Reformas el¨¦ctricas

En julio de 2005 publiqu¨¦, por encargo del Gobierno, un Libro Blanco sobre la reforma del sector el¨¦ctrico. Sus principales recomendaciones eran cuatro. Primera, dejar funcionar correctamente al mercado mayorista, reduciendo el dominio de las dos mayores compa?¨ªas ¨CEndesa e Iberdrola¨C y desacoplando el precio de este mercado del pago de unas compensaciones acordadas con las empresas por el cambio regulatorio que en 1998 introdujo competencia en la generaci¨®n el¨¦ctrica. Segunda, que las tarifas recogiesen la totalidad de los costes reconocidos a las empresas y as¨ª acabar con el desprop¨®sito del d¨¦ficit tarifario, que entonces era de unos 1.500 millones de euros ¨Cahora supera los 25.000 millones¨C, pues se debe pagar la totalidad de los costes de la electricidad, como los de cualquier otro producto (mientras se aplican medidas espec¨ªficas para mejorar la eficiencia y reducir cada uno de estos costes). Tercera, que ya no era preciso seguir con las citadas compensaciones a las empresas productoras, sino que, al contrario, debieran limitarse a futuro los ingresos que en el mercado el¨¦ctrico fueran a recibir centrales construidas largo tiempo atr¨¢s ¨Cmucho antes de la introducci¨®n del mercado¨C y con previsiones de funcionamiento muy superiores a sus periodos de amortizaci¨®n ¨Cnucleares e hidr¨¢ulicas¨C. Cuarta, enmarcar la reforma y las futuras decisiones sobre el sector en un plan energ¨¦tico de largo plazo, sostenible, debatido en p¨²blico con transparencia y adoptado como pol¨ªtica de estado.

El Gobierno promete ahora una reforma del sector el¨¦ctrico, que todos reconocen est¨¢ en situaci¨®n cr¨ªtica. ?Qu¨¦ fue de aquellas recomendaciones? ?Ser¨ªan de utilidad ahora? Pr¨¢cticamente todas fueron ignoradas. Claramente lo fue la del d¨¦ficit tarifario (inventado en 2002 por el Gobierno popular), con el Gobierno socialista neg¨¢ndose a subir las tarifas lo suficiente o a realizar reformas de fondo que mejorasen la eficiencia del sector y el Partido Popular, entonces en la oposici¨®n, protestando hip¨®critamente cada vez que se barruntaba cualquier intento de subida. Se adoptaron algunas medidas, aunque insuficientes para mitigar el poder de mercado, que ahora no es mayor problema por el exceso de capacidad de generaci¨®n existente. En contra de lo recomendado, se suprimi¨® la norma que regulaba las mencionadas compensaciones, defraudando a los consumidores (que ahora iban a resultar beneficiados) aunque se vendi¨® como lo contrario. Por iniciativa de los Secretarios de Estado de Energ¨ªa y Medio Ambiente se acometi¨® un plan energ¨¦tico ¨Cbien planteado e intencionado, pero que incurri¨® en la torpeza de no contar con la participaci¨®n de la oposici¨®n¨C y que, una vez listo para debate justo antes de las elecciones generales de 2008, fue metido en un caj¨®n por el segundo Gobierno socialista y ah¨ª debe estar todav¨ªa.

La soluci¨®n para acabar con el d¨¦ficit tarifario no es t¨¦cnica, sino pol¨ªtica

Hay dos grandes tareas pendientes. Una es acabar con ese c¨¢ncer del sector que hemos creado con el d¨¦ficit tarifario. La otra es acometer la prometida reforma del sector el¨¦ctrico. El arreglo del d¨¦ficit no es materia de expertos en regulaci¨®n: no tiene soluci¨®n t¨¦cnica, sino pol¨ªtica. No hay quien lleve ya la cuenta del c¨²mulo de arbitrariedades que, a favor y en contra de las cuentas de las empresas y de los consumidores, se han realizado desde la eliminaci¨®n de las compensaciones en 2006. Los pol¨ªticos, que crearon el d¨¦ficit, deber¨¢n reunirse ¨Caunque sea, por ¨²ltima vez, a puerta cerrada¨C entre ellos y con las empresas y consumidores, y encontrar una salida pragm¨¢tica que minimice da?os.

Por ¨²ltima vez. Porque, una vez encaminado el asunto del d¨¦ficit, la otra tarea pendiente no consiste en acometer un paquete de medidas t¨¦cnicas sobre los diversos temas abiertos en la regulaci¨®n del sector. Eso vendr¨ªa despu¨¦s. Lo que se necesita es recuperar primero la credibilidad regulatoria, el respeto de verdad a las instituciones y a los procesos legales; que exista seguridad jur¨ªdica. Miren ustedes, durante los ¨²ltimos cinco a?os, hasta hace un mes, he sido miembro independiente de la comisi¨®n reguladora del mercado el¨¦ctrico ¨²nico de Irlanda, que comprende Irlanda del Norte y la Rep¨²blica de Irlanda. He presidido esa comisi¨®n un tercio del tiempo y mi voto decid¨ªa en caso de empate entre el Norte y el Sur. He vivido lo que es una comisi¨®n reguladora con verdaderos poderes ejecutivos, independiente del Gobierno, donde para cambiar una norma se tiene que seguir un proceso establecido y totalmente transparente, con varias consultas p¨²blicas a las que se contesta tambi¨¦n p¨²blicamente y por escrito antes de poder tomar decisi¨®n alguna. Nada que ver con nuestra Comisi¨®n Nacional de Energ¨ªa (CNE), de la que fui vocal cuando fue creada en 1995, y que ahora el Gobierno quiere fundir con otras agencias reguladoras, apropi¨¢ndose de algunas de sus funciones y debilit¨¢ndola a¨²n m¨¢s. Y nada que ver con la forma en que se ha ido modificando y desarrollando la normativa del sector, a golpe de decreto del Consejo de Ministros sin transparencia ni consulta, hasta dejar irreconocible la buena Ley del Sector El¨¦ctrico de 1997, dando una penosa imagen de inseguridad jur¨ªdica hacia el exterior y perjudicando a nuestras empresas, que llevan muchos a?os sin saber a qu¨¦ atenerse. Sin seguridad jur¨ªdica es muy dif¨ªcil atraer inversiones en las tecnolog¨ªas de futuro ¨Cde redes y de producci¨®n, limpias y eficientes¨C que vamos a necesitar.

Los pol¨ªticos, que crearon el d¨¦ficit, deber¨¢n reunirse entre ellos y con las empresas y consumidores, y encontrar una salida pragm¨¢tica.

Y, antes de comenzar con los aspectos t¨¦cnicos a reformar, hay que tener una visi¨®n del futuro energ¨¦tico que queremos, debatido democr¨¢ticamente y aprobado con el consenso de los partidos pol¨ªticos. Hay que volver a acometer con urgencia un nuevo proyecto de plan energ¨¦tico como el de 2008, pero con amplia participaci¨®n y transparencia. Hace a?os que otros grandes pa¨ªses europeos han debatido y publicado hojas de ruta de sus modelos energ¨¦ticos, con objetivos a veinte o cuarenta a?os, para transitar hacia una senda de mayor sostenibilidad y cumplir sus compromisos internacionales ¨Csobre todo en materia de cambio clim¨¢tico¨C optimizando sus recursos naturales y capacidades tecnol¨®gicas. Necesitamos disponer de una visi¨®n integral estrat¨¦gica de largo plazo para poder definir y poner en vigor los instrumentos regulatorios adecuados que permitan trasladar los principios generales y declaraciones de objetivos a medio y largo plazo a acciones concretas.

Si se incumplen estas dos premisas: demostraci¨®n de la voluntad de dotar de seguridad jur¨ªdica al sector y consenso pol¨ªtico y social sobre un plan de futuro del sector energ¨¦tico, a m¨ª al menos me sobran las reformas. No van a ir a ninguna parte.

Jos¨¦ Ignacio P¨¦rez Arriaga es Director de la C¨¢tedra BP de Energ¨ªa y Sostenibilidad y profesor del ICAI (Universidad Pontificia Comillas) y del MIT (Instituto Tecnol¨®gico de Massachusetts), y miembro de la Real Academia de Ingenier¨ªa de Espa?a.