Protestas fundadas

Las decisiones de recorte del gasto del Gobierno central y las pol¨ªticas de las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP est¨¢n deteriorando la calidad de la sanidad p¨²blica. Los ciudadanos advierten clara y dolorosamente ese deterioro y est¨¢n organizando protestas masivas con resultados exitosos. Gracias a la protesta de los profesionales de la medicina, el Gobierno aut¨®nomo de Madrid ha tendido que desdecirse, aunque de forma confusa, de su decisi¨®n de convertir el hospital de la Princesa en un centro geri¨¢trico. Ayer, miles de discapacitados se manifestaron para protestar por los dr¨¢sticos recortes presupuestarios a la Ley de Dependencia. Los m¨¢s bien escasos avances sociales conseguidos hasta 2008 para proteger a las personas con discapacidad est¨¢n siendo destruidos por las reducciones indiscriminadas de gasto p¨²blico o el impago de los compromisos adquiridos.

La sensaci¨®n de desprotecci¨®n que tienen los ciudadanos se agrava debido al oscurantismo con que se est¨¢n aplicando las nuevas pol¨ªticas sanitarias. Las declaraciones de los portavoces auton¨®micos, que bien pueden calificarse de ret¨®rica sin cuantificar ni fundamentar, se limitan a repetir que la privatizaci¨®n de la sanidad p¨²blica no repercute en la calidad del servicio a los ciudadanos. Pero los usuarios de los centros m¨¦dicos saben bien que no es as¨ª, que las consultas y las medicinas se encarecen por las f¨®rmulas de copago y el pago parcial por recetas y que el n¨²mero de beneficiarios de la medicina p¨²blica empieza a disminuir r¨¢pidamente. Por otra parte, la privatizaci¨®n de la medicina no es una pol¨ªtica inocua o neutral en t¨¦rminos econ¨®micos. El trasvase de directivos de la sanidad p¨²blica a la privada, y viceversa, la conocida puerta giratoria entre el Estado y el mercado que las insuficientes leyes espa?olas intentan cerrar con ineficaces normas de incompatibilidad, indica que la privatizaci¨®n de la sanidad es una decisi¨®n firme de los Gobiernos del PP y que los recortes del gasto p¨²blico est¨¢n acelerando el cumplimiento de ese objetivo.

Los ciudadanos, con raz¨®n, sospechan que la prioridad no parece ser la de mantener un buen servicio sanitario p¨²blico en una coyuntura de restricciones presupuestarias, sino cumplir con los recortes de gasto p¨²blico por encima de cualquier otra consideraci¨®n y segregar parcelas de la sanidad en beneficio del negocio privado. La mayor¨ªa es consciente de la necesidad de reducir el gasto p¨²blico y se siente solidaria con esa exigencia. Pero los ajustes se han ejecutado hasta ahora con discutibles criterios y prioridades. Los servicios p¨²blicos, como la sanidad o la educaci¨®n, pueden soportar recortes si as¨ª lo requiere el hundimiento de los ingresos del Estado y la obligaci¨®n de reducir la deuda, pero el l¨ªmite que no puede franquearse es que, por una gesti¨®n indiscriminada o torpe, tales recortes pongan en peligro la salud de los ciudadanos o comprometan su futuro profesional con una educaci¨®n mediocre.