Basta de arbitrariedad

La protesta de cientos de jueces por el indulto a cuatro mossos d¡¯esquadra, condenados a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por torturar a un ciudadano detenido err¨®neamente, ha puesto de relieve el grado de arbitrariedad con que el poder ejecutivo ejerce la prerrogativa de gracia. Que el Gobierno de Rajoy ten¨ªa mucho inter¨¦s en indultarles lo demuestra la reiteraci¨®n de perdones: primero les concedi¨® un indulto parcial y, como eso no les libraba de la c¨¢rcel, un segundo indulto les permiti¨® eludir la prisi¨®n. El Ejecutivo no ha explicado formalmente el motivo del perd¨®n y solo de manera informal ha sugerido que hay dudas sobre la culpabilidad de los cuatro polic¨ªas. Pero el Gobierno carece de facultades para valorar las pruebas, algo que corresponde en exclusiva a los tribunales.

Una anacr¨®nica ley de 1870 ¡ªparcialmente modificada tras la Constituci¨®n de 1978¡ª ampara la concesi¨®n de indultos. Ejecutivos de distinto signo pol¨ªtico la han usado para perdonar a un expresidente auton¨®mico como Juan Hormaechea, al juez prevaricador Javier G¨®mez de Lia?o o (solo en parte) a los ex altos cargos socialistas Jos¨¦ Barrionuevo y Rafael Vera. El Gobierno actual se limita a continuar con similares pr¨¢cticas y por eso indulta a militares que falsearon la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente del Yak 42, a cargos municipales que vend¨ªan licencias urban¨ªsticas ilegales o a polic¨ªas torturadores.

No se discute la legalidad de tales decisiones, sino si ha llegado la hora de poner coto a ese estado de cosas. La Constituci¨®n garantiza ¡°la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos¡±, y por lo tanto no es admisible que el Gobierno pueda indultar a cualquier condenado sin argumentar las razones de su decisi¨®n, algo que s¨ª tienen que hacer los tribunales con cada una de las suyas.

Sin cerrar la puerta al indulto en casos muy justificados ¡ªpor ejemplo, para evitar el ingreso en prisi¨®n de delincuentes sentenciados mucho tiempo despu¨¦s de cometidos los hechos, cuya rehabilitaci¨®n est¨¦ suficientemente probada¡ª, corresponde a las Cortes elaborar una ley que vincule m¨¢s el indulto a la opini¨®n del tribunal sentenciador y que obligue al Gobierno a motivar la raz¨®n de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Tambi¨¦n hay que poner coto a la costumbre de perdonar incluso las penas de inhabilitaci¨®n o suspensi¨®n para cargo o funci¨®n p¨²blica, lo cual da lugar a situaciones tan inadmisibles como la vuelta a sus puestos en la Administraci¨®n de condenados por quebrantar la confianza de los ciudadanos.

Una nueva regulaci¨®n es la ¨²nica forma de acabar con la injerencia legal del Ejecutivo en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos o torturadores.