El precio de la justicia

En lugar de esforzarse en mejorar la oferta judicial ¡ªque es una opci¨®n dif¨ªcil en las actuales circunstancias de recortes presupuestarios, pero a la que no puede dar de lado el responsable p¨²blico de la justicia¡ª, el ministro Ruiz-Gallard¨®n ha elegido restringir la demanda. Es la soluci¨®n m¨¢s f¨¢cil, pero no es la m¨¢s justa. La creaci¨®n de nuevas tasas judiciales y el aumento hasta en un cien por cien de las ya existentes crean una barrera econ¨®mica dif¨ªcilmente franqueable para muchos ciudadanos que quedar¨¢n marginados del ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva.

Podr¨ªa interpretarse que el Gobierno sigue tambi¨¦n aqu¨ª el sendero de privatizaci¨®n de aspectos esenciales del Estado, pues si bien la funci¨®n jurisdiccional es y seguir¨¢ siendo, como no puede ser de otro modo, una actividad exclusiva del Estado, recurrir a su amparo por parte de los ciudadanos quedar¨¢ condicionada por su capacidad econ¨®mica. Pero la finalidad es ante todo disuasoria: poner coto a la excesiva litigiosidad, aunque a costa de dejar fuera del circuito judicial a los litigantes menos favorecidos. El Gobierno prev¨¦ ingresar unos 300 millones de euros con las nuevas tasas.

La medida tardar¨¢ todav¨ªa algunas semanas en entrar en vigor por la tardanza de Hacienda en disponer del impreso oficial de pago de las tasas (o por el apresuramiento de Ruiz-Gallard¨®n en promulgar la norma). Y nace con la oposici¨®n un¨¢nime del mundo judicial y jur¨ªdico, que ve en ella lo que el ministro de Justicia niega: una restricci¨®n gravemente discriminatoria de un derecho fundamental y, por ello, posiblemente inconstitucional. El Tribunal Constitucional consider¨® admisible el pago de tasas en determinados pleitos de acuerdo con la capacidad econ¨®mica de los litigantes, pero es dif¨ªcil que esa proporcionalidad sea compatible con su pr¨¢ctica generalizaci¨®n y con el aumento de hasta un cien por cien de las que ya exist¨ªan.

La justicia penal queda exenta, seguramente porque el Gobierno cree justificado que su coste corra a cargo del presupuesto p¨²blico por los asuntos que trata, en buena medida relacionados con la acci¨®n represora del Estado en defensa de la legalidad y la lucha contra la delincuencia. Pero tambi¨¦n en la justicia civil, la contencioso-administrativa y la laboral se dilucidan asuntos b¨¢sicos para la convivencia social: conflictos familiares, defensa ciudadana frente a la amplia capacidad sancionadora del Estado y conflictos y despidos de trabajadores. En estos ¨¢mbitos habr¨¢ que disponer de entre 150 y 350 euros para acudir a la justicia y entre 750 y 1.200 para recurrir. Diga lo que diga el ministro Ruiz-Gallard¨®n, el derecho a la tutela judicial efectiva quedar¨¢ gravemente restringido para muchos ciudadanos econ¨®micamente incapacitados para iniciar el pleito o recurrir en su defensa a las instancias superiores de la justicia.