La partida de la porra

La publicaci¨®n de informes an¨®nimos por parte de algunos polic¨ªas respecto a delitos y pr¨¢cticas de corrupci¨®n llevadas a cabo supuestamente por pol¨ªticos nacionalistas enlod¨® la campa?a electoral de los recientes comicios en Catalu?a. El hecho de que los informes no estuvieran firmados por nadie, aunque lucieran un sello oficial de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF); la aclaraci¨®n de los jueces encargados de instruir las causas de referencia (casos Palau e ITV), en el sentido de que ellos no hab¨ªan encargado dichas investigaciones y de que no se incorporar¨¢n a la instrucci¨®n; la agitaci¨®n orquestada por parte de la prensa de la caverna (v¨¦anse las ediciones de La Gaceta y El Mundo de ayer), y la irrupci¨®n extempor¨¢nea del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP) pronunci¨¢ndose al respecto, permiten suponer, entre otras cosas, que el control de los cuerpos de seguridad por parte de los responsables pol¨ªticos es en gran medida inexistente. O lo que ser¨ªa peor: que es absoluto y se emplea con fines partidistas, sin respeto al ordenamiento legal y con desprecio al amparo judicial efectivo que la Constituci¨®n garantiza a todo ciudadano.

Este peri¨®dico ha publicado en d¨ªas pasados un resumen de cinco documentos policiales an¨®nimos que denuncian presuntas corrupciones de la familia Pujol y del actual presidente de la Generalitat. Ni uno solo de esos documentos, que constituyen una amalgama curiosa entre datos ciertos y conocidos, pertenecientes a antiguos sumarios, otros relativos a los dos casos ya citados, y numerosas especulaciones sin prueba documental, ha sido avalado por autoridad judicial o pol¨ªtica alguna. Pero el Sindicato Unificado de Polic¨ªa, en una nota respuesta a las informaciones publicadas por EL PA?S, ha salido en defensa de la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial, so peligro, seg¨²n los sindicalistas, de que aumente considerablemente el n¨²mero de delitos.

Sin legitimidad

Sorprende la asiduidad con que portavoces del SUP aparecen en los medios de comunicaci¨®n informando sobre el desarrollo de operaciones e investigaciones de sus miembros. Los dirigentes del sindicato no tienen legitimaci¨®n para convertirse en portavoces policiales, ni mucho menos para polemizar con la opini¨®n p¨²blica sobre cuestiones sometidas a la instrucci¨®n judicial. Ante el silencio ominoso del director general del cuerpo, el protagonismo de quienes defienden solo intereses gremiales a la hora de pronunciarse sobre cuestiones que afectan a los derechos y garant¨ªas constitucionales de los ciudadanos resultar¨ªa chusco si no generara una considerable alarma social. La que corresponde al hecho palpable de que existen fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de las que ninguna autoridad sale fiadora.

La hilarante informaci¨®n que la misma prensa cavern¨ªcola, con sospechosa coincidencia en sus datos, publicaba ayer en el sentido de que lo difundido por EL PA?S estaba inspirado por la relaci¨®n comercial de su editora con una empresa presidida por Oleguer Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, ilustra bien a las claras sobre las calidades profesionales y el alineamiento con la extrema derecha del peri¨®dico propiedad de la editorial italiana Rizzoli.

La informaci¨®n respecto a la venta de inmuebles de PRISA a la empresa Longshore fue comunicada en su d¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores y no se necesita que Mortadelo y Filem¨®n investiguen nada al respecto. El grupo PRISA public¨® adem¨¢s una nota de prensa hace m¨¢s de cuatro a?os (julio de 2008) en la que informaba de las transacciones y se?alaba que hab¨ªan supuesto unas plusval¨ªas de 227 millones, que iban a ser destinadas a la amortizaci¨®n de la deuda. Los intentos de relacionar la l¨ªnea editorial de un diario con la militancia pol¨ªtica de su casero quedar¨¢n, por lo dem¨¢s, inscritos con todos los honores en la antolog¨ªa de las filtraciones chapuceras.

Corrupci¨®n

La corrupci¨®n pol¨ªtica es un hecho que ha adquirido una gravedad inusitada en los ¨²ltimos a?os y es de reconocer la brillante actividad de jueces y fiscales a la hora de perseguir a estos delincuentes de cuello blanco que se pretend¨ªan impunes por ejercer el poder. Desde el antiguo presidente de Baleares y exministro del Gobierno de Aznar, Jaume Matas, al yerno del jefe del Estado, una variedad de personajes de todos los colores y militancias pol¨ªticas viene calentando el banquillo de los acusados, imputados como est¨¢n de graves delitos econ¨®micos.

No es el partido del Gobierno el m¨¢s capacitado moralmente para impartir lecciones al respecto, y en cualquier caso debe dejarse a los tribunales esta tarea, en la que la acci¨®n policial es clave si se lleva a cabo con profesionalidad, respeto a la ley y toda clase de garant¨ªas procesales al respecto. Si las autoridades consideran que el presidente de la Generalitat o cualquier otro pol¨ªtico nacionalista son sospechosos de delitos, su obligaci¨®n es comunicarlo a la fiscal¨ªa. Por lo dem¨¢s deben poner orden en el Ministerio del Interior, impidiendo la difusi¨®n de informes fabulados de los que nadie se siente responsable, pero que difaman gravemente a las personas y agitan las pasiones pol¨ªticas en tema tan delicado y trascendente como el proceso secesionista que se est¨¢ viviendo en una comunidad de la relevancia de Catalu?a.

Para quienes defendemos la unidad de Espa?a desde un convencimiento racional y moderno, frente a intentos independentistas que fragmentan la solidaridad entre los ciudadanos, es desesperante contemplar la resurrecci¨®n del patrioterismo cavern¨ªcola. Este no solo amenaza con agravar las disensiones y debilitar a¨²n m¨¢s la cohesi¨®n territorial. Constituye en s¨ª un enemigo de la democracia al utilizar, como todo argumento ante los nacionalistas, el recurso a la partida de la porra. Pues en eso acaba convirti¨¦ndose cualquier polic¨ªa del mundo si no se somete a la ley.