estar presente pero, tambi¨¦n, que esa soberan¨ªa pod¨ªa dar lugar a reg¨ªmenes totalitarios, fascistas o comunistas. La ley, igual para todos los ciudadanos, impide el uso arbitrario del poder. La libertad, es un concepto que incluye la moral, que es de cada individuo, pero tiene el l¨ªmite de la legalidad. Para los griegos, para Plat¨®n, la corrupci¨®n de la democracia se produc¨ªa cuando ¡°el pueblo se sit¨²a por encima de las leyes¡±.

Todo esto nos lleva a otro ejemplo reciente y extremo de ebriedad soberano-popular, que ha conducido a algunos pol¨ªticos representantes de Comunidades de las llamadas hist¨®ricas a poner la legalidad en un plano inferior al de la democracia. Un ejercicio rid¨ªculo, porque no existe la segunda sin la primera pero, adem¨¢s, un ejercicio abusivo y peligroso, porque eso se hace en nombre de la soberan¨ªa popular expresada a trav¨¦s de la ocupaci¨®n de la calle, a trav¨¦s de mecanismos como los que recomendaban los pensadores nazis o bolcheviques. Todo el pueblo piensa lo mismo. Eso vale para saltarse la ley (porque cambiarla lleva su tiempo), pero con el fant¨¢stico aval de un pueblo unido, con una sola voz, que reclama su derecho a decidir pero al que el convocante no explica, por ejemplo, qu¨¦ va a hacer con las minor¨ªas (aunque sean mayoritarias, como los castellanohablantes de una comunidad ejemplarmente biling¨¹e).

En pocos meses, el debate se ha desplazado y ahora se ha convertido en una discusi¨®n sobre qu¨¦ soberan¨ªa popular es la que debe primar, la espa?ola o la de cada sitio. De momento, la ley es la ley, que se?ala a la primera de ambas. Eso se puede cambiar pero lleva su tr¨¢mite, que es otra de las cualidades que definen una democracia seria, la de seguirlos.

?Hace un gin-tonic? S¨ª, pero solo si mi mujer no bebe y quiere llevar el coche.

Agapito Ramos es abogado y Jorge M. Reverte es periodista y escritor.