Grietas en el derecho de defensa

Desaparecida, afortunadamente, en nuestro derecho la facultad de obtener la confesi¨®n forzada del culpable a trav¨¦s de la tortura, la generalizaci¨®n de la intervenci¨®n de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitir¨ªa renacer, en cierto modo, ese m¨¦todo inquisitorial, sustituy¨¦ndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicaci¨®n con el abogado permitir¨ªa obtener datos incriminadores directamente del acusado, en contra de su voluntad¡±. Es parte del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el 25 de marzo de 2010 anul¨® las resoluciones que hab¨ªan autorizado la intervenci¨®n de todas las comunicaciones personales de los imputados en prisi¨®n preventiva con todos sus abogados, presentes o futuros. All¨ª donde el cliente ve por primera vez a su abogado y le confiesa o no lo que ha hecho en la enga?osa privacidad de un locutorio usado como caja de resonancia para el buen fin de la instrucci¨®n. Como dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de julio de 2009: ¡°No hay causas graves y causas leves, sino procesos justos o injustos. La exigencia de eficacia en la lucha contra el delito no puede tener como contrapartida una excepcionalidad procesal definida por la quiebra de los derechos fundamentales¡­ aceptar este planteamiento ser¨ªa tanto como entronizar el principio de que el fin justifica los medios¡±.

El Colegio de Abogados de Madrid no s¨®lo conden¨® los hechos, sino que los traslad¨® al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscal¨ªa General del Estado, entre otras autoridades, pidiendo el ejercicio de acciones. Nadie hizo nada. El Colegio se person¨® en la causa y apel¨® todas las resoluciones que ordenaron las escuchas. La personaci¨®n fue admitida y el recurso elevado a la Sala del TSJ de Madrid. Sus argumentos est¨¢n fielmente reflejados en aquel buen Auto de marzo de 2010. El Colegio entendi¨® que, restablecido el derecho de defensa donde se viol¨®, estaba logrado su objetivo institucional y no deb¨ªa intervenir en la depuraci¨®n de las responsabilidades penales de jueces y fiscales. Utilizar la funci¨®n social del Colegio para impostar reivindicaciones sobre la conducta personal de los funcionarios intervinientes nos pareci¨® que entra?aba el riesgo de caer en la demagogia y que, sin duda alguna, quedaba fuera de la perspectiva institucional que debe mantener la voz representativa de la abogac¨ªa.

Muerto el recurso se acab¨® la rabia, pero el proceso justo ser¨¢

Quince a?os atr¨¢s, probablemente a ning¨²n juez o fiscal se le hubiera ocurrido violar as¨ª la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente, ignorando la doctrina constitucional y las normas procesales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del TEDH. Nunca hab¨ªa sucedido nada semejante. Pero asistimos a una clara regresi¨®n del esp¨ªritu que hizo posible la Constituci¨®n ?Tenemos que recordar c¨®mo acaban de imponerse unas tasas judiciales de importe absolutamente desproporcionado para la cuant¨ªa de la mayor parte de los asuntos y para la capacidad de muchas familias con el pretexto de que hay quienes abusan de los tribunales y del derecho al recurso? ?Tienen que pagar todos el abuso de algunos, si es que lo hay? Muerto el recurso se acab¨® la rabia, desde luego, pero el proceso justo ser¨¢ menos justo y menos igual para todos. ?Continuar¨¢n ejecut¨¢ndose desahucios sin asistencia letrada? ?Tendremos que seguir lamentando el deterioro inducido por la desatenci¨®n de las administraciones en un servicio p¨²blico esencial de utilizaci¨®n masiva y calidad excepcional como es el turno de oficio? Seguramente veremos c¨®mo se vuelve a limitar el derecho de los ciudadanos m¨¢s necesitados.

A estas alturas del siglo XXI el sistema de garant¨ªas constitucionales deber¨ªa reforzarse con una Ley Org¨¢nica de la defensa que regulara de forma sistem¨¢tica este derecho fundamental, igual que existe una Ley Org¨¢nica del Poder Judicial o un Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal. ?Por qu¨¦ ser menos? Sin embargo, la tentaci¨®n es la contraria: debilitar el sistema de garant¨ªas, restringir el acceso a la justicia y al recurso, sojuzgar al abogado perdiendo lo esencial de su funci¨®n en un bosque de normas fragmentarias y antiguas, someterse al juicio discrecional de jueces porque ellos si saben lo que hacen cuando coincide con la opini¨®n de quienes detentan el poder. Si hay que retroceder en los principios y valores constitucionales que definen nuestro Estado social y democr¨¢tico de derecho, ser¨¢ que lo demanda la sociedad para preservar este orden precario de los tiempos de crisis. Algunos se quedan as¨ª tranquilos.

La b¨²squeda econ¨®mica de la eficacia, el deseo de influir r¨¢pidamente en la opini¨®n p¨²blica, la entronizaci¨®n de una pol¨ªtica aritm¨¦tica y la sustituci¨®n de una ¨¦tica de los medios por una dudosa ¨¦tica de los fines, ponen en riesgo la defensa, que es un valor lento, una obligaci¨®n de medio y no de resultado, un derecho que demora y encarece los procesos. De su mano, el abogado que ejerce la defensa al l¨ªmite ¡ªsu obligaci¨®n¡ª se ve como un estorbo. Aunque realmente sea una garant¨ªa necesaria para la realizaci¨®n de la justicia como valor superior del ordenamiento jur¨ªdico. No caben aqu¨ª atajos: el Estado de derecho se desangra por cualquier grieta. Los abogados, que portamos el inter¨¦s del ciudadano en el sistema de la justicia, lo sabemos. Conseguiremos ser escuchados.

Antonio Hern¨¢ndez-Gil es decano en funciones del Colegio de Abogados de Madrid y candidato en las pr¨®ximas elecciones de este Colegio.